Por Regina Pérez
La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad ha generado enorme interés en diversos sectores de la ciudadanía, especialmente de grupos de poder oscuros que están interesados en colocar en la Corte a magistrados que respondan a sus intereses, con el fin de eliminar el único obstáculo legal que les queda y restablecer la impunidad. Para el 14 de abril de 2021 se espera que tomen posesión los cinco magistrados titulares y suplentes para el periodo 2021-2026.
Eduardo Stein, vicepresidente de ASIES, señaló que estos grupos conformados en lo que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llamó redes político económico ilícitas, ya están teniendo influencia. “De hecho parece haber un entendimiento bajo la mesa entre varios de los grupos de poder, que esgrimen una influencia clara sobre los centros de decisión de los entes nominadores”.
El Congreso de la República, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo son las instancias encargadas de nombrar a cinco magistrados titulares y suplentes.
De acuerdo con Stein, la ley vigente no permite que la ciudadanía organizada pueda intervenir en estos procesos. “No podemos exigirle al Congreso, a la CSJ, al Presidente que compartan públicamente las hojas de vida de las y los aspirantes a ocupar esas magistraturas, por esa razón desde diferentes organizaciones estamos pidiendo que sea un procedimiento lo más transparente posible”.
No obstante, Stein considera que es difícil que este proceso sea transparente después del caso de Mynor Moto, por las distintas anomalías que se dieron en la elección por parte del CANG y de su posterior juramentación en el Congreso, con dos tercios de los votos de los diputados “que hoy representan esa alianza que a todas luces responde a intereses oscuros”.
Esto es una clara muestra de que en efecto estas influencias oscuras están no solo operando para condicionar estos procedimientos y colocar en la futura corte constitucional a personas que respondan a sus intereses y no al bien común, sino que lo están haciendo con prisa, indicó.
¿Por qué existe tanto interés en la designación de los magistrados?
A decir de Stein, desde ahora se quiere cambiar el balance de poderes dentro de la actual CC. Incluso la Corte Suprema de Justicia eliminó la prohibición de que las y los candidatos que quieran postularse a la CC pertenezcan a un partido político.
“Parece casi que con dedicatoria para garantizar que la designación de la persona que les interesa en las futuras cortes sea en efecto la escogida, en lugar de que exista un procedimiento abierto, transparente y una evaluación concienzuda de la idoneidad, calidades y de la reconocida honorabilidad de los candidatos a esta magistratura”, indicó.
Para Stein, es evidente que estos poderes oscuros están no solo influyendo sino que además lo están haciendo con urgencia. Ya estamos viendo cómo se están modificando algunas sentencias de personas que fueron sometidas a juicio y con sentencias, antes de que la nueva Corte sea electa, manifestó.
Una vez electos los magistrados constitucionales, entonces el Congreso sí procedería a elegir a una nueva Corte de Justicia “como traje de sastre a sus medidas”, señaló.
Recuperar la CC para restablecer la impunidad
El politólogo Ricardo Sáenz de Tejada recordó que hasta 2015, el Partido Patriota era la red económica ilícita central alrededor de las cuales otras se subordinaban, lo cual se reveló con el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, en el cual también participaba la estructura liderada por el exministro Acisclo Valladares Arruela y, en ese proceso de subordinación, se negociaron algunos nombramientos en la CSJ y Salas de Apelaciones.
Esa red fue desmantelada por la CICIG y lo que se vio fue como el otro conjunto de redes se fue coaligando para recuperar sus posiciones, en el Ejecutivo se recupera a partir del gobierno de Jimmy Morales y en el Congreso, con los intentos de emitir reformas ad hoc para garantizarse impunidad, señaló Sáenz.
Tanto para el Ejecutivo como el Legislativo el gran obstáculo fue la CC, que otorgó amparos a la Procuraduría de Derechos Humanos y a otras entidades, para contener la cooptación total del Estado, agregó.
Según el politólogo, este conjunto de redes terminó de comprender que la posibilidad de volver a producir y vender impunidad desde el Organismo Judicial, estaba condicionada por el control de la Corte de Constitucionalidad, “por eso vemos como el Congreso ha pospuesto la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones hasta tomar el pleno control de la CC”, es decir, hasta abril de 2021.
En el momento en que estas redes capturen a la CC ya no habrá obstáculo legal para restablecer plenamente la impunidad, indicó.
Sáenz coincide con Stein en señalar como han variado los comportamientos de la CSJ, de muchas salas de apelaciones y muchos juzgados, que en 2015 estaban atemorizados de actuar descaradamente como estaban habituados a hacerlo y hoy anulan casos que estaban avanzados o reducen sentencias, como la del expresidente del Congreso, Pedro Muadi.
A lo que vamos es a una plena captura de los tres poderes del Estado por redes que en este momento están coaligadas porque coinciden en su necesidad de restablecer la impunidad, indicó.
Magistrados independientes e imparciales
Entonces, ¿Quiénes deben llegar a la CC? El expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rodolfo Rohrmoser, señaló que ve este proceso de elección con mucha preocupación si no se van a cumplir los requisitos que la ley exige. En ese sentido debemos ser estrictos de lograr que llegue la mayor cantidad de gente, que sea más idónea y capaz para esos cargos, expresó.
“Lo mejor del gremio debería estar de juez, por concepto de seguridad jurídica e imparcialidad por los casos que va a conocer y tendrá que determinar si es correcto conforme a la ley o no”, señaló.
Rohrmoser indicó que siempre ha habido presiones hacia la justicia para que se incline a favor de intereses particulares y no por la ley, “ahora veo que es peor, hay más criterio político de por medio en la escogencia de los jueces y eso es falta y muy serio. Lo vamos a pagar muy caro si eso sucede”.
El abogado experto en derecho constitucional Alexander Aizenstatd señala que a la CC deberían llegar los candidatos más idóneos, con una trayectoria proba y que no tengan conflictos de intereses y que pongan la Constitución y la institución de la CC por encima de sus intereses personales.
La independencia es el aspecto más importante, que no tengan conflictos ni deudas ni padrinos y que puedan pronunciarse de manera objetiva e independiente sin importar su ideología; lo importante es que no se deban a los que los han llevado a ocupar esos cargos y que esa independencia continúe en su futuro profesional luego de haber estado en la CC, que sus fallos no dependan de la posibilidad de obtener algún cargo o remuneración luego de que hayan dejado la Corte, indicó.
