Por Regina Pérez
Familias poqomames se enfrentan legalmente contra la Universidad de San Carlos (USAC) en una disputa por la titularidad de parcelas ubicadas en la finca Medio Monte, en el municipio de Palín, Escuintla, en un proceso que inició en marzo de 2018 con la ocupación de los terrenos y por el que actualmente hay un proceso legal para la recuperación de las tierras, así como una demanda contra uno de sus líderes, a quien acusan de usurpación agravada.
Los terrenos en la finca Medio Monte actualmente son usados por estudiantes de la Universidad para la producción pecuaria y fueron ocupadas en marzo de 2018. Desde ese año las familias iniciaron un proceso para recuperar las tierras ancestrales que ellos aseguran les fueron arrebatadas. Los terrenos que tiene la Usac en la finca Medio Monte son solo una pequeña porción de las 15 caballerías que intentan recuperar, pero en ese intento queda un largo camino legal por recorrer.
En 2018, organizados por el entonces alcalde indígena, Gaspar Raguay Lobo, llamado por ellos “Tata Gaspar”, como una forma de respeto por su experiencia y conocimientos, decenas de familias residentes en Palín, Escuintla, uno de los enclaves de la etnia poqomam, se organizaron para ocupar tierras que estaban en uso y poder de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, que es usada para prácticas, capacitaciones de estudiantes de la USAC y proyectos de desarrollo social.
Tres meses después esa casa de estudios emprendió una batalla legal en contra de las familias y acusó a Raguay de usurpación agravada; el proceso penal en su contra continúa.
“Tata Gaspar” indica que tuvo la confianza de organizar a los poqomames de Palín porque conocía la historia del origen de las tierras y tiene los documentos que prueban que las tierras les pertenecen.
“No estamos invadiendo terrenos sino que los estamos recuperando”, dice en una entrevista en la comunidad San José Palín, ubicada en la finca Medio Monte, en el kilómetro 48, ruta a Palín, Escuintla, parte de la propiedad que tomaron en 2018.
Aunque un juez no ha determinado a quien le pertenecen las tierras, si a la USAC o a la población poqomam, unas 30 familias están asentadas en el lugar y otras más llegan a cultivar la tierra, aunque no residen en el lugar.
Raguay, que es una de las personas más longevas y respetadas de su comunidad, dice que conoce la historia de la población y eso le sirvió para investigar el origen de las tierras. En esa investigación que emprendió por su cuenta afirma que tuvo que acudir al Archivo de Centroamérica y al Registro de la Propiedad de Inmuebles donde encontró documentos que respaldan su reclamo. En esos documentos, dice, no aparece la USAC como propietaria, solo el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Con el respaldo de los documentos empezó a organizar a sus vecinos. Primero fueron 15, luego 100 y 200 personas las que llegaban a las reuniones. Animados por la perspectiva de recuperar sus tierras conformaron una Comisión. “Cuando vi que había más gente comencé a trabajar con más ganas…”, la gente estuvo de acuerdo en ir a ocupar los terrenos, comenta. “Vamos dijeron, ‘tenemos necesidad’”.
“Tata Gaspar” indica que poco tiempo después de ocupar las tierras acudieron a una mesa de diálogo pero al mismo tiempo se inició un proceso legal en su contra. A pesar de tener una demanda en su contra por parte de la USAC, señala “seguimos adelante porque estamos en pie de lucha”.
Nos acusan de invasores y usurpadores
Vilma López Lobo, del Comité San José electo en noviembre de 2018 para apoyar la recuperación de las tierras, cuenta que la recuperación de sus terrenos ha sido un proceso largo porque desde que llegaron al lugar se criminalizó a Raguay Lobo como usurpador.
Tras esa demanda, López indica que buscaron una solución para desligarlo de esa acusación y tener la certeza de que esas tierras son palinecas y que les pertenecían a sus antepasados.
Por ello acudieron con el abogado Juan Carlos Peláez, experto en defensa de derechos de los pueblos indígenas, quien hizo un estudio para probar que las caballerías pertenecían al pueblo poqomam.
La integrante del Comité indica que las tierras habían sido abandonadas por años. “Cuando nosotros tomamos las tierras venían gente de Escuintla, de acá debajo de San Luis, otros aquí de Medio Monte, que cultivaban milpa, frijol, para eso daban arrendamiento el terreno”.
Para López Lobo, las tierras que disputan son ancestrales “son de nuestros abuelos y es por eso que nosotros nos involucramos en su recuperación, porque nos pertenecen a nosotros”.
“Digo de nosotros porque el estudio que nos ha hecho el abogado demuestra que son ancestrales. Y por qué las pelean si durante años atrás nunca le dieron uso. Estas tierras estaban abandonadas, y por eso fue que con la ayuda del compañero Gaspar Raguay, que en el 2017 pertenecía a la alcaldía indígena, la gente palineca se motivó a luchar por sus tierras”.
La lideresa narra que mucha gente que no es palineca estaba usando las tierras “y no se les dice nada, y por qué a nosotros que somos dueños nos están acusando de invasores y usurpadores”.
López indica que tras mesas de diálogo con la USAC no se ha llegado a un acuerdo.
Sobrepoblación fue un factor para ocupar tierras
Las familias que tomaron las tierras residían en Palín, Escuintla, pero aducen que por la sobrepoblación y por la falta de terrenos tomaron esa decisión.
López señala que Raguay es un buen líder, tiene experiencia y conoce la historia de estas tierras. “En sus manos estaba la escritura, la madre de estos terrenos, es por eso que él sin miedo, motivó a la gente y nos trajo para acá, porque él decía y lo sigue sosteniendo de que estas tierras son palinecas”.
Actualmente, unas 30 familias residen en la comunidad San José. No cuentan con servicios básicos de salud, excepto energía eléctrica. Sin embargo están proyectando introducir agua potable, mejoramiento de calles y drenajes, por eso se están organizando para tener la certeza jurídica de esas tierras.
Dos procesos: penal y de recuperación de tierras
El abogado Juan Carlos Peláez, que asesora a las familias, señala que en este caso hay dos procesos que se siguen: uno es el proceso penal por la denuncia interpuesta contra el señor Raguay; y el otro, el de la recuperación de las tierras.
El 21 diciembre de 2020 se presentó un amparo por las tierras ante la Sala Segunda del Ramo Civil, contra el Registrador de la Propiedad. En opinión de Peláez, esta Sala se caracteriza por ser férrea defensora de la propiedad privada.
Una vez presentado el amparo, al día siguiente solicitó una cuestión de prejudicialidad, una forma jurídica por la cual se suspende un proceso, en este caso la persecución penal, mientras se aclara otro asunto pendiente, en este caso el amparo presentado en contra del Registrador.
“A la comunidad le están diciendo, usted es usurpadora, el título que poseen es falso. Mientras se resuelve esa cuestión de la propiedad de la tierra, no hay delito de usurpación”, comenta.
El abogado explica que la lucha de los pueblos indígenas son círculos concéntricos. “Los pueblos tienen un corazón y es el título de la tierra. Aparte está un título alrededor, donde ya entra el Estado, a través del Registro de la Propiedad, otorgando derechos que no le corresponde, porque hay un título, ese círculo del Registro es lo que denunciamos”.
“A la Universidad le dieron papeles robados”, indica.
Lo que buscan con el amparo es que se cancele el número de finca, folio y libro y que todas estas tierras se restituyan al pueblo maya poqomam. Como primer paso: 15 caballerías, pero hay más.
De acuerdo con el abogado, la historia de los pueblos indígenas que está en archivos la han desaparecido, así es el caso de Palín en que muchos documentos ya no existen. Pese a ello, en este caso, no se pensó que la comunidad sí tenía los papeles.
USAC continuará proceso legal “la ley va a decidir”
El decano de la Facultad de Veterinaria, Gustavo Enrique Taracena Gil, quien también es presidente de la Comisión de Tierras del Consejo Superior Universitario (CSU), explica que la finca tiene una escritura en la que consta que fue donada para la Facultad y que hasta hace unos años no habían tenido ningún problema.
De acuerdo con Taracena Gil, el grupo que reclama la tierra y sus derechos ancestrales lo hace “sin ningún papel que lo respalde”.
Sobre el derecho ancestral opina: “yo puedo decir que tengo un derecho ancestral del campus universitario y venir a poner una champa pero eso no es legal, ellos invadieron un área de la finca, se hizo una denuncia al Ministerio Público y ahí fue donde inició el proceso”.
Según el decano son dos áreas de la finca Medio Monte, que tiene 1.5 caballerías las que están ocupadas.
Incluso comentó que como el proceso de la Fiscalía de Escuintla y de Palín no avanzaba de manera rápida, el rector de la Universidad, Murphy Paiz, fue a hablar con la Fiscal General, para comentarle que el proceso marchaba muy lento.
El caso comenzó a avanzar porque hubo un poco de presión por parte de la Fiscal y se realizaron tres mesas de diálogo en las que participó el Fondo de Tierras, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Universidad, el MP y las familias.
Según Taracena Gil, en estas mesas de diálogo se les ofreció ayuda para conseguirles tierra por medio del Fondo de Tierras “pero se empecinan de que son tierras de sus antepasados, el proceso siguió legalmente”.
Además, tanto a la Universidad como a las familias poqomames se les pidió un estudio ancestral sobre el origen de las tierras. “Presentamos un estudio completamente documentado por parte de la Escuela de Historia, con documentos del Archivo General de Guatemala, donde está toda la historia de la finca donde se muestra que la finca fue donada a la Universidad. Ellos no presentan ningún papel”, argumenta.
Sobre el título que está en poder de las familias, sobre el cual basan su reclamo, Taracena Gil indicó: “Aparte es un documento legal y aparte es un documento histórico, yo le estoy hablando de documentos legales, ellos no tienen una escritura de que ellos pertenecen a la Universidad, tiene un documento histórico que es como que fuera un libro de historia, pero eso legalmente no es válido…manuscrito le llamo a eso que tienen, ni siquiera se lee bien lo que está escrito ahí, pero no tiene ninguna legalidad”.
Según el decano, sobre este caso “la ley va a decidir” y que la postura de la Universidad es seguir el proceso legal como lo manda la ley pero que las familias siguen cometiendo el delito de invasión. “Si ellos quieren ir a pelear a los juzgados, pues van a pelear a un juzgado pero tienen que salir de ahí (de la finca)”.
Nuestra postura es apegarnos a la ley y la ley nos da el derecho de una escritura donde dice que eso les pertenece a la Universidad, señala.
A decir de Taracena Gil, se le ataca a la USAC diciendo que su objetivo es social e indica “nuestros objetivos son educar a la gente, no regalarle tierra a la gente, eso es parte del gobierno”.
Se han recuperado 7500 caballerías
De acuerdo con información proporcionada por Peláez, en ocho años de litigio, se han recuperado 7500 caballerías de tierra, unas 315 mil hectáreas, a favor de los pueblos indígenas.
Esto en Chuarrancho, en el departamento de Guatemala, Sierra Santa Cruz, en Izabal, en Nebaj, en Quiché, El Sillar y Morola, en Camotán, entre otros.
El abogado señala que el primero en irrespetar la propiedad privada comunal es el Estado.
Si ellos piden que se respete la propiedad, entonces deben respetar la de los pueblos indígenas. Al final de cuentas es el racismo el que impera, que es imposible que el indio sea dueño, indicó.
