El 9 y 10 de diciembre un grupo de antimotines de la PNC desalojó a dos comunidades q’eqchi´ dejando a las personas a la deriva.
Por Gilberto Escobar
Un grupo de antimotines de la Policía Nacional Civil (NPC) sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia, quemaron las viviendas de aproximadamente 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, así lo describió vía telefónica el abogado Juan Carlos Peláez.
Peláez contó que lleva tres años acompañando a las comunidades y seguirá durante este proceso del desalojo ocurrido en Sayaxché.
Según versión de los comunitarios durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.
El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, Diego Gonzáles narró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos y ellos estuvieron como observadores para que eso se cumpliera durante los dos días, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
Según la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Las observaciones de la PDH
El auxiliar de la PDH, Diego Gonzáles dijo: “quien ordenó el desalojo fue la jueza Claudia Marleny Ortiz Portillo, del juzgado de Sayaxché, la orden se tenía desde el 28 de octubre pero debido a que no se tenía planificada la logística no se había realizado”.
En contraste con los testimonios de las personas desalojadas, Gonzáles agregó que “fue hasta el pasado 9 y 10 de diciembre que se realizó el desalojo pero se resguardaron los derechos de los comunitarios, nosotros como PDH estuvimos ambos días vigilando que todo se llevara a cabo con los protocolos establecidos, es falso que se violaran los protocolos en el desalojo”.
Sobre los videos que se difundieron en redes sociales donde se observa la quema de las viviendas de los comunitarios durante el desalojo Gonzáles mencionó “después que la jueza le entregará la propiedad a su legítimo dueño, el propietario a continuación le prendió fuego a todas las viviendas pero nosotros corroboramos que las casas que estaban en ese lugar no tuvieran pertenencias de los comunitarios”.
Detenciones en el desalojo
En una entrevista vía telefónica con Edwin Monroy, vocero de la PNC, informó que durante el desalojo se detuvo a Héctor Coy Ich, de 40 años, Juan Leonardo Rosales Sagastume, de 57 y Martin Xol Coc, de 28, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Monroy señaló “luego que se realizara el diálogo con las personas quienes ocupaban propiedades de la finca Zapotal, los comunitarios se opusieron a dar cumplimiento al desalojo ordenado por la jueza, y comenzaron a lanzar objetos contundentes piedras y palos hacia la integridad física de personal de las diferentes instituciones y de los agentes de PNC quienes resguardaban el lugar”.
Una orden sin firma
En una hoja en la que únicamente se observa el sello del Organismo Judicial (OJ) se lee en las siete líneas “por este medio se les notifica y solicita que procedan a desalojar en una forma voluntaria el lugar donde hayan construido sus viviendas, tal y como se ordenará en resolución de fecha 30 de septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de la Libertad, departamento de Petén”.
Vía telefónica con el abogado que da acompañamiento al proceso Juan Peláez dijo “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma”.
Sobre la orden, Peláez dijo “las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
Peláez grega que en plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.
Para leer más sobre los hechos;
El abogado Peláez concluyó diciendo que le darán seguimiento al caso y presentarán una denuncia en contra del estado de Guatemala por los abusos cometidos durante el desalojo.
