Por Edelberto Torres-Rivas*
Entre 1986 y 2014 hay 28 años de vida política que suele dividirse en dos trozos separados por un hecho simbólico: la firma del Acuerdo por una Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996. Jurídicamente se pone fin al llamado Conflicto Armado Interno, aunque aún se debate si fue una guerra civil o un largo periodo de represión militar. El Acuerdo afirma que se pone fin a tres décadas de conflicto armado, pero los momentos históricos de lo que fue técnicamente una guerra civil no pasaron de diez años. Para 1996 ya no había conflicto armado que negociar, como el cese de fuego por parte de la URNG. Solo quedaban aspectos técnicos relativos al desarme de los pocos desmovilizados y algunos aspectos de la vida civil y del trabajo.
Las cosas no han marchado bien para Guatemala desde entonces: la democracia electoral no fue una ruta ascendente en que se fue desarrollando la sociedad. Fue un vertedero de ilusiones que se fueron acabando. En estas tres décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente el proyecto democrático. Las fracciones burguesas tradicionales nunca han tenido un programa modernizador, ni siquiera después de su victoria en la guerra civil. ¿Qué quería la clase dominante después de ganarle a la izquierda?
La conducción reaccionaria ha tenido como eje una voluntad antiestatal. El Estado de 1985 ya era débil y sin recursos, nada pudo hacer más adelante. Recordemos lo sucedido con la reforma constitucional de 1993, con De León Carpio, que volvió más conservador el texto constitucional. En 1997-99 el gobierno de Arzú asestó dos golpes directos al plexo, primero restando apoyo al Referéndum Constitucional de 1999, donde se perdió la incorporación a la Constitución de un vigoroso conjunto de reformas propuestas en el conjunto de acuerdos firmados; y luego con la política de privatizaciones de activos públicos y el desmantelamiento de políticas sociales. Por el lado de la política no se han creado el sistema político ni los partidos, sin los cuales la democracia seguirá cada vez más decadente. Todas las fuerzas que han venido funcionando son el resultado de arreglos corruptos entre diputados, alcaldes y políticos y los negocios con el Estado y del narcotráfico. Estos han penetrado las instituciones de la república corrompiendo el Poder Judicial, la Policía, las aduanas y otros lugares donde hay dinero y Poder. ‘“No hay razones para celebrar el trigésimo aniversario”’.
Se están celebrando veinte años de los Acuerdos de Paz. Doce Acuerdos se firmaron entre comandantes guerrilleros y representantes de tres gobiernos sucesivos, incluyendo militares. De ellos, hay cinco Acuerdos que tienen contenidos precisos sobre reforma y modernización aplicables a sociedades que, como Guatemala, salen del conflicto .
Estos documentos fueron logrados después de intensos debates entre gobierno y guerrilla; constituyen ambiciosas propuestas de teoría del desarrollo, anotaciones técnicas in extenso utilizando el lenguaje de las Naciones Unidas y sus agencias, prosa académica y recomendaciones de políticas prácticas. Todo esto constituye “paquetes” difíciles de utilizar. Al celebrar los primeros cinco años de los Acuerdos parecían no existir actores políticos que pudieran manejarlos. Estamos ¿celebrando? o ¿recordando? los 20 años de los Acuerdos de Paz. Ya fueron los 15 y podrían ser los 25 y no pasa nada. Las capacidades de las fuerzas políticas, en el gobierno o en la oposición no han mejorado. En estos últimos 20 años no ha sido posible disminuir la pobreza, ni han mejorado los bienes públicos ni los programas sociales que puedan mejorar el bienestar de la gente pobre. Fuerzas de similar naturaleza se necesitarían para cumplir los principales acuerdos, pero del lado de la derecha hay rechazo ideológico a los Acuerdos. Y, del lado de la izquierda, es grande la incapacidad política. Estadistas no aparecen por ningún lugar.
Ha sucedido que los vencedores en el conflicto armado fueron las fuerzas más conservadoras de la sociedad guatemalteca y, a contrapelo de aquestos resultados, los cinco acuerdos sustantivos tienen un sentido renovador, modernizante, antioligárquico y, en última instancia, este valor ideológico explica el desinterés o el rechazo que ha producido en buena parte de los grupos reaccionarios, de la academia, los medios de comunicación, los empresarios y sus think tanks. Hay un segundo entrabe, con la justicia de transición, en que ocurre que son los victimarios –victoriosos– demandados por las víctimas. O sea, a los Acuerdos solo actores progresistas podrían impulsarlos. El mayor impulso a los Acuerdos ha venido de la comunidad internacional, porque ellos en buena medida fueron quienes creyeron en la posibilidad de cambio. ¿Podremos los guatemaltecos pensar en algún momento similar a aquel para establecer una agenda de Estado?
1.- No podemos dejar de recordar los siguientes: i) el Acuerdo global sobre derechos humanos, en marzo de 1994; ii) el Acuerdo sobre la creación de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos, en junio de 1994; iii) el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en marzo de 1995. Este acuerdo es el mejor integrado como programa de innovación social. iv) Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, mayo de 1996; y v) el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, en septiembre de 1996.
- Sociólogo centroamericano nacido en Guatemala (1930-2018).
Tomado de:
Torres-Rivas, Edelberto. Guatemala: Un edificio de 5 pisos. Ciudad de Guatemala: Catafixia Editorial, 2017.
