Jóvenes detenidos durante las manifestaciones serían “chivos expiatorios” asegura abogado

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Créditos: Nelton Rivera

La ciudadanía no ha demostrado empatía o compasión hacia los dos jóvenes detenidos, porque se les considera responsables de los disturbios del sábado.

Por Regina Pérez

Dos jóvenes fueron detenidos el pasado sábado durante la jornada de protestas ciudadanas en la ciudad capital de Guatemala, por su presunta participación en la quema de un bus del servicio de Transurbano. Uno de ellos ha estado desde los 10 años en hogares de protección de la Secretaría de Bienestar Social de donde salía y entraba continuamente. Sin embargo, el caso de estos dos detenidos no ha generado muestras de empatía ni mayor reacción ciudadana, al contrario de lo que ocurrió con las capturas del pasado 21 de noviembre.

El abogado Oswaldo Samayoa opina que ambos jóvenes fueron “el chivo expiatorio del poder autoritario que ejerce el actual gobierno”.

El pasado sábado cuando se incendió el Transurbano la policía no actuó ante las provocaciones de un pequeño grupo, pero luego ejecutó las capturas de dos supuestos responsables de este hecho, Douglas Cuellar y Ángel Raúl Reyes Arias, en el caso de este último acababa de salir de un hogar de protección del Estado.

Samayoa calificó lo sucedido el sábado en la plaza como “un teatro” montado para callar a la manifestación que se estaba dando en ese momento y señala que el Ministerio de Gobernación logró su objetivo; primero al provocar miedo a la gente que se encontraba manifestando en la plaza el pasado sábado al supuestamente perder el control ante la violencia de esa jornada de manifestaciones y considera que esto fue a propósito.

“De alguna manera esta estrategia fue efectiva del sistema autoritario donde a estos dos chicos les tocó la peor parte. ¿Cuál es la peor parte? Los chivos expiatorios de ser los condenados sociales, y por lo tanto no se siente un tipo de compasión por ellos, porque la ciudadanía los ve como responsables, como infiltrados y por lo tanto deben enfrentar a la justicia y segundo la autoridad los usa como los medios de poder demostrar que puede castigar y que la ciudadanía sí los respaldos. Son chivos expiatorios”, reitera el abogado.  

El caso de Reyes Arias está marcado por su vulnerabilidad 

En el caso del joven Angel Raúl Arias, tiene un historial de entradas y salidas a centros de protección a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

Carlos Gómez, subsecretario de Protección Social indicó que la primera vez que Arias ingresó al sistema de protección fue a los 10 años, en 2012. En abril de 2019 abandonó el proceso de residencia en la casa Diamante 1, cuando tenía 16 años.

Del 3 de marzo de 2020 al 24 de junio de ese mismo año estuvo en un centro de detención provisional. En ese centro se recibe a jóvenes por afiliación a pandillas, consumo de sustancias psicoactivas y situación de calle, uno de estos factores fueron identificados para ingresar al ahora detenido a este centro. El 12 de octubre ingresó a una residencia de protección y el 9 de noviembre egresa de la misma por cumplir la mayoría de edad y se le entrega a la familia.

Gómez considera que el chico sufrió bastante, con problemas de adaptación social. Según el subsecretario los niños y adolescentes entran a los hogares por dos razones, porque los padres, madres o encargados no tienen la capacidad económica o la capacidad para darles la adecuada atención o por negligencia.

Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, señala que Reyes Arias proviene de un entorno familiar conflictivo y padece de autismo, debido a esta condición tiene más dificultad en relacionarse y es más fácil involucrarlo en actividades delictivas.

Dubón señala que en la última Alerta Alba Keneth que se activó, hubo información no oficial, de que Reyes Arias estaba siendo captado por estructuras de pandillas. Este extremo no fue confirmado por la SBS.

“Cualquier chico con discapacidad, es más vulnerable a poderlo manipular, por cualquier estructura. Es una situación de vulnerabilidad” señala el experto, quien considera que este caso amerita más investigación.

Reyes Arias ya había salido del sistema de protección del Estado porque ya cumplió 18 años, y según Dubón, él se mantenía en el Parque Centenario desde hace mucho tiempo y pudo ser esa la razón por la que se involucró en la protesta, porque reúne todas las condiciones para hacerlo.

Señala que el Estado guatemalteco no cuenta con modelos especializados para tratar a jóvenes con discapacidad, que por su condición, son más proclives a involucrarse en estos actos.

A su juicio, estos elementos deben tomarse en consideración antes de que sea enviado a juicio, aunque sea sospechoso de cometer esos actos delictivos, “de lo contrario perderíamos nuestra humanidad dijo”.

Según divulgó el periodista Asier Vera, Douglas Cuéllar fue ligado a proceso por delito de incendio agravado y enviado a prisión preventiva al Centro Pavoncito, en tanto a Reyes Arias se le tendrá que practicar un hisopado debido a síntomas que podrían ser de Covid-19. Él no ha prestado su primera declaración.

Amigos y familiares de Cuéllar están reuniendo comida y ropa para enviárselas al centro preventivo.

Condiciones inhumanas en carceletas

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) supervisó la situación de Cuéllar y Arias cuando estaban en las carceletas. Giovanni Guzmán, subdirector de Mediación de la PDH, señaló que Reyes Arias ha estado institucionalizado desde una corta edad y al cumplir su mayoría de edad salió del centro de protección.

Sobre algunos hechos registrados en Tribunales, como el caso de Cuellar a quien le quitaron los zapatos y pasó horas sin comer, Guzmán señala que la PDH ha hecho recomendaciones desde hace varios años sobre estas condiciones.

Los espacios son pequeños, algunos de unos 2 metros por 5 y donde se hacinan a unas 10 o 15 personas, lo cual se agravó el 21 de noviembre cuando fueron detenidos más de 40 manifestantes.

En el tema sanitario y de alimentación, no ha habido mejoría, muchos privados de libertad hacen contacto con sus familias a través de los abogados para recibir agua, comida y ropa. En este caso no fue así.

Guzmán señala que hay una falencia, no solo del Sistema Penitenciario, sino del sistema de justicia, que no garantiza condiciones dignas.

“Puedo concluir que los privados de libertad continúan en condiciones infrahumanas en todo sentido y no se cumplen con las medidas de salubridad”, dijo.

Sobre esto Samayoa indica que hay un patrón reiterado de tratos inhumanos y crueles no solo en este caso. Los tratos inhumanos y crueles parecen ser una constante por parte del Ministerio Publico y la Policía, dijo.

Las justificaciones pueden ser muchas pero los riesgos que implica permitir ese tipo de trato, frente a las personas que están privadas de libertad, es que se puede cometer contra cualquier persona, señala.

Añade que es sumamente preocupante el retorno de prácticas inhumanas a la institucionalidad del estado sobre todo en materia de justicia penal porque no solo tiene que ser efectivo sino tiene que ser garante y profesional, cuando es garante y es profesional se refleja cuando se está respetando los derechos humanos de cualquier persona, no importa quien sea.

Cuando se pierde el orden de garantía y solo se vuelve efectivo se vuelven autoritarios, ese es el gran riesgo al que nos enfrentamos, enfrentar a una policía autoritaria, con un sistema de persecución penal que además de autoritario, es efectivo y al mismo tiempo torturador. Advierte que la sociedad debe alertarse ahora y no permitir estos tratos.

Vuelve el autoritarismo

Samayoa indica que esto no es nuevo, en una sociedad que se olvida de su pasado y que tiene instalado el autoritarismo en su conciencia psicológica, que al suceder hechos como las capturas del pasado sábado, cede ante el poder.

Son tácticas psicológico-sociales que utilizan los autoritarios y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ejemplifica eso. “¿Qué fue lo que llevó a Giammattei a ser un virtual candidato presidencial en Guatemala? Matar gente en el 2006. (Giammattei no fue condenado pero enfrentó un proceso por el caso Pavón). Vivimos en una sociedad tan perversa que prefiere a alguien que mata personas a alguien que diga que la democracia es buena, es por eso que votó la gente” indicó.

Samayoa concluye que este es un caso de dos muchachos son chivos expiatorios del poder autoritario, segundo, que estamos frente a un sistema policial que se había recuperado y ahora se está perdiendo; finalmente estamos frente a un MP sin control ni fiscalización externa y le toca a la ciudadanía fiscalizarlo para evitar que se cometan estos actos crueles e inhumanos.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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