Créditos: Guatemala periodismo bajo ataque

Por Lourdes Álvarez, Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera

Imaginar, pensar y decir son acciones cotidianas y a veces hasta espontáneas que las personas realizan, razón por lo que resulta casi imposible considerar que en algún momento alguien pueda tener el poder de restringir la capacidad de usarlas; pero eso está pasando en Guatemala, que cada día muestra graves retrocesos en el cumplimiento de las garantías constitucionales para su población en general y en particular para sectores que invocan sus derechos humanos como la libertad de expresión, de información y libre emisión del pensamiento.

El ejercicio periodístico en Guatemala se encuentra en uno de los momentos más críticos en el que la violencia y agresiones se manifiestan de diferentes maneras desde las restricción a las fuentes de información, agresiones físicas y psicológicas, persecución penal y asesinatos. Las y los responsables de las violencias y las restricciones están identificados, son autoridades y funcionarios públicos, empresas nacionales y transnacionales y grupos de poderes locales.

Creemos importante trazar dos momentos para analizar las agresiones contra la prensa, el primero comprende de enero a la primera quincena del mes de marzo, y el segundo con la pandemia durante el resto de año, período en dónde se incrementaron las agresiones.

En lo que va del año han ocurrido 132 agresiones contra periodistas a nivel nacional, según datos monitoreados en el Proyecto de investigación “Libertad de expresión de la Agencia de Noticias km 169” de las cuales la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP) registró 116 delitos, en base a las denuncias recibidas, la Asociación de Periodistas de Guatemala -APG- a través de su observatorio documentó 124.1 La Defensoría para personas defensoras y periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) detalla en su base de datos 117 agresiones. Ruth Del Valle quien dirige esta instancia, afirma que hay denuncias en las que se pide una intervención para poder resolver algún conflicto que afecte a un o una periodista, y otras que se considera que hay uno a más delitos, que son las que se trasladan de oficio al MP.

Estas 132 agresiones fueron vividas al menos por 147 periodistas estuvieron expuestos a una o más agresiones. Al analizar la información durante los once meses, 58 de las agresiones ocurrieron en contra de periodistas indígenas, de las cuales 14 fue contra mujeres. Las otras 62 ocurrieron en la ciudad capital de Guatemala contra periodistas mestizos, de las cuales 30 fueron contra mujeres. Las 12 agresiones restantes fueron por denuncias anónimas. Del total de agresiones 45 fueron grupales.

En su informe anual la APG hace la relación de los primeros nueve meses del gobierno de Alejandro Giammattei Falla, y describe cómo estos han superado significativamente las estadísticas de los primeros años de los dos gobiernos anteriores, de Jimmy Morales Cabrera (63 casos) y Otto Pérez Molina (45 casos).

Para el MP, de los 116 delitos cometidos contra periodistas, en el mes de marzo se denunció el asesinato del periodista Bryan Leonel Guerra en Chiquimula. En noviembre fue denunciado un segundo asesinato en Escuintla, se trata del periodista Mario Arturo Ortega García, ambos delitos están siendo investigados. La Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras, afirmó que la nueva Fiscalía de Delitos Contra Periodistas sería fortalecida durante su gestión.

Delitos invisibles: acoso sexual y racismo

Celeste Mayorga directora del medio feminista Ruda afirma que “el tema de acoso sexual y acoso sexual contra periodistas mujeres no se ha abordado completamente, el tema esta sobre la mesa, se dice, pero no hay mecanismos para abordarlo, sea este un tema general de acoso dentro de las organizaciones sociales, movimientos, un medio de comunicación o lo que sea. Pero sobre todo desde la investigación y el periodismo, ejemplo de abordaje es lo que hacemos desde Ruda, lo preocupante es que no existen recursos económicos para hacerlo y no se tiene la forma legal que proteja a las periodistas a la hora de denunciarlo, esto te vulnera sobre todo si sos mujer a que te criminalicen, sobre todo los hombres que tienen el poder dentro de los mismos espacios, medios, movimientos u organizaciones, a la hora de denunciar un caso de acoso.

No hay acompañamiento para las mujeres o las periodistas que están sufriendo casos de acoso, porque nadie sabe como tratar el acoso de ninguna forma, tampoco se sabe abordar la violencia o la violencia sexual. Las personas en algunos espacios no tienen las herramientas de como acompañarlo más allá de lo legal, no hay formas, medidas y gente que este preparada para llevar este tema y uno de los riesgos constantes es la revictimización. En conclusión no hay mecanismos que aborden de fondo el acoso sexual, que lleva de fondo la violencia sexual estructural.” La revista Ruda que dirige Celeste, fue víctima de acoso en redes sociales y difamaciones por documentar denuncias de acoso sexual y por abordar el tema del derecho a las mujeres a decidir e interrumpir el embarazo.

Según la periodista Evelyn Blanck, existen otros tipos de delitos de los que nadie quiere hablar y mucho menos investigar, entre ellos el acoso sexual. “Son agresiones que principalmente sufren las periodistas mujeres y que está muy invisibilizado; desde Civitas hemos realizado algunas investigaciones que evidencian que un 90% de mujeres periodistas han sufrido acoso sexual no solo de las fuentes informativas con las que tienen relación, sino de sus propios colegas, compañeros y hasta jefes. Es una situación que es sumamente preocupante”, enfatizó.

En ese sentido, una periodista que prefirió guardar el anonimato, comentó que cuando denunció que en su fuente asignada para dar cobertura, estaba sufriendo acoso sexual por parte de algunos funcionarios públicos, su jefe de redacción prefirió cambiarla antes de entablar un proceso de denuncia y exposición del medio. “No conocía nada de la fuente a donde me mandaron y me sentí sola y hasta culpable porque no tenía el respaldo ni de mis propios jefes”, enfatizó la entrevistada.

Otra periodista que también omitió su nombre, indicó que durante la cobertura a la pandemia de covid-19, una de sus fuentes con un alto puesto gremial directivo en las ciencias de la salud con el que mantenía contacto por mensajes de WhatsApp le condicionó la entrega de datos para que antes le hablara de temas privados que no tenían ninguna relación con el trabajo. “Buenos días. Hoy vamos a sacar una nota con actualización… para que nos pueda confirmar datos por favor” escribió en un mensaje de texto la periodista y al que la fuente respondió: “Hola. Pero primero qué andaba haciendo en la UNAM”, en referencia a la fotografía de perfil que la periodista tenía en su red social.

La abogada Maya K’iche Jovita Tzul Tzul, acompaña el proceso penal por la detención arbitraria de la periodista indígena Norma Sancir en el 2014 durante una manifestación, ella enfatiza que “uno de los principales puntos sobre el sistema de justicia, es la descalificación de la labor de las periodistas a nivel comunitario, existe una negación expresa que el trabajo del periodista comunitario no puede catalogarse como periodismo porque no ejercen la profesión como periodistas profesionales, esto tiene su raíz en una posición evidentemente racista que desconoce el contexto social que se vive en el país, especialmente de todas aquellas personas que desde el periodismo aportan, especialmente las periodistas indígenas.

Esto se ha convertido en una constante en diversos espacios, se les exige una acreditación como periodistas y no se considera que el periodismo comunitario se ejerce la libertad de expresión que protege el Artículo 35 de la Constitución. Incluso la misma fiscalía de periodistas se genera la duda si pueden o no acompañar un caso, es o no es periodista, si estaba o no en el ejercicio periodístico en el momento que sufrió una agresión.

En el caso de las mujeres periodistas indígenas, existe una postura mucho mas acentuada, porque se tiene una percepción de cuales deben de ser sus roles, especialmente el trabajo de las mujeres y no se cree que ejerzan el periodismo. Por ejemplo en una audiencia recientemente uno de los abogados defensores de uno de los agresores, expresó ¿Qué hace una mujer que dice que es periodista en una manifestación, algo tendría que estar haciendo ahí?, ni debería de haber estado ahí. Ese tipo de visiones son las que hay que romper.”

Sobre la problemática general de acoso sexual, recientemente uno de los casos mediáticos emblemáticos pero que se dejó en manos de un comité interno de investigación fueron las denuncias públicas de cinco periodistas que trabajaban en Nómada, en contra del entonces director Martín Rodríguez Pellecer por acoso y abuso sexual a través de una publicación periodística de Catalina Ruiz Navarro en diciembre de 2019.

Martín Rodríguez Pellecer: “aliado” y acosador

Luego de una investigación administrativa realizada por Oxfam-Intermon -una ONG de cooperación internacional-, sobre las denuncias en contra de Rodríguez Pellecer, nueve de los periodistas que trabajaron en el medio publicaron un texto en dónde narran lo que ocurrió durante esta crisis, Nómada anunció su cierre definitivo el 15 de octubre de este año.

Ex-periodistas de nómada cuentan la verdad sobre el cierre del medio

En esa nota el grupo de periodistas narró todo el proceso de investigación que “duró más tiempo de lo esperado” y la designación de Gonzalo Marroquín como nuevo director, “desde que Marroquín se presentó, varias personas del equipo expresamos que era prioridad que Nómada cumpliera con su compromiso de darle seguimiento al caso contra el director anterior. Marroquín siempre sostuvo que cualquier publicación al respecto sería dañina para el medio. Además, resaltó su amistad de años con el anterior director”, enfatizaron las y los periodistas que añadieron que a partir de ese momento se percataron de un proceso de censura interna en publicaciones periodísticas que no habían ocurrido antes.

Señalan que “en varias ocasiones Gonzalo Marroquín restó credibilidad a la investigación, asegurando que eran testimonios de pocas personas y que no se tomaron en cuenta pruebas que, según él, fueron presentadas por Rodríguez Pellecer”

Durante ese tiempo, en el que el equipo de periodistas recibió cuestionamientos, de manera particular y visible se dirigieron en forma de agresiones escritas en redes sociales para las mujeres periodistas de Nómada, desde diversos perfiles en su mayoría de hombres, que utilizaban palabras denigrantes, de burla y de amenaza, para poner en duda la credibilidad y la ética de ellas y su trabajo periodístico sobre casos de violencia contra las mujeres, abuso sexual y hasta corrupción.

¿Quiénes presentan las denuncias ante el MP?

Según el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (Sicomp) del total de denuncias recibidas de enero a diciembre de este año, en su mayoría fueron realizadas por periodistas hombres: 83 delitos fueron denunciadas por hombres y 30 fueron por mujeres, otras 3 personas quedaron consignadas como “no registrados”. Para el Sicomp, las edades de las personas que acudieron a denunciar, 34 oscilan entre los 20 y los 40 años, 20 entre 41 y 60 años; del resto de las 62 personas que tienen registro de denuncia el MP, no se conoce la edad, no se pudo confirmar si fue omisión voluntaria o esta no fue requerida por el fiscal que recibe la denuncia.

Otro dato que llama la atención en el MP, refiere a dos variables que no quedan claras en los datos solicitados o proporcionados al momento de la denuncia, el primero corresponde al “grupo étnico” según se consigna en los rangos de las casillas de información donde destacan: español, 16 personas; ladino, cinco personas y q’eqchi’ una persona, con una mayoría de 93 que fue anotada como “no registrada”.

Ese tipo de variables no permite reconocer el origen etnolingüístico de la población que recurre a las instituciones del Estado en búsqueda de justicia frente una agresión, el dato sobre “español y ladino” como categorías resulta gravemente confuso y tampoco revela si al momento de presentar la denuncia, se contaba con algún interprete que facilitara el proceso para el denunciante o si este tuvo la oportunidad de conocer cuál era el procedimiento que se seguiría para los avances o la resolución.

¿En la ciudad de Guatemala se cometen más delitos?

En los municipios departamentales las y los periodistas continúan siendo quienes están más expuestos a todo tipo de agresiones por la falta de presencia del Estado o por la cooptación de estas instituciones en lo local, estos son algunos de los factores que ponen en riesgo su protección para el trabajo periodístico y la libertad de expresión. La prensa en lo comunitario esta más expuesta cuando hace el trabajo de fiscalización del gasto público, de los alcaldes municipales, violación de derechos humanos, corrupción, despojo de bienes naturales o la presencia de megaproyectos, que aumentan sus riesgos. Este año en medio de la pandemia, la ciudad capital sobrepasó las agresiones a la prensa departamental.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Cámara de Radiodifusión de Guatemala de manera permanente mantienen una campaña publicitaria de odio contra las radios comunitarias, constantemente se les criminaliza como radios “piratas”, que promueven la “ingobernabilidad y la estabilidad del país”, en sintonía con el discurso del sector empresarial en contra defensores del territorio, DDHH, autoridades ancestrales y organizaciones populares, son las radios comunitarias en territorios indígenas las que más criminalizadas han sido.

En ese contexto adverso el Estado continúa negándose a la aprobación de un programa de protección para periodistas, que incluya de manera integral a todos los actores involucrados en la defensa de la libertad de expresión, no solamente de quienes trabajan en empresas de medios de comunicación corporativos o quienes tengan un título de periodista emitido por una universidad.

Ese nivel de desprotección se puede medir a través de la clasificación mundial de los países en dónde más se viola la libertad de expresión, Guatemala ocupa el puesto 116 de 180 países calificados, para Reporteros Sin Fronteras RSF entre los países en rojo por los riesgos y peligros de ejercer el periodismo.2

El periodista Luis Ovalle opina sobre los agravios que las y los periodistas viven a nivel nacional “una de las vulnerabilidades de la prensa departamental ha sido siempre que no tienen la atención que si la tienen en la capital, con Ileana Alamilla quien fuera directora de Cerigua3 fue una de las preocupaciones que compartimos siempre, por eso es importante hacer visible el trabajo del periodismo departamental. Especialmente la libertad de expresión en los departamentos, porque están en condiciones de alta vulnerabilidad, primero porque son más notorios en su trabajo.

Ellos y ellas deberían de ser aun más notorios a nivel de noticias, pero no ocurre eso. Entonces lo que percibimos es que en relación a la Gran Prensa y de lo mediático que es ahora, en casos como Sonny Figueroa, Marvín Del Cid, como otros compañeros en la capital, tienen la facilidad de colocarse en los medios, son más conocidos por esos mismos medios.

Por ejemplo el caso de José Zarco, el a nivel nacional e internacional trasciende mucho por ser una figura, eso genera más facilidad de protegerse en la ciudad.

Este año en relación a otros, las agresiones han sido muy parejas, han existido muchos casos de agresiones en lo departamental pero también a nivel de ciudades y en la ciudad capital, principalmente por los abusos registrados por la pandemia, restricciones, limitaciones a las coberturas y agresiones directas incluso de agentes de seguridad y de los funcionarios públicos que se han dado en los departamentos.

Es importante que los casos se les de atención a nivel internacional, y que se les de seguimiento en lo local, es importante darles seguimiento a cada caso, generar las alertas y los comunicados para hacer visible lo que ocurre con un o una periodista.”

El propio reporte del Sicomp respalda con datos esa tendencia, mientras el departamento de Guatemala se reportaron entre enero a diciembre 38 denuncias por delitos que afectaron a 45 periodistas, en el resto de departamentos del país se cometieron 78 delitos que afectaron a 100 periodistas más. De los delitos de mayor gravedad se ubica al departamento de Chiquimula, en dónde se reportó un asesinato y cinco denuncias por otros delitos; mientras que en Escuintla ocurrió el asesinato de otro periodista.

Asesinatos, criminalización y hasta implantación de municiones

Después de la firma de la Paz al finalizar la década de los 90 el modelo extractivo intensificó su presencia en el país, frente a la evidente concesión de licencias para la construcción de megaproyectos, la población tomó conciencia de los riesgos y peligros que corren las comunidades. De esa cuenta, en el año 2005 se realiza la primer consulta municipal, haciendo uso del Código Municipal en Río Zacapa, en la que de manera multitudinaria deciden rechazar la construcción de una hidroeléctrica en ese municipo. A partir de este momento se desencadeno todo un movimiento en defensa de los bienes naturales que se extendió a nivel nacional, se realizaron más de 100 consultas comunitarias hasta el 2020, utilizando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Código Municipal.

Frente a las distintas formas violentas con las que empresarios y Estado intentaron instalar sus proyectos, los pueblos mostraron distintas formas de organización y resistencia, las radios comunitarias y periodistas comunitarios juegan un papel fundamental en facilitar dichos procesos de consulta y en mostrar los agravios que viven los pueblos y comunidades, como esa formas de organización y defensa de lo colectivo. El Estado y las empresas a través de los medios corporativos, tienen instrumentos para instalar el discurso de odio y criminal sobre el periodismo comunitario, por su labor periodística y de investigación, uno de esos casos ocurrió en 2015 con la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ en Santa Eulalia, Huehuetenango.

El 1 de octubre de este año, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas informó que realizó un operativo con tres allanamiento en el municipio de Jocotán, Chiquimula, dónde se capturó a José Eliseo Ohajaca Álvaro, por el delito de obstaculización a la acción penal, debido a que no permitió que dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) realizaran una captura asociada al asesinato de un periodista en ese municipio, sin especificar en qué fecha.

Según la investigación de la fiscalía, el día 16 de febrero de 2018, en la calle principal del Barrio San Lorenzo del municipio de Jocotán, Ohajaca Álvaro habría impedido que los agentes policiales efectuarán la captura de una persona vinculada en el asesinato del comunicador social de quien no se proporcionó su nombre en un caso bajo reserva a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Chiquimula, según el departamento de comunicación social del MP.

Por otra parte, el atentado armado y asesinato de Mario Ortega, director del medio de comunicación San José Total, Canal 12 de Escuintla, quien por los múltiples impactos falleció la madrugada del 14 de noviembre. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que habría sido atacado.

Los periodistas comunitarios que documentan casos de corrupción, actividades de la industria extractiva y derechos humanos se pueden ver más expuestos a agresiones, ya que la impunidad que existe a nivel local es más profunda y porque hay más colusión entre funcionarios del Estado. Su situación se hace más grave, ya que la indiferencia de la opinión pública ante los ataques de la prensa a este nivel se combina con el cuestionamiento social hacia su oficio. La mirada dominante cuestiona si son o no periodistas, por el simple hecho de trabajar en provincia y ésta se acentúa con el racismo estructural, al considerar que los pueblos indígenas no pueden ser periodistas.

Francisco Lucas, maya q´anjob´al, originario de Barillas, fundador de Prensa Comunitaria, fue denunciado en el año 2012 por la empresa española Hidro Santa Cruz por distintos delitos, en mayo de ese año con un estado de sitio impuesto aumento la persecución penal en contra Francisco Lucas y contra quienes cuestionan la certeza jurídica de la construcción de una serie de hidroeléctricas sobre el río Q’amb’alam en propiedad de la transnacional española Ecoener Hidralia Energía.

Después del encarcelamiento, muchas personas y organizaciones sociales lucharon para que en el año 2016 se cerró el caso, y a finales de ese año la empresa se retiró en Barillas. Pero en diciembre de 2019, Francisco Lucas fue detenido en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, tres años después de haberse cerrado el caso. Este hecho Francisco Lucas lo califica como un acto criminalización ya que el caso estaba cerrado. “Desde mi punto de vista no hay proceso penal en mi contra más bien hay un proceso de criminalización y hay una persecución que las empresas y poderosos que usan el sistema judicial para callar quienes se atreven a denunciar las injusticias” afirma.

Similar situación vive el periodista maya q’eqchi’ Carlos Ernesto Choc quien tiene una persecución penal desde mayo de 2017 tras realizar cobertura de la contaminación del lago de Izabal y la protesta de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal. Situación que obligó al periodista desplazarse de El Estor durante más de un año hasta su audiencia de primera declaración donde se le otorgó una medida sustitutiva, a lo que califica como una forma de censura.

“El proceso penal en mi contra consiste en poder censurarnos o censurarme especialmente no poder realizar mi trabajo de investigación periodística, poder informar que es un derecho que tenemos, el derecho de la población de ser informada porque somos periodistas comunitarios e indígenas” comenta Carlos Choc.

Los periodistas afirman que en condiciones de violencia el ejercicio periodístico tendrá que superar muchos desafíos. “Para mí son varios los desafíos que uno tiene que enfrentar tanto legal, social y peligra la vida” afirma Francisco Lucas. Para el periodista Carlos Choc es superar la barrera de la criminalización. “La persecución penal y la criminalización es bastante fuerte uno de los desafíos pues romper eso, no callar, no ser censurados” indica.

El mismo contexto vive la periodista Anastasia Mejía originaria del municipio de Joyabaj, Quiché, quien fue denunciada por el alcalde municipal Florencio Carrascoza, señalada de dirigir a un grupo de vendedores que manifestó enfrente de la municipalidad la falta de atención a sus peticiones y acciones por la pandemia en agosto. Un mes después, la periodista fue detenida, su casa allanada y encarcelada en la penitenciaria para mujeres de la ciudad de Quetzaltenango, junto a ella se detuvo a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj Petrona Siy.

A la periodista se le negó la audiencia de primera declaración durante un mes, Mejía fue ligada a un proceso penal el 28 de octubre por los delitos sedición y atentado con agravación de la pena, esto a petición del fiscal del Ministerio Público (MP), Casimiro Hernández. El MP durante la audiencia se dedicó a demeritar el trabajo periodístico realizado por Mejía durante los incidentes en la municipalidad. Esa acción de los fiscales del Quiché fue repudiada por periodistas, organizaciones sociales y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). La periodista tiene restricciones para ejercer su labor por una orden de la jueza de primera instancia del Quiché, debe firmar un libro de actas y permanece bajo arresto domiciliario.

Otro de los casos emblemáticos de este año que incluyó implantación de pruebas falsas a Francisco Chox, un periodista comunitario y bombero de Nahualá, Sololá, que fue agredido y detenido mientras cubría un enfrentamiento entre comunitarios de los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá el 11 de junio, mientras ese departamento se encontraba bajo estado de sitio.

Durante la cobertura, Chox fue despojado de su equipo de trabajo y detenido por pobladores que lo entregaron a elementos del Ejército y luego a la Policía Nacional Civil (PNC). Chox pasó seis días en una prisión del departamento de Chimaltenango hasta que logró que un juez lo escuchara en su primera declaración.

La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala “Nim Ajpu”, logró que Chox quedara libre de los cargos de portación ilegal de municiones, luego de demostrar inconsistencias graves en la cadena de mando de la custodia de la evidencia que se presentó como prueba y la violación al derecho de información y libertad de prensa del periodista.

Las acciones de criminalización de las empresas transnacionales o funcionarios públicos como los alcaldes municipales, dejan un daño grande e irreparable en la vida de los y las periodistas comunitarios, donde el Estado es cómplice del dolor que sufren las familias. Podemos ver en cualquier acusación cómo se persigue a periodistas por ejercer el periodismo, la investigación y defender la libertad de expresión, utilizando el aparato judicial como método de intimidación, terror y violencia para callar las voces criticas y censurarlas.

Detención, censura y brutalidad policial en la ciudad

En la ciudad capital también se han registrado casos serios de agresiones, después de una serie de publicaciones asociadas a cuestionamientos directos contra el presidente Alejandro Giammattei y la unidad Centro de Gobierno, creada por el propio Giammattei y asignada a Miguel Martínez una de las personas de su máxima confianza y amigo personal.

Esto ocurrió contra el periodista Pavel Vega del medio de comunicación Plaza Pública, Marvin del Cid y Sonny Figueroa de Artículo 35 y Vox Populi, que incluyó la detención de Figueroa con uso excesivo de fuerza policial en un incidente ocurrido unos días después de publicar una serie de investigaciones periodísticas sobre éstos temas.

Después de cuestionamientos serios, Alejandro Giamattei anunció el 4 de diciembre, que el Centro de Gobierno sería cerrado, y el 23 de diciembre Martínez, presentó su informe a puerta cerrada y le negó el acceso a la prensa.

El 21 de noviembre, durante una jornada de manifestaciones ciudadanas en contra de la aprobación del Presupuesto Nacional 2021 por el Congreso de la República y por las acciones de opacidad en la ejecución y atención que el presidente Giammattei ha dado a los fondos públicos destinados para atender la emergencia de la pandemia y los fenómenos naturales, el periodista Carlos Sebastián fue brutalmente golpeado por un agente de seguridad.

Sebastián se encontraba documentando las detenciones que las fuerzas de seguridad realizaron ese día, cuando un agente del equipo antimotines le arrebató su cámara y la destruyó; en ese instante el fotoperiodista le cuestiona la acción y el agente arremete con excesiva violencia contra él, golpeándolo de manera severa en un costado de la cabeza.

Sebastián no ha brindado declaraciones de lo sucedido pero se encuentra de baja recuperándose en su casa y fueron necesarios 14 puntos de sutura para poder cerrar la herida provocada por el agente policial. Según el departamento de comunicación del MP de oficio se inició con una investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.

Durante las manifestaciones del 21 de noviembre contra la aprobación del presupuesto, también fue detenida de forma arbitraria Melissa Mencos cineasta y documentalista parte de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía – Agacine.

En las manifestaciones del 28 de noviembre también fueron agredidos al menos cinco periodistas. Un grupo de encapuchados agredieron e intimidaron a un grupo reporteros y camarógrafos de Guatevisión, el videasta Roberto Cabrera resultó también golpeado seriamente en la cabeza, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Óscar Rivas de Nuestro Diario también resultó herido y asistido por los bomberos. La periodista de la Revista Ruda fue golpeada con un tubo por un supuesto manifestante quien le dijo que era una “feminista infiltrada”.

Herramientas de investigación bajo la lupa

A partir de la información facilitada por la PDH, MP, APG y Prensa Comunitaria, durante el 2020, se registraron 22 agresiones en las que se limitó la cobertura que realizaban periodistas en distintos lugares del país, además de otros 23 casos de negación o restricción a la información pública, la mayoría de estos durante la pandemia. Como todo derecho tiene principio de progresividad, el acceso a la información no es la excepción. Es importante establecer cuatro momentos donde el derecho de acceso a la información se ha consolidado su impacto, dos instrumentos internacionales y dos de carácter nacional.

El abogado hondureño René Fernando Rodríguez Aceituno, escribió en un artículo de opinión en la Revista Derecho, en el que establece los dos instrumentos internacionales que eleva a derecho el acceso a la información pública. “El primer instrumento jurídico internacional que declaró el derecho de acceso a la información pública como un Derecho Humano, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19”. Rodríguez Aceituno también indica que el primer instrumento regional que reivindica este derecho es la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13.

En el caso guatemalteco el derecho a la información es de carácter nacional en el artículo 35 que se refiere a la libertad de expresión y la Ley de Acceso a la Información Pública aprobado en el año 2008 que establece mecanismos para que las instituciones públicas otorguen información que población y/o periodista solicite.

A pesar que existe un marco jurídico en el país sobre acceso a la información, no ha sido acatada por actores sociales, políticos y judiciales, lo que genera un clima de violencia, autocensura y censura para periodistas.

Este año, debido a las restricciones implementadas para la contención del coronavirus muchos periodistas hicieron uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para poder realizar su trabajo de investigación, pero además, también la población que se ha apropiado del ejercicio del derecho; Según Silvio Gramajo, docente e investigador experto en la temática, consideró que cada año existe un incremento en las solicitudes de acceso a la información pública y solo durante el 2019 se contabilizaron casi 87 mil solicitudes.

Según Gramajo esta tendencia creciente se puede rastrear desde los últimos cuatro años, con una “explosión de periodismo de investigación que se basa en la LAIP”, esto permite obtener insumos que luego se traducen en información para el ejercicio de la ciudadanía, que atraviesa otros derechos y libertades fundamentales para una democracia, además de la propia libertad de prensa y el ejercicio periodístico sin censura

Para el abogado Rafael Maldonado, “las reformas a la Ley de Acceso de Información Pública, son sumamente preocupantes, lo que esconden detrás de esta reforma es que pretenden limitar no solo el libre acceso a la información, sino una estrategia para detener lo útil de esta ley, para la constitución de prueba o para el establecimiento de casos estratégicos de violaciones a los derechos humanos o del cumplimiento al respeto de las leyes en el país.

Esta ley ha sido muy utilizada principalmente por grupos de la sociedad civil, para la fiscalización y auditoria social, se han encontrado muchos casos que han llevado específicamente al desarrollo de acciones penales, pero también a la presentación de acciones legales en el tema de licencias mineras y aprovechamiento de recursos naturales en el país.

Detrás de esta reforma esta limitar el acceso a la información y limitar la persecución penal de funcionarios públicos, responsables de violaciones a los derechos humanos por otorgamiento de licencias, permisos y otro tipo de actividades administrativas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

De la suspensión que llevo el tema de estas reformas, ves a personas obligadas que comenzaron a declarar información reservada la información que consideran estratégica, lo que hace la Portuaria Quetzal que limita el acceso para evitar la fiscalización ciudadana y el desarrollo de futuras acciones legales en contra de sujetos obligados, que en su mayoría son funcionarios públicos, pero sin olvidar que hay una mano criminal y escondida detrás que son las empresas extractivas y de otra naturaleza. El artículo 30 o 31 de esta ley establece que las empresas que aprovechan recursos del Estado son sujetos obligados, puede existir el intereses del sector empresarial de limitar el acceso a la información para continuar con las acciones ilegales.”

¿Quién debe velar por el cumplimiento de la LAIP?

Lilina Sierra en la Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) de la PDH que “tiene por objeto implementar y dar seguimiento a las decisiones, planes, programas, políticas y actividades adoptadas por la autoridad reguladora para promover el derecho de acceso a la información pública y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las disposiciones contenidas en la LAIP”, cada año deben elaborar un informe con todos los hallazgos y seguimiento a las más de 86 mil solicitudes al corte del 2019.

Sierra confirmó que este año hubo sujetos obligados que no entregaron informes sobre las solicitudes de información recibidas, sobre todo debido a la pandemia y sumado al cambio de autoridades por las elecciones generales del 2019, “eso generó muchos problemas, porque cambiaron a los encargados de las unidades, que tampoco sabían cómo dar seguimiento a las solicitudes y en general las unidades no sabían cómo funcionar, algunas incluso cerraron por un período”, detalló Sierra.

Sierra destacó como un aspecto positivo el Decreto 12-2020 del Congreso de la República durante la pandemia, donde se aclaraba que los plazos de las solicitudes no se podían detener durante la pandemia.

La Secai ha recibido en total unas 60 denuncias sobre incumplimiento de la LAIP y el procedimiento consiste en que “se pide un informe circunstanciado sobre el tema y se procede a declarar o no la violación al derecho en las procuradurías adjuntas, luego se envía a la Contraloría General de Cuentas o al MP para que procedan”, indicó Sierra.

En el caso del MP cuando ya va un proceso desde PDH se inicia una investigación de oficio que es bastante larga y que solo ha llegado a unas tres sentencias como máximo por año. A las personas que resultan implicadas se les acusa de la violación al derecho a la información y se les impone prisión conmutable, es decir que al pagar una multa logran arresto domiciliar y se les ordena a hacer una capacitación sobre LAIP en la PDH. “No resulta una medida efectiva”, lamentó Sierra.

Tanto Gramajo como Sierra coinciden en que es importante establecer mecanismos y aprendizajes efectivos que garanticen el cumplimiento del derecho a la información, además de procesos judiciales eficientes y acciones ejemplares de sanción que permitan erradicar la falta de transparencia.

“Una de las principales culturas institucionales urgentes de erradicar es la impunidad, porque los funcionarios te pueden agredir y amenazar y no pasa nada. El estado tiene que cumplir con su deber y se debe exigir que se cumpla. Como gremio periodístico no podemos andar haciendo acciones de defensa propia, eso le corresponde al Estado”, Concluyó Gramajo.

Pero lejos de impulsar y promover acciones que fortalezcan el derecho al acceso a la información, el 17 de noviembre trascendió que el diputado Alejandro de León, de la bancada Podemos presentó una serie de reformas sin el aporte del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, sectores interesados o la propia sociedad civil, para instaurar una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP) que desplazaría a la PDH y a la SECAI en sus mandatos actuales, sin tener claro el alcance y la forma en que se nombraría al titular encargado de esa nueva oficina, dejando la puerta abierta para procedimientos dudosos y cuestionables.

Todo parece indicar que la ciudadanía guatemalteca y sus expresiones organizadas deben prepararse muy bien para otro frente de batalla de que se avecina, ahora en defensa del derecho a conocer, informar y decir.

La ausencia de una organización gremial

Uno de los reclamos de periodistas en Guatemala es la ausencia de instancias gremiales que puede respaldar el trabajo informativo y los pocos que existen tienen requisitos excluyentes para afiliación. “Tiene que tener cinco años de experiencias en los medios de comunicación, el interesado tiene que presentar las cartas donde ha estado laborando y pagar las cuotas de ingreso y de mensualidad. Si es profesional el ingreso es más fácil; ya sea que tenga los años de experiencia o es profesional se necesita tres padrinos asociados que lo defenderá ante la comisión de ingreso” dice Miguel Ángel Albizures, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

A pesar de los requisitos de la APG, su presidente dice que una agresión y restricción a un periodista no tiene un trato diferenciado en la denuncia que se emite ya sea este o no afiliada. “No hay diferencia sino es necesario la condena a cualquier autoridad que veda el derecho a la información y el respeto a la libertad de expresión que mandata el artículo 35 de la Constitución” dice el presidente de la APG.

Según el periodista Carlos Choc Chub su relación con la APG a pesar de no ser parte ha sido estable a diferencia con el gremio departamental de Izabal, aunque esa relación surgió a partir de las agresiones que ha sufrido. “Es lamentable hasta que suceda una situación difícil con un periodista comunitario se pueda reconocer, pero también los integrantes y la directiva de la APG han cambiado, eso es a nivel nacional”.

Cualquier agravio deberá resolverse en tribunales extraordinarios

A pesar que la Constitución Política de la República protege la labor periodística, cada vez se ven más agresiones de funcionarios públicos contra periodistas, el Artículo 35 cita: “…No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos…” las acusaciones penales en contra Carlos Choc, Anastasia Mejía y Francisco Lucas han sido fabricas como una forma de castigo por su labor periodística.

Aunque el Artículo 35 establece parámetros para resolver la comisión de una falta o delito durante el ejercicio periodístico, la Ley de Emisión de Pensamiento, en su artículo 49 traza la ruta que cualquier persona al sentirse agraviado por una publicación pueda solicitar la conformación de un tribunal de imprenta, en el que se determinaría la responsabilidad de una o un periodista y no en otro tipo de juzgado.

La ley de emisión del pensamiento describe en su Artículo 49.- “Serán electos veintiún jurados para el departamento de Guatemala: siete por la Directiva del Colegio de Abogados, siete por el Colegio de Periodistas y siete por la Municipalidad de la capital. En la misma forma se elegirán nueve jurados en los demás departamentos en donde existen imprentas o radio-difusoras, correspondiendo la elección de tres de ellos a la Municipalidad de la cabecera departamental respectiva.”

Lo que hemos presenciado en los últimos tres años, con los casos mencionados, es la construcción de acusaciones penales para perseguir, castigar, censurar y encarcelar a las y los periodistas, por su labor. Juzgados como los de Izabal, Huehuetenango y Quiché han sido una muestra de como se vulnera la libertad de expresión y se aplica la persecución penal de igual manera a la prensa como a defensores de derechos humanos, lideres indígenas, autoridades comunitarias, etc.

La mirada hegemónica del periodismo, otra forma de exclusión

En Guatemala sigue existiendo una mirada hegemónica, de quien o quienes pueden ejercer el periodismo, excluyendo y discriminando a todas aquellas personas que no pudieron tener un nivel universitario en la carrera del periodismo. Esta exclusión a pesar que se conozca y aplique el método periodístico y se tenga experiencia en el ejercicio. Tal mirada se profundiza cuando se reafirma la idea que periodista es aquel o aquella que trabaja en un medio de comunicación corporativo.

El periodista Carlos Choc afirma que la relación entre las y los periodistas comunitarios y algunos que laboran en los medios comerciales no es la más cordial, porque se insiste en la profesionalización, condición que se dificulta por la precaria condición de escolaridad, el acceso a centros educativos o universidades, costo de la educación, además de las largas distancias a las cabeceras municipales y departamentales.

Esta lógica excluyente va en contra de la libertad de expresión y contra los principios de los derechos humanos, como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la Opinión Consultiva 5/85.

“…Por unanimidad que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”.

Los pueblos indígenas sin derecho a usos radiofónicos y televisión

En el marco de la conmemoración de los 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el Estado de Guatemala siguen en deuda con los pueblos indígenas, especialmente con uno de los catorce acuerdos, el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas -AIDIPI-, se garantizan los derechos culturales de los pueblos indígenas, su difusión, la transmisión de su cosmovisión, la promoción y uso de todos los idiomas maternos y sus formas propias de comunicación.4

A pesar de la existencia de este acuerdo, los pueblos indígenas mayas, xinkas y garífunas que forman el 40 por ciento de la población, según el Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadistica INE en 2018, son quienes tienen menos acceso a los medios de comunicación. Esto se reafirma con la ausencia de una ley sobre el uso de frecuencias radioeléctricas y televisión a favor de pueblos indígenas en el país, lo que ha desatado una serie de persecuciones contra las radios comunitarias, que van desde allanamientos, detenciones de comunicadores y comunicadores radialistas, acusaciones sobre el hurto de fluidos -delito que no existe en al código penal-.

Sumada la campaña masiva de desinformación que impulsa a diario la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en el denigra la defensa de derechos que se hace en las comunidades, especialmente el derecho a comunicar a través de la frecuencia radiofónica. En el país la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la entrega de las frecuencias de radio y televisión a través del proceso de subasta es ilegal, el gasto económico que implica subastar, excluye a los pueblos indígenas a poder tener acceso a frecuencias radiales.

Esto fue reafirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH: “… la Ley General de Telecomunicaciones establece la oferta financiera más alta como el único criterio para asignar frecuencias, sin tener en consideración que los pueblos carecen de recursos económicos y no se encuentran en igualdad de condiciones para competir por frecuencias de radio con medios de comunicación comerciales, lo cual generó una situación de desigualdad de facto. La Comisión concluyó que la normativa citada discriminó de forma indirecta a los cuatro pueblos del caso, al tiempo que vulneró los derechos de los integrantes de esos pueblos a fundar medios de comunicación y a expresar ideas, difundir información, y su cosmovisión cultural por “cualquier procedimiento a su elección”.5

En el año 2016, la discusión de la iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitarios quedó en segunda lectura y esta fue de nuevo engavetada, una iniciativa del 2009 que incluso en su primer dictamen perdió el espíritu de democratizar el campo radiofónico en el país, restringiendo y limitando a las radios a un espacio municipal de cobertura. A pesar de la discusión de esta ley desde hace muchos años, la persecución contra las radios comunitarias continúa, como ejemplo durante el estado de sitio impuesto en septiembre de 2019, se allanó la Radio Tz’ultaq’a en El Estor, Izabal.

La negación del Estado en asumir compromisos en dar acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación para “la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales” como lo establece el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Guatemala en 1996 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2007 y también los acuerdos interno como el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas de los Acuerdos de Paz.

El uso antidemocrático de la ley de orden público y la restricción de la libertad de expresión

Tras 20 años de intentar llegar a la presidencia, Giammattei inició su gobierno de manera autoritaria, dando continuidad a la política de mano dura de los gobiernos anteriores, con la implementación de una serie de estados de sitio desde sus primeros días de gobierno, haciendo uso de la ley de orden público. La incorporación de militares vinculados a la contrainsurgencia durante la guerra al Ministerio de Gobernación, refirma este tipo de políticas y acciones.

El Decreto 89-70, es una ley creada durante el régimen del general Enrique Peralta Azurdia, aprobada en el año de 1965 en un contexto de guerra, esto a raíz del surgimiento de la insurgencia cinco años antes y que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, esta ley debió de abolirse de la normativa guatemalteca pero no ocurrió así. Haciendo uso de esa misma ley, Giammattei pretende gobernar el país, el discurso del presidente ha girado alrededor de restringir las garantías constitucionales de la ciudadanía, bajo el pretexto del “combate a la delincuencia, las pandillas, narcotráfico y el crimen organizado”.

Si bien es cierto que los territorios afectados por la aplicación de los estados de sitio, hay presencia de estos grupos, las personas más afectadas han sido aquellas en los territorios en donde las comunidades de los pueblos originarios e indígenas y mestizos sostienen fuertes movilizaciones y organización comunitaria en defensa de los bienes naturales. Lo que ha quedado demostrado es que la “mano dura” ha impacto de forma directa en los lugares en donde existe un mayor rechazo a la instalación de los megaproyectos, el Gobierno ha justificado la aplicación de los estados de sitio por la “ingobernabilidad” en estos territorios y la supuesta presencia de grupos ilegales o narcotráfico.

Con esta ley el Gobierno restringe las principales garantizas constitucionales de la población, incluida la libertad de expresión de la ciudadanía, al mismo tiempo de la prensa. En el mes de agosto en plena pandemia, Giammattei decretó un nuevo Estado de Sitio y posteriormente de Prevención para tres municipios de Izabal y dos municipios de Alta Verapaz, a través del Decreto Gubernativo 16-2020. El 13 de agosto, el Gobierno se atribuye la posibilidad de disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública, además reafirma que podrá exigir a los medios de comunicación: “que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades.”

Para la socióloga e investigadora Mónica Mazariegos, “Lo que estamos viendo es que en el momento en que inicia la militarización es que surge un descontrol, no antes, y esos son los elementos en los que hay que pensar. Por ejemplo, es importante pensar en la idea de régimen y pensar en la idea de razón de Estado. Lo que estamos volviendo a vivir es lo mismo que los tiempos de las dictaduras, la narrativa delos delitos políticos, porque además el estado de sitio se basa en ello, y es el estado previo al estado de guerra.”

Los primeros tres meses del 2020

Entre 2019 y 2020 Guatemala transitó por una de las mayores crisis políticas, la expulsión de Iván Velásquez y posteriormente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sumada a la continua criminalización y persecución penal en contra de defensores del territorio y de DDHH en distintos lugares del país. Con varios intentos por destituir al Procurador de los Derechos Humanos y de una serie de antejuicios contra los magistrados del a Corte de Constitucionalidad CC. Crisis de la cual aún no se ha salido.

Previo a la llegada de la pandemia al país, se registraron 24 agresiones a periodistas, perpetradas por el Estado de Guatemala en su mayoría, en 15 de las agresiones hay participación de funcionarios de instituciones del estado, las amenazas fueron la principal agresión en este período (6 agresiones), seguidas por la negación o restricción al acceso a la información pública (3 agresiones), la obstrucción al ejercicio periodístico y las detenciones arbitrarias de periodistas (4 agresiones). Según la información proporcionada por el MP, PDH y APG.

El más grave de los casos se trata del ataque armado y asesinato del periodista Bryan Leonel Guerra, presentador de noticias en un medio de comunicación de Chiquimula, hecho ocurrido a finales de febrero. Y en menor cantidad fueron registradas once agresiones más: agresiones físicas, seguimiento, acoso sexual, difamación, agresiones verbales, la restricción de garantías constitucionales, retención, abuso de autoridad e intento de soborno.

Desde la primera semana en el poder, Giammattei cerró las puertas a la prensa independiente y alternativa, abiertamente se lanzó a criticar a todo aquel periodista que publique criticas contra su gobierno o miembros de su gabinete, especialmente en contra del director del Centro de Gobierno, todo esto inicia a tan solo cuatro días de asumir la presidencia en enero, dinámica que se extenderá todo el año.

En ese corto período -del 1 de enero al 13 de marzo- la mayoría de agresiones provienen de los Alcaldes Municipales y miembros de las Consejos Municipales, estos desde el Gobierno municipal acumularon la tasa más alta de casos denunciados previo a la pandemia (9 casos).

Luego les sigue cinco casos más en los que se responsabilizó a trabajadores del Ministerio Público (MP), funcionarios del Gobierno central, seguidos por las empresas hidroeléctricas, la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (S.A.A.S), y los últimos doce casos, que en menor cantidad fueron registrados agresiones a través de las redes sociales como Twitter, personas vinculadas al narcotráfico, grupos armados y otras en donde la población tiene responsabilidad.

El departamento de Guatemala acumuló la mayor cantidad de agresiones (12 casos en total), seguida por Quetzaltenango (2 casos), Quiché (2 casos), Huehuetenango, Chimaltenango, Chiquimula, Santa Rosa y Alta Verapaz con una sola agresión registrada por departamento, previo a la pandemia.

Los datos en rojo que arroja el período de pandemia

Giammattei a través del Consejo de Ministros emite el Decreto 5-2020 Estado de Calamidad Covid-19, este es ratificado por el Congreso de la República el 23 de marzo, diez días después de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) confirma el primero de los casos Covid-19 por importación al país. Inmediatamente fueron publicadas las disposiciones presidenciales que incluyeron el cierre de las fronteras, aeropuertos, el toque de queda limitando la circulación de la población.

Con la pandemia, el Gobierno decide centralizar y restringe la información pública, los primeros incidentes se producen con la vocera del Mspas, Ana Lucia Gudiel Zacarías. Un día después de anunciar el primero de los casos positivos, Giammattei advierte y cuestiona a una periodista del medio Soy502 por contradecir la información oficial del 13 de marzo. Las acciones del presidente en rechazo a la prensa que no es afín con su agenda se hicieron evidentes el 18 de marzo, luego de salir del Congreso de la República, en dónde lanzó un liquido en spray a la prensa, seguida de la frase “Spray anti periodistas”.

Estas acciones del presidente como autoridad del Gobierno, trasladan un mensaje de violencia hacia la prensa, mismo que fue replicado por distintos funcionarios públicos en todos los niveles, especialmente en las instituciones involucradas en la atención y contención de la pandemia, esto se reflejó con la denuncia colectiva el 2 de abril, realizada por distintas periodistas que participan en el chat oficial para informar sobre la pandemia.

Carlos Sandoval, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia y de Ana Lucia Gudiel, vocera del Mspas, restringen la participación de varias periodistas dentro de este chat oficial en WhatsApp, luego convierten este chat en un canal solo de difusión. Al mismo tiempo que Giammattei evita realizar conferencia de prensa y se presenta en cadena nacional.

En los departamentos reciben la línea restringir toda la información de la pandemia y dejan el traslado de información exclusivamente a nivel central, a tal punto que cualquier tipo de información los funcionarios se excusaban argumentando, que es el presidente quien informará en la cadena nacional de radio y televisión de cada domingo.

Los alcaldes municipales asumen la posición de restringir la información pública, incluidas las reuniones públicas de los Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Esta postura fue asumida por los gobernadores departamentales, directores de hospitales regionales, Centros de Salud o Centros de Atención Permanente (CAP) a nivel nacional.

El observatorio de la APG recopiló unas 124 agresiones a la prensa de enero a octubre, la PDH tiene un registro de 107, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del MP tiene un registro de 116 delitos cometidos en contra de periodistas y Prensa Comunitaria contabiliza 8 casos más ocurridos en noviembre y diciembre, para un total de 132 agresiones. De ese total, analizado las agresiones denunciadas podemos afirmar que fueron afectados unos 147 periodistas durante el año, algunos de ellos y ellas denunciaron más de una agresión o fueron parte de una agresión colectiva.

De manera sorpresiva, la Junta Directiva de Congreso de la República restringió la presencia de la prensa dentro del hemiciclo legislativo, durante la aprobación de los fondos millonarios para la pandemia. No se permitió que la prensa cubriera las sesiones parlamentarias en las que fueron aprobados dichos fondos destinados a la crisis de la covid-19. Frente a esta acción, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade realizó una acción de amparo en la CC, en contra de la Junta Directiva del Congreso, por violar la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico.

Varios periodistas y abogados presentaron un Amicus Curiae en la CC, para complementar el amparo del Procurador Rodas, el memorial fue presentado la mañana del 13 de abril. La acción hace un llamado de atención a las autoridades del Congreso, para que eviten restringir y faciliten la información necesaria a la prensa y con ello se pueda informar a la población durante la emergencia COVID-19. El 5 de mayo la CC respalda la acción del PDH, aceptando el recurso de manera provisional y señala que la Junta Directiva de Congreso violó la ley al restringir el acceso de la prensa a las sesiones parlamentarias. El 16 de noviembre la Corte de Constitucionalidad le otorga amparo en definitivo, y ordena al Congreso mantener las medidas que permitan el ingreso a periodistas y sus equipos técnicos de trabajo para que puedan cubrir de manera directa las sesiones de dicho organismo.

Los riesgos de la prensa durante el 2020

La mayoría de casos registrados en el país de enero a diciembre por distintos tipo de agresión, corresponde a 34 amenazas, seguidas por 26 intimidaciones, 24 agresiones físicas, 23 restricciones a la información pública, estas vinculadas en su mayoría a peticiones negadas sobre la información de la pandemia, 22 fueron limitaciones del ejercicio periodístico, 13 casos de difamación y 9 detenciones arbitrarias de periodistas, de los cuales ninguno sigue en prisión, pero tienen procesos penales abiertos.

En menor cantidad, aunque son casos muchos más graves, fueron registrados los asesinatos de dos periodistas, en igual cantidad de ataques armados, luego se registran una serie de ataques cibernéticos, retención durante la cobertura, denuncias penales, vigilancia, extorsión, censura, allanamiento, robo de equipo, restricciones durante toque de queda, seguimiento, agresiones verbales, acoso sexual, que todas juntas se acumulan para unas 40 agresiones de este tipo.

¿Quiénes pasaron por mas agresiones?

De la totalidad de las y los periodistas agredidos a nivel nacional, unos 147 registrados en 132 hechos denunciados según los datos facilitados por APG, PDH y Prensa Comunitaria, 58 de las denuncias corresponden a hombres y mujeres indígenas, de las cuales 44 fueron contra periodistas hombres y 14 de las denuncias fueron de periodistas mujeres.

En relación a periodistas mestizos, 62 de los casos fueron contra hombres y mujeres, 30 de las denuncias fueron realizadas por mujeres periodistas, 32 fueron por hombres, quedando 12 de los 132 hechos denunciados en 2020 sin poder confirmar. Este año las agresiones a la prensa en distintas ciudades, especialmente la capital de Guatemala fue más elevada que los periodistas departamentales, especialmente quienes se encuentran en distintas provincias de país.

De todos los casos registrados, 45 son agresiones que involucran la participación grupal de las y los periodistas, quiere decir que fueron hechos en los que más de un periodista se vio directamente afectado o afectada. Este análisis se hace en base a la información recabada a partir de la identidad, nombres y ubicación territorial.

¿Quiénes son los principales perpetradores de las agresiones?

Al analizar los datos recabados por APG, MP, PDH y Prensa Comunitaria, los principales perpetradores de las agresiones son trabajadores y funcionarios estatales, fueron identificados en 106 de las agresiones a periodistas durante el año.

A nivel de Gobierno, fueron los alcaldes municipales e integrantes de los Consejos Municipales, quienes acumulan la mayor cantidad de agresiones a (46 casos), seguidos por los agentes de la Policía Nacional Civil -PNC y fuerzas antimotines (17 casos), funcionarios del Gobierno Central (16 casos), el presidente Alejandro Giammattei (6 casos), el Congreso de la República (5 casos), fiscales del MP (4 casos), agentes de la SAAS y ejército (3 casos).

En menor cantidad fueron señalados los trabajadores del Organismo Judicial (OJ) y Gobernadores departamentales (2 casos), trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Mspas) y Sistema Penitenciario (1 caso).

¿Cuáles son los departamentos con mas agresiones a la prensa?

Las agresiones estuvieron presentes en 20 de los 21 departamentos del país, el departamento de Guatemala encabeza el listado de más agresiones a la prensa (47 casos), seguida por Quiché (19 casos), Quetzaltenango (10 casos), Huehuetenango (8 casos), Chimaltenango, Alta Verapaz y Sololá (5 casos cada uno), Sacatepéquez, Totonicapán e Izabal (4 casos cada uno), Escuintla, San Marcos, Jutiapa y Retalhuleu (2 casos cada uno) y los departamentos con menor cantidad de reportes están: Chiquimula, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Petén y Baja Verapaz (1 caso cada uno). Con información del MP, PDH, APG y Prensa Comunitaria.

Los netcenters retuercen la percepción de la realidad y favorecen la impunidad

La Cicig en mayo del 2019 realizó la presentación de un informe titulado “Bots y netcenters y el combate a la impunidad”, la comisión determinó que con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, especialmente con el caso “Cooptación del Estado” en 2016, los bots y netcenters cobraron mayor notoriedad en el manejo de cuentas falsas en las redes sociales.

Luego de analizar la forma, estructura, forma de actuación y mensajes que se generan desde los llamados netcenters, el informe concluye que los ataques son dirigidos en contra de operadores de justicia, dirigentes de la sociedad civil, fiscales del Ministerio Público, contra la Cicig, y periodistas, en ese momento. Con el objetivo de deslegitimar y desacreditar investigaciones o procesos penales de los casos vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala.

“Tradicionalmente las estructuras criminales organizadas han buscado el control de la comunicación para influir en la opinión pública. Estas estructuras han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la lucha contra la corrupción y la impunidad han logrado en Guatemala”, afirmó Iván Velásquez.6

La utilización de esos netcenters y bots en función de la corrupción e impunidad en el país quedó evidenciada con un ejercicio simple de conmemoración de una fecha con una encuesta, irónicamente fue el mismo excomisionado de la Cicig quien vuelve a colocar el tema de herramientas que siguen siendo empleadas por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) en el país.

En redes sociales como Facebook y Twitter, en casos de resistencia de pueblos indígenas contra megaproyectos de empresas mineras e hidroeléctricas también están presentes estos netcenters. Proyectos localizados en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, en Huehuetenango, cuentan con estas cuentas para difamar, descalificar y criminalizar a quienes identifican como los principales dirigentes u opositores a la construcción de estos proyectos, lo mismo ocurre con empresas mineras ubicadas en San Juan Sacatepéquez o Izabal.

Ataques de los netcenters han recibido el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del MP, también las periodistas Pía Flores, Jody García, Francelia Solano, Kymberly López por su labor periodística en Nómada, son solo algunos ejemplos de una larga lista de personas que son el objetivo de estos netcentets.

Luis Assardo, periodista y consultor en comunicación, en una publicación de 2018, explicó el origen del negocio de los que él llama sicarios digitales, un negocio que surgió para alterar tendencias en procesos electorales y ahora para modificar de golpe percepciones en la gente.

Los ataques más recientes son en contra de Marvín Del Cid de Artículo 35 y Sony Figueroa de Vox Populi, luego de varias publicaciones sobre la corrupción detrás de los funcionarios del gobierno de Giammattei, los ataques van desde denigrar la imagen y profesión de ambos periodistas, difamarlos hasta amenazarlos.

Una fiscalía debilitada

Con la llegada de María Consuelo Porras al MP, se tiene la percepción de un deterioro de la capacidad de investigación de esta institución, también de su capacidad de persecución penal, especialmente se han revertido el papel de fiscalías importantes como la Fiscalía Especial de Delitos contra la Impunidad FECI, la Fiscalía contra Delitos Electorales, a tal extremo que varios fiscales han tenido que renunciar o salir al exilio del 2019 al 2020, durante la administración de la actual Fiscal General y Jefa del MP.

Sobre la nueva Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, esta fue separada de la Fiscalía de Derechos Humanos de la cual formaba parte, en 2016 Cerigua a través de su directora Ileana Alamilla propuso a la fiscal general Thelma Aldana en ese entonces, que la Unidad de Delitos contra Periodistas fuera restructurada y fortalecida con personal y presupuesto por el aumento de delitos contra la prensa. De esa cuenta se creó una nueva extensión de la Unidad en Quetzaltenango, descentralizando la investigación en dos unidades y no solamente en la ciudad capital.

Tres años después, la fiscal general Consuelo Porras, inaugura la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas en diciembre de 2019, convirtiéndola en una Fiscalía de Sección. En julio de ese mismo año, la APG denuncia el debilitamiento del trabajo que los fiscales realizaban en ese momento. “Contrario a lo ocurrido en la anterior administración del MP, con lo expuesto, se nota un debilitamiento con la unidad especializada para periodistas y una parálisis en los pocos avances para evitar o disminuir los delitos contra periodistas”, expresa en un comunicado.

Dos meses después, la APG denunció la reducción del presupuesto de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, la imposición de cuotas por sentencias logradas para los fiscales o estarían sujetos a evaluación o remoción de no alcanzar las cuotas. Estas medidas repercuten en el trabajo de la Unidad de Delitos contra Periodistas adscrita a esta fiscalía.

Es en ese contexto que la actual Fiscalía de Delitos Contra Periodistas desempeña su trabajo, con un personal reducido, presupuesto y unidades de transporte, Prensa Comunitaria tienen seis casos en esta fiscalía que desde el 2015 a la fecha siguen abiertos y sin mayores avances. Esto debido a la poca capacidad para realizar diligencias, movilización de los fiscales y recursos económicos, además que los fiscales constantemente son rotados a otras fiscalías y quienes asumen en esta fiscalía deben de actualizarse nuevamente en los casos y expedientes.

A pocos días de terminar un año marcado por la pandemia y del primer año de la nueva Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, quedan muchas preguntas sin respuestas; por ejemplo, las relacionadas al presupuesto asignado para su funcionamiento, el tipo y el período de capacitaciones que deben recibir los fiscales y sí las investigaciones avanzan.

Cartografía de las agresiones en contra de periodistas en Guatemala durante el 2020

Imagen

1 Asociación de Periodistas de Guatemala APG. Informe “Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala 2020”.

2 Reporteros Sin Fronteras RSF. Clasificación Mundial de la libertad de expresión 2020. https://rsf.org/es/clasificacion

3 Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua).

4 Acuerdo de paz firme y duradera. (1997). En Universidad Rafael Landívar & Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Eds.) Acuerdos de paz (2a. ed., pp. 415-420). Guatemala.

5 Comunicado de Prensa. La CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte Interamericana. 25 de septiembre de 2020. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/232.asp

6 Cicig. Informe: “Bots, netcenters y el combate a la impunidad. El caso de Guatemala.” 20 de mayo 2020. https://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informes-tematicos/bots-netcenters-y-el-combate-a-la-impunidad/

Autoría y edición

Director de Investigación en | Web

Historiador y foto periodista, fundador de Prensa Comunitaria y miembro del equipo de investigación Green Blood y Colibrí Zurdo. Columnista en desInformémonos México #Periodismo #PrensaComunitaria #Investigación

Socióloga y periodista, con experiencia en comunicación para organizaciones sociales, de Pueblos Indígenas y organismos internacionales, además, trabajo de investigación social para peritajes judiciales.

Periodista Maya Q'anjob'al

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