La cuestionada administración de Porras incrementa presencia en municipios

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Créditos: Ministerio Público.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por Prensa Comunitaria

La fiscal general Consuelo Porras inauguró este viernes 4 de diciembre 90 nuevas fiscalías municipales en 20 departamentos con capacidad de investigación y persecución penal cometidos en su jurisdicción.

En la actividad realizada en la sede del Ministerio Público (MP), localizado en la zona 1 de la capital, Carla Valenzuela, fiscal de Sección Encargada de la Unidad de Métodos Especiales, expuso que las nuevas fiscalías municipales atenderán casos leves mientras que las fiscalías distritales verán los casos de impacto. También dijo que cada lugar se seleccionó por la recurrencia de hechos.

En una entrevista a un medio radial, Porras dijo que el personal de las oficinas del MP hablará el idioma materno del lugar y que la implementación de las agencias cuenta con un presupuesto de Q200 millones y que contará con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según los datos presentados, hasta mayo de 2018 la institución contaba con presencia en 64 municipios, 16% de cobertura y en 2020 el número se incrementó con 90 agencias más, alcanzando el 80% de cobertura a nivel nacional equivalentes a 263 municipios.

En la actividad en la que participaron funcionarios de gobierno y del MP, destacó la intervención del embajador de Estados Unidos William Popp  quien en su discurso se refirió sobre la ampliación de la cobertura del MP: “el acceso a la justicia, un firme compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción son elementos fundamentales para mantener la democracia”.

La administración de la fiscal general Porras ha sido cuestionada por las omisiones que ha tomado en temas de investigación de presunta corrupción. El más reciente caso fue el de la detención de más de 43 personas acusadas por los delitos de desorden público, atentado y destrucción del patrimonio. En este proceso la abogada Jovita Tzul mostró que la forma de operar de los fiscales era contradictoria; mientras que uno de los jueces de turno ante las peticiones del MP consideró que en sus argumentos habían “distorsión de hecho, tiempo y lugar”.

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