Por Prensa Comunitaria
A la redacción de Prensa Comunitaria llegó una denuncia sobre un caso de explotación laboral a docentes en el colegio privado Enrique Novella Alvarado, de Cementos Progreso, en la sede San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez.
De acuerdo con la información que se recibió de manera anónima, ya que el denunciante teme represalias del establecimiento educativo, los docentes de ese colegio han estado sometidos a exceso de trabajo y estrés laboral, principalmente durante 2020, cuando la pandemia de la covid-19 afectó al país.
Según dijo, las autoridades educativas del colegio se aprovechan de la situación que generó la pandemia para hacerlos trabajar por más horas de lo permitido, ya que tienen un horario desde las 5:30 a 16:00 horas, sin embargo, estos horarios no se cumplen y trabajan incluso hasta 18 horas, dijo la fuente.
“Por la situación de la pandemia han tenido que trabajar en casa, sin horario para comidas, ya que están en constantes reuniones virtuales, entregando trabajos cada ciertas horas” señaló el denunciante, que indicó que no han realizado las denuncias en el ministerio de Trabajo, porque temen que pueda ser motivo de despido y actualmente la situación de empleo en el país es precaria.
Algunos de los maestros han denunciado en el departamento de recursos humanos de la empresa, de manera anónima, la sobrecarga laboral que sufren, pero en varias ocasiones les han planteado que si no están dispuestos a cumplir con la institución, que renuncian, sin embargo, ellos saben que de hacerlo perderían su indemnización por el tiempo que han trabajado en la empresa, señala la denuncia.
Prensa Comunitaria trató de contactarse este martes 12 de enero, con la directora del Colegio, Astrid Leonardo, para conocer su versión, pero cuando se llamó al establecimiento se informó que ella devolvería la llamada. Al cierre de esta nota y pese a las insistencias, ya nadie respondió.
Abogado: se puede denunciar en la Inspección de Trabajo
El abogado laboralista Alejandro Argueta aconseja que ante una situación como esta es importante que los docentes afectados se informen sobre sus derechos y se mantengan organizados.
En el plano legal, aconseja que tras conocer sus derechos y qué es lo que quieren reclamar, los afectados interpongan una denuncia en la Inspección General de Trabajo por los abusos y violaciones que consideren que están sufriendo.
Según Argueta, en un caso así procede una denuncia para que se realice una inspección de trabajo en el centro educativo, que es la entidad empleadora. “Esos procesos administrativos, cuando se llevan bien, funcionan porque se previene al patrono para que arregle todo y si no, se lleva un proceso de sanción administrativa, que implica un riesgo que le impongan multas bastantes fuertes” mencionó.
Según Argueta, son procesos largos y que llevan tiempo, pero si se llevan bien, resultan en una mejora para los trabajadores.
El segundo procedimiento que aconseja es que los docentes organizados emplacen al colegio, para poder negociar un convenio colectivo que les permita continuar sus derechos y que se los cumplan.
Eso también les garantiza que los reinstalen, en caso de ser despedidos como represalia, indicó.
