Por Regina Pérez
Hace una semana el miembro del Parlamento Xinca, Julio González, fue atacado en su pequeño negocio ubicado en Mataquescuintla, Jalapa. González lleva años involucrado en la resistencia en contra de la mina el Escobal, en la región, propiedad de Pan American Silver, antes llamada Mina San Rafael. Este atentado, según 195 organizaciones, es parte de un contexto cada vez más peligroso para los miembros de la resistencia y del Parlamento Xinca.
El ataque se dio un día después de que el Parlamento Xinca anunciara en un comunicado que el 20 de abril de 2021 fue la fecha acordada para dar inicio al proceso de preconsulta a la población xinca sobre el funcionamiento de la mina, ahora operada por Pan American Silver.
Las operaciones de la mina habían sido suspendidas en junio de 2017 por plantones de la resistencia y en julio por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2018.
La Corte ordenó al Ministerio de Energía y Minas que realice una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, que es la que se realizará en abril próximo.
Exigen investigar atentado
El atentado en contra de González generó una respuesta de 195 organizaciones nacionales e internacionales que piden las autoridades guatemaltecas investigar el ataque, que podría estar relacionado al trabajo de resistencia que realiza el pueblo xinca contra la minera el Escobal.
En la misiva, las organizaciones denunciaron que al día siguiente de este hecho, otros dos miembros de la resistencia, Juan Eduardo Donis y Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron un mensaje de texto con amenazas hacia su vida.
Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.
“El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala”, señalan en el documento enviado a la Fiscal General, Consuelo Porras, al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas y a directivos de Pan American Silver.
Historial de criminalizaciones
La operación de mina San Rafael en el área, ahora el Escobal, tiene un largo historial de criminalizaciones contra las personas que se oponen a la actividad minera.
Kelvin Jimenez, abogado del Parlamento Xinca, señala que González fue parte de la organización de la consulta comunitaria en 2012, tras la negatoria del Ministerio de Energía y Minas de realizar la misma.
La realización de la consulta comunitaria ocasionó no solo la criminalización en contra de líderes que la organizaban sino en contra del mismo Concejo Municipal, recordó Jiménez.
Posteriormente González fue acusado de haberse robado explosivos pertenecientes a Minera San Rafael e incluso de estar detrás de un atentado. En el contexto de instalación del estado de sitio en 2013, en Jalapa y Santa Rosa, se emitió una orden de aprehensión en su contra y otras 17 personas, por un juzgado que no tenía competencia.
Esa fue una de las primeras criminalizaciones que sufrió González, posteriormente al presentarse a primera declaración ante el Juzgado de Primera Instancia Penal en Jalapa se le decretó falta de mérito de los delitos que se le acusaba.
Después de 2013, no han cesado los ataques en contra de González, tanto en redes sociales principalmente por gente vinculada a relaciones comerciales con la compañía, señaló Jiménez.
En 2017, después de un enjambre de sismos, las comunidades deciden suspender el proyecto minero, porque no hay una respuesta del gobierno sobre estos sismos y realizaron un plantón en Casillas, Santa Rosa, para no permitir que pasara ningún camión que llevara combustible a la minera.
A partir de entonces empiezan más fuertes los ataques en contra de líderes y las autoridades xincas, principalmente en redes sociales, señalo Jiménez.
Pero en 2018 los ataques trascienden las redes sociales y, en el caso de la resistencia de Mataquescuintla, hay atentados directos en contra de Julio. En la primera orden de captura contra el líder comunitario se le identificaba como parte del mando de una estructura criminal, un discurso que se repitió en radios y perfiles falsos.
También fue denunciado por plagio y/o secuestro por una persona que tenía relación comercial con la mina. En este caso el juez también consideró que no había elementos suficientes que probaran la comisión del delito y el 24 de enero de 2020 se decretó la falta de mérito.
En diciembre de 2020, debido a las amenazas que recibió González, se interpuso una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos, en enero de 2021 se suscitó el ataque.
Al preguntarle sobre el papel que ha jugado dicha Fiscalía en la investigación de estas denuncias, Jiménez indica que prefiere pensar que no tienen suficiente personal para hacer las investigaciones, porque al ser una fiscalía especializada deberían abordar estos casos de una mejor manera.
La licencia minera el Escobal se encuentra en el municipio de San Rafael las Flores, en territorio Xinca. Contiene oro, plata, níquel, cobalto, cromo, plomo, zinc y antimonio, según un informe elaborado por Luis Solano, sobre la Resistencia pacífica a Tahoe Resources.
Estado sin capacidad de garantizar seguridad
Ruth del Valle, de la Defensoría de las Personas Defensoras de DDHH y Periodistas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señala que preocupa que este ataque se dio en contra de González justo cuando se anunció que se realizará una preconsulta en el caso de la mina El Escobal, ya que el Parlamento Xinca ha estado al frente del reclamo ante la instalación de proyectos mineros, en los que los pueblos indígenas no son consultados.
Del Valle dijo que el ataque contra González es preocupante, no solo por la actitud que toman los empresarios que recurren a las armas y la violencia, sino también por la incapacidad del Estado de hacer cumplir con las resoluciones, como en el caso de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, Izabal.
Además de no poder hacer cumplir con las resoluciones, el Estado también es débil para garantizar seguridad a la ciudadanía organizada, en este caso particular el Parlamento Xinca, dijo la defensora de la PDH.
Sobre las denuncias realizadas a la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores, por las amenazas contra González antes del ataque, Del Valle reiteró que esto evidencia la debilidad del Estado y su falta de capacidad para responder, “en todo caso la protección a defensores no es solo policial, el accionar debe ser más integral”, indicó.
El Estado hubiera podido proveer seguridad, ya que no es la primera controversia con la mina, ni es el único líder xinca que ha sido amenazado o agredido, hay una falta de respuesta del Estado porque hay un estigma contra las personas defensores, no se reconoce su papel que tienen en la construcción de la democracia, señaló.
Lo que funcionarios terminan diciendo en algunos casos cuando se trata de defensores del territorio y de quienes intentan recuperar sus tierras ancestrales, los tachan de “delincuentes” “bochincheros” e incluso de “terroristas”, señaló.
