Por Regina Pérez
La Organización de Estados Americanos emitió el informe de la Misión que visitó el país a finales de noviembre, luego de que el gobierno de Alejandro Giammattei invocara la Carta Democrática Interamericana de la OEA, aduciendo que las manifestaciones en el país eran un intento de golpe de Estado; no obstante, el documento no fue lo que esperaba y más bien evidenció que Guatemala tiene graves problemas relacionados a la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y omisos como la falta de elección de Cortes por parte del Congreso.
Entre las recomendaciones también destaca la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, proceso que ya inició con las convocatorias de las cinco instancias para que se candidatos se postulen.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), señala que el gobierno pretendió utilizar ese mecanismo, de enviar una Misión al país, para lavarse el rostro y lo que tuvo de respuesta, aunque con lenguaje diplomático, son recomendaciones en torno a que los problemas existentes emergen de las acciones que se realizan desde los 3 poderes del Estado.
La invocación de la Carta Democrática por parte de Giammattei se hizo después de las protestas del 21 de noviembre, provocadas por la aprobación del Presupuesto 2021 en el Congreso.
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Giammatei adujo que lo que existía en el país era un riesgo de un proceso que culminara en la salida del propio presidente, o del rompimiento institucional a través de mecanismos cada vez mayores de demanda social, señaló Santos.
Efectivamente las demandas sociales y populares y el descontento generalizado en la población se debe a lo que el mismo documento señala, los graves actos de corrupción, debilidad institucional, falta de respuesta a la población, impunidad, actores de corrupción, aunque con un lenguaje diplomático, pero nombrando esos males que han provocado que la población guatemalteca esté cansada, dijo Santos.
De acuerdo con Santos, esos males se siguen profundizando como se evidenció ayer con un nuevo golpe al sistema de justicia con la juramentación de Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad y en la falta de respuesta a la pandemia, a los efectos de las tormentas Eta e Iota, en la grave crisis de violencia en contra de mujeres y niñez y en la falta de atención en casos de desnutrición.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), coincidió en que el informe no fue favorable para el Gobierno de Giammatei que creyó que iba a poder manipularlo pero no lo logró. “Yo creo que las elecciones en Estados Unidos influyeron muchísimo en que no se pudiera manipular”, indicó.
Por lo tanto considera que la situación se le revierte a Giammattei y ahora tiene que seguir al pie de la letra las recomendaciones que hace la OEA y desvirtuar las críticas, dando información detallada a la población.
Degradación del Estado de derecho
El informe emite recomendaciones en torno al combate de la corrupción y la impunidad, la transparencia en los asuntos públicos, la elección de las altas Cortes por parte del Congreso, que ha postergado desde octubre de 2019 y la necesidad de garantizar un procedimiento transparente en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), para un periodo de 6 años, entre otros temas.
Sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, especialmente en garantizar un proceso adecuado de selección y nombramiento de magistrados de la CC, Cadena señaló que existe un nivel de incumplimiento y de cooptación, como fue la juramentación del juez Moto ayer en el Congreso, lo que calificó como “una ilegalidad absoluta”.
La OEA pidió al gobierno determinadas características en la elección de la CC, pero lo que se puede ver es que el Congreso y las instituciones estatales no tienen la intención de cumplir con sentencias de los órganos jurisdiccionales, por lo tanto mucho menos les va a interesar cumplir las recomendaciones de la OEA, dijo el abogado.
Para Cadena, acá se vive un golpe de Estado que ya se dio hace rato, una paulatina degradación del Estado de derecho que llega al extremo de que funcionarios públicos incumplen sentencias de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, hay otros que emiten sentencias o resoluciones como lo hizo ayer una Sala de lo Civil que contradice principios elementales del derecho, el nombramiento de Mynor Moto no está firme, por lo tanto no podía tomar posesión, señaló.
Según el informe, la Misión enviada a Guatemala constató en que la forma en que se aprobó el Presupuesto 2021 por parte del Congreso fue la razón que detonó las protestas sociales del 21 de noviembre, sin embargo, apreció que existen múltiples reclamos de distintos sectores de la sociedad que van más allá de esa coyuntura.
Gobierno dice que atenderá recomendaciones
Este día, el canciller Pedro Brolo señaló que el Gobierno de Giammattei “toma como propias las recomendaciones” del informe de la OEA, que evidenció los graves problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca.
En una rueda de prensa conjunta con Diego Paz, representante de la OEA, Brolo justificó que al invocar Carta Democrática lo hicieron con base en el artículo 17, capítulo 4 de la Carta, “específicamente preventivo dentro del mecanismo interamericano para garantizar que los procesos se den en paz y se den las condiciones necesarias para garantizar la institucionalidad”.
A pesar de ello, en el comunicado difundido por el gobierno en su momento se hizo referencia explícita a que las manifestaciones sociales eran un intento de grupos minoritarios para forzar un golpe de Estado.
Según Brolo, nunca es prematuro hacer un llamado al diálogo y por eso consideraron importante tener el acompañamiento de una misión especial como en este caso.
