Por Nelton Rivera / publicado en desinformémonos.org
Decenas de militares, agentes antidisturbios y policías fueron dispuestos por el presidente Alejandro Giammattei para detener en la frontera con Honduras el avance de la primera caravana migrante del 2021, proveniente de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante, ubicada 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Asimismo, el presidente Giammattei decretó el estado de prevención para restringir las garantías ciudadanas en siete departamentos del país.
Durante cuatro días de ocupar varias carreteras con retenes y puestos migratorios, el ejército y policía tuvo como único objetivo detener a toda costa el paso de unas 9 mil personas que formaban parte de la caravana.
En el kilómetro 177 del lugar conocido como Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, el Gobierno hizo uso de la fuerza para hacerlos retroceder. El lugar fue el escenario para todo tipo de atropello.
El domingo 17 de enero hicieron uso de la presión psicológica, del hambre y de las condiciones inclementes de estar a la intemperie en un lugar desconocido. Comenzaron los empujones, golpes, garrotazos. Las redes sociales se llenaron de fotos de personas de nacionalidad hondureña conducidas en las palanganas de las radiopatrullas policiales. Los hechos fueron transmitidos en vivo y registrados por la prensa.
Tres oficiales con megáfono en mano dieron el ultimátum para que se dieran la vuelta y se regresaran a la frontera. Al término de 10 minutos dieron la orden y comenzó el desalojo de la caravana. De nada sirvió el rezo multitudinario pidiendo que les dejaran el paso libre, ni las banderas blancas al frente de la multitud.
Minutos antes del desalojo, Reyna Manuel auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intentó concientizar con un megáfono a unas 6 mil personas, pidiéndoles que obedecieran las órdenes de los oficiales ahí presentes para devolverse a Honduras.
Ese mismo día por la noche los ministerios de Defensa y Gobernación movilizaron más tropa y más agentes policiales. Instalaron el lunes 18 de enero un nuevo cerco en la carretera de Río Hondo Zacapa, a 42 kilómetros de Vado Hondo, en dónde miles de migrantes permanecían a la espera de lograr pasar.
Agentes antidisturbios dando golpes sobre la fibra de vidrio de los escudos con los que se protegían, golpes con la suela de la bota en el asfalto y los empujones llegaron de nuevo. Hubo heridos que fueron atendidos sobre la carretera por bomberos, Cruz Roja Internacional y algunos particulares, varias familias se separaron, todos fueron dispersados por la fuerza.
Esta vez no dieron tregua ni respiro, los migrantes perseguidos a lo largo de un buen tramo carretero, corrían en medio de los camiones y automóviles que quedaron varados sobre la ruta. A otros los persiguieron entre el monte y en la montaña. Ese sería el capítulo final de esta caravana.
Las leyes que son letra muerta en Guatemala
Guatemala tiene un código migratorio, que garantiza el derecho a migrar (Artículo 1), de no retorno de una persona migrante, su derecho a migrar y a no ser discriminado (artículo 10). La niñez y la juventud no puede ser deportada (Artículo 11).
Este código busca proteger a las personas migrantes contra la violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 12), incluso permite la protección de las personas en busca de refugio (Artículos 43), asilo político y asistencia humanitaria (Artículos 44 y 45). Después de lo ocurrido el 18 de enero el código se quedó en letra muerta.
Por la pandemia y con el aumento en el país de los casos positivos de covid-19, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) publicó un protocolo de actuación de la fuerza pública, no para la protección y contención de la pandemia, si no para realizar desalojo en manifestaciones. Las medidas sanitarias son irrisorias, cada agente de la PNC o militar debía usar mascarillas KN-95, no de otro tipo, alcohol en gel y guardar el distanciamiento social.
Nadie en Vado Hondo tuvo tiempo de acatar las disposiciones del protocolo para contrarrestar la pandemia, las autoridades por reprimir; y las personas migrantes obligadas por el cierre de la carretera que provocó que se concentraran sin ninguna medida sanitaria. 6 mil migrantes de un lado y unos 2 mil militares y policías del otro. Según los datos oficiales de Migración fueron deportadas 3 mil 459 personas hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses en menor cantidad. El costo del desalojo no ha sido presentado por las autoridades de los ministerios de Gobernación y Defensa.
El director de Migración, Guillermo Díaz, afirmó que organizaron la coordinación interinstitucional con las autoridades de Honduras, México y los Estados Unidos en el operativo para detener el avance de la caravana.
El Gobierno de Guatemala apostó por usar la violencia contra la caravana de migrantes, obviando la protección de personas frente a una crisis política y económica que se agudiza en Honduras y Guatemala. Los daños y consecuencias de la pandemia, que aún no termina, el impacto de las tormentas tropicales, la cooptación de los estados por grupos o elites económicas y criminales y la falta de oportunidades, son algunas de las razones principales para la organización de caravanas.
De lo ocurrido contra la caravana el Ministerio Público (MP) sigue sin investigar lo ocurrido. El mismo Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, visitó la región el 19 de enero y, también visitó la frontera el Florido para constatar las condiciones de las miles de personas migrantes.
Algunas de las personas de la caravana denunciaron a personas infiltradas. El mismo director de Migración lo confirmó en un video difundido por esta institución el 17 de enero: “infiltramos la caravana e hicimos inteligencia”. Mientras era desalojada la caravana, la embajada de los Estados Unidos en Guatemala por su parte publicó mensajes a través de su cuenta de Twitter: “#EEUU no está recibiendo peticiones de asilo. Los migrantes irregulares serán retornados inmediatamente a su país de origen. #UnViajeEnVano”.
El medio de comunicación La Jornada de México publicó desde el 16 de enero, que en el otro extremo de Guatemala, rumbo al norte las distintas fronteras con México, especialmente en el río Suchiate en Tecún Umán y en San Cristóbal de las Casas los territorios se mantienen militarizados. La Guardia Nacional mejicana fue convertida en el otro muro humano antimigratorio. Tal parece que la represión seguirá siendo la receta para atender la crisis humanitaria en Honduras y Guatemala como tercer país seguro para los Estados Unidos.
Luego de que el gobierno de Guatemala desarticulara la primera caravana de 2021 proveniente de Honduras, en el estado de Chiapas las autoridades de Migración, Ejército, Marina y la Guardia Nacional resguardan la frontera sur del territorio mexicano.
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 19, 2021
Fotos: Isabel Mateos pic.twitter.com/Buu6IxQcN5
