El gobierno de Alejandro Giammattei procedió a desmantelar la institucionalidad de la paz, razón por la cual se han interpuesto varios amparos en la Corte de Constitucionalidad que aún no han sido resueltos.
Por Prensa Comunitaria
Organizaciones de sobrevivientes del conflicto armado interno presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una petición para que todas las acciones constitucionales que hay en trámite en la CC relacionadas con casos de graves violaciones a derechos humanos, así como con la eliminación de la institucionalidad de la paz sean resueltas de la manera más rápida posible.
Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción de Derechos Humanos (CALDH), señaló que otra de las peticiones es que el magistrado Roberto Molina Barreto se inhiba de conocer todas las acciones relacionadas a violaciones a derechos humanos, ya que consideran que no es imparcial. “Lo hemos visto en resoluciones anteriores y en su actuar político partidista”, dijo Tzul.
Más de 70 organizaciones que representan a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno en Guatemala señalaron en un comunicado que la CC debe resolver con urgencia los amparos presentados en contra del cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaria residencial de la Mujer (SEPREM), la Secretaria de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).
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El Movimiento Nacional de Víctimas, comunidades que fueron parte de la Población en Resistencia, la Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales, así como trabajadores de los sindicatos de las entidades que el gobierno está cerrando, entre otros, participaron en esta protesta.
Miguel Itzep, del Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit, señaló que como en otras ocasiones que han tomado las calles y edificios, ahora solicitan a la Corte agilice los trámites de los amparos que han presentado, debido a que el gobierno ha cerrado las entidades relacionadas a la institucionalidad de la paz.
Itzep indicó que el gobierno, en lugar de reconocer su responsabilidad en las violaciones sistemáticas a derechos humanos y actos de genocidio durante la guerra interna, principalmente el que se cometió contra la población maya, está cerrando no solo la institucionalidad de la paz sino las instituciones que fueron creadas a partir de los Acuerdos de paz.
Los Acuerdos de Paz tienen un precio, tienen un costo, el precio de la guerra lo vivimos nosotros, lo sufrimos nosotros, fueron más de 200 mil víctimas, dijo Itzep.
Sobrevivientes del conflicto armado piden frente a la CC que el magistrado Roberto Molina Barreto se inhiba de conocer todas las acciones constitucionales relacionadas con violaciones a derechos humanos, por su afinidad a militares. Video @Sandra_Cuffe pic.twitter.com/3UrQ0CbkZI
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 10, 2020
Estas cifras, a decir del sobreviviente, están en informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como en los archivos de la Policía Nacional, “estamos nosotros como testigos y sobrevivientes de lo que pasó”.
La semana pasada, asociaciones de víctimas del conflicto armado interno exigieron respuestas en la sede del programa Nacional de Resarcimiento (PNR), debido a la sustracción de los expedientes de las víctimas, que eran resguardadas en las sedes regionales del programa. Sin previo aviso, el personal del PNR trasladó el 24 de noviembre los miles de expedientes en sus 14 sedes regionales, sin dar ninguna explicación.
