Periodistas del municipio de Quetzaltenango denunciaron al alcalde y a un asesor de la municipalidad de Quetzaltenango por limitar su trabajo; mientras la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) abrió un expediente para dar seguimiento al caso.
Por Gilberto Escobar
“Disculpen no voy a entrar en polémica con ustedes”, fue el último mensaje que dio el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, a los medios de comunicación de ese departamento y que quedó grabado en un video de una periodista local, el pasado 5 de enero, luego de pasar varias horas a la espera de poder entrevistar al jefe edil.
El 7 de enero se llevaría a cabo una reunión del concejo municipal de Quetzaltenango, y la sorpresa para las y los comunicadores fue que no se realizó en la comuna y no se les informó del lugar donde se realizaría.
Al consultar al concejal de esa comuna, Rodrigo Villatoro, mencionó que no se le está negando el acceso a ningún periodista, “a veces lo que vemos es que están más atentos a los teléfonos celulares del concejo para tomarles foto, o a la espera que alguno del concejo se duerma”, aseguró.
Villatoro señaló que la reunión del 7 de enero se cambió de lugar debido a que “existía peligro de boicot” de algunos sectores, debido a que se están regulando las tarifas municipales y no todos están de acuerdo.
Villatoro mencionó que el código municipal ampara el cambio de lugar de las sesiones del concejo cuando existe algún peligro que afecte el orden público.
Luego de reiteradas llamadas telefónicas por parte de Prensa Comunitaria para lograr conocer la versión del propio alcalde, no se logró comunicación y a los pocos minutos apagó su celular.
Mark Juárez, vocero de la municipalidad de Quetzaltenango, comentó sobre la sesión del concejo que “el lugar de la sesión se modificó, según un análisis de riesgo y de seguridad que existía”.
Al consultarle a Juárez sobre cuáles eran esos riesgos mencionó que existen desacuerdos de sectores sociales por las tasas de rentas, multas y venta de servicios municipales, y eso significaba riesgo y concentración de personas.
Juárez mencionó que los motivos de no informar a la prensa del lugar de la sesión fueron “por la inmediatez del cambio y para no tener más inconvenientes y choque con la población”, Juárez señaló también desconocer el lugar en donde se llevó a cabo la sesión.
Evasión de la prensa fiscalizadora
José Cancinos, periodista con más de 25 años de experiencia en darle cobertura a temas de la municipalidad de Quetzaltenango, mencionó que en todos sus años trabajo nunca habían cerrado la puerta del salón de sesiones de la municipalidad como ahora sucede.
Cancinos es el actual presidente de la Asociación de Prensa de Quetzaltenango (APQ), quien detalló que el negar el acceso a la prensa a las sesiones del concejo representa una política de evasión para la fiscalización periodística durante el gobierno municipal de López.
“Hemos analizado en la APQ y vemos que no con todos se comporta de la misma manera, les cierran la puerta a la prensa que hace preguntas incómodas” señaló Cancinos al referirse a la postura que ha tomado el feje edil con la prensa.
En enero pero del 2020, el alcalde municipal López realizó su primera sesión y la hizo de forma cerrada, en ese momento Cansino puso una demanda en la PDH de esa localidad, y la respuesta del jefe edil fue que él desconocía si las sesiones de concejo se deberían realizar de forma pública.
“La pandemia le cayó como anillo al dedo para reforzar la política de evadir a la prensa fiscalizadora, en tiempos de pandemia han realizado sesiones a puerta cerrada y fuera del palacio municipal” señaló Cancinos.
Cancinos mencionó que dentro del concejo municipal no se conoce de alguien que tenga una postura de opción, todos están alineados al alcalde.
Asesor de comunicación, una pieza clave silenciar
Juan Fernando López llego a la comuna por el partido Humanista, de 2009 a 2011 estuvo en la dirección del equipo de esa localidad Xelajú Mario Camposeco.
Pero López no actúa solo, lo acompaña su asesor Óscar Manuel Estrada Valdez, quien de manera le indica sobre los temas que debe abordar o no en público.
Estrada Valdez es el vocero y asesor de esa alcaldía municipal para temas de comunicación social y según el portal de Guatecompras sus honoraros son de Q 8 mil quetzales mensuales.
Este viernes 8 de enero, la PDH abrió un expediente ante denuncia de las y los periodistas de Quetzaltenango sobre la obstaculización a su trabajo por parte de ese asesor de la municipalidad y del propio alcalde.
El presidente de la Asociación de Prensa de Quetzaltenango señaló que Estrada Valdez es alguien que obstaculiza la labor periodística en la comuna de Quetzaltenango.
Entretanto, Lili Sierra de la Secretaria de Acceso a la Información Pública de la PDH mencionó que con estas prácticas se viola uno de los derechos no solo de periodistas, además de la población en general, sobre el acceso a la información pública, que deben garantizar las y los funcionarios públicos para una gestión transparente.
Este viernes, la Asociación de Periodistas de Guatemala también emitió un comunicado donde rechazó las acciones del alcalde y el asesor de comunicación, y exigió que se respete el libre ejercicio periodístico ante acciones arbitrarias y opacas.
