Por Lourdes Álvarez, Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera
Situación de libertad de expresión e información en un país de represión y brutalidad constante
Imaginar, pensar y decir son acciones cotidianas y a veces hasta espontáneas que las personas realizan, razón por lo que resulta casi imposible considerar que en algún momento alguien pueda tener el poder de restringir la capacidad de usarlas; pero eso está pasando en Guatemala, que cada día muestra graves retrocesos en el cumplimiento de las garantías constitucionales para su población en general y en particular para sectores que invocan sus derechos humanos como la libertad de expresión, de información y libre emisión del pensamiento.
El ejercicio periodístico en Guatemala se encuentra en uno de los momentos más críticos en el que la violencia y agresiones se manifiestan de diferentes maneras desde las restricción a las fuentes de información, agresiones físicas y psicológicas, persecución penal y asesinatos. Las y los responsables de las violencias y las restricciones están identificados, son autoridades y funcionarios públicos, empresas nacionales y transnacionales y grupos de poderes locales.
Creemos importante trazar dos momentos para analizar las agresiones contra la prensa, el primero comprende de enero a la primera quincena del mes de marzo, y el segundo con la pandemia durante el resto de año, período en dónde se incrementaron las agresiones.
En lo que va del año han ocurrido 132 agresiones contra periodistas a nivel nacional, según datos monitoreados en el Proyecto de investigación “Libertad de expresión de la Agencia de Noticias km 169” de las cuales la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP) registró 116 delitos, en base a las denuncias recibidas, la Asociación de Periodistas de Guatemala -APG- a través de su observatorio documentó 124.1 La Defensoría para personas defensoras y periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) detalla en su base de datos 117 agresiones. Ruth Del Valle quien dirige esta instancia, afirma que hay denuncias en las que se pide una intervención para poder resolver algún conflicto que afecte a un o una periodista, y otras que se considera que hay uno a más delitos, que son las que se trasladan de oficio al MP.
Estas 132 agresiones fueron vividas al menos por 147 periodistas estuvieron expuestos a una o más agresiones. Al analizar la información durante los once meses, 58 de las agresiones ocurrieron en contra de periodistas indígenas, de las cuales 14 fue contra mujeres. Las otras 62 ocurrieron en la ciudad capital de Guatemala contra periodistas mestizos, de las cuales 30 fueron contra mujeres. Las 12 agresiones restantes fueron por denuncias anónimas. Del total de agresiones 45 fueron grupales.
En su informe anual la APG hace la relación de los primeros nueve meses del gobierno de Alejandro Giammattei Falla, y describe cómo estos han superado significativamente las estadísticas de los primeros años de los dos gobiernos anteriores, de Jimmy Morales Cabrera (63 casos) y Otto Pérez Molina (45 casos).
Para el MP, de los 116 delitos cometidos contra periodistas, en el mes de marzo se denunció el asesinato del periodista Bryan Leonel Guerra en Chiquimula. En noviembre fue denunciado un segundo asesinato en Escuintla, se trata del periodista Mario Arturo Ortega García, ambos delitos están siendo investigados. La Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras, afirmó que la nueva Fiscalía de Delitos Contra Periodistas sería fortalecida durante su gestión.
1 Asociación de Periodistas de Guatemala APG. Informe “Estado de situación de la libertad de expresión en Guatemala 2020”.
