Por: Gilberto Escobar
Sebastiana Pablo Hernández se encuentra en prisión desde el 6 de octubre del año pasado, acusada por Florencio Carrascoza Gámez alcalde de Joyabaj, Quiché y por el Ministerio Público de incendio agravado, sedición y robo agravado, durante una jornada de protestas de la población en contra de las disposiciones municipales de Carrascoza Gámez en agosto del 2020, al que señalaron de corrupción y falta de apoyo durante la pandemia de coronavirus, luego de cuatro meses de confinamiento.
Autoridades ancestrales, organizaciones de mujeres indígenas, de defensores y defensoras de derechos humanos pidieron hoy que se garantice un proceso objetivo y con pertinencia cultural que permita a Pablo Hernández el respeto de sus derechos constitucionales debido a que consideran que la jueza Susy Pérez a cargo del caso no lo ha cumplido, razón por la cual hoy se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Santa Cruz del Quiché por falta de objetividad en el caso Joyabaj, específicamente porque estaría cometiendo prevaricato y discriminación.
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