En Guatemala, la Dirección General de Inteligencia Civil operaría el sistema de Circles, una firma que brinda servicios de espionaje. Este tipo de espionaje se realiza a ciudadanos sin ningún tipo de control por parte de juez, especialmente contra quienes se considera opositores, afirma Jorge Santos, de UDEFEGUA.
Por Regina Pérez
Un estudio de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, “Running in Circles, Uncovering the Clitnes of Cyberespionage Firm Circles”, revela que Guatemala es uno de siete países latinoamericanos que utiliza el servicio de la firma de espionaje Circles, que aprovecha la debilidad en el sistema global de telefonía para espiar llamadas, mensajes de texto y rastrear los teléfonos.
Según la investigación, Circles está afiliada a la compañía israelí NSO, que desarrolló el sistema informático espía Pegasus.
Circles, cuyos productos funcionan sin hackear los teléfonos, afirma que solo venden a los gobiernos. Guatemala es uno de los siete gobiernos latinoamericanos que utiliza los servicios de esa firma, por medio de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación.
“Identificamos un único sistema Circles, Ginneta Galileo. El sistema parecer ser operado por la DIGICI, ya que la información pública de WHOIS (un directorio público mediante el cual se puede saber quién es el propietario de un dominio o dirección IP) registra que las direcciones IP del firewall (elemento informático que trata de bloquear el acceso a una red privada conectada a internet) están registradas en la DIGICI”, señala The Citizen Lab.
Según el estudio, algunas de las ramas gubernamentales específicas que identificaron como clientes de Circles tienen un historial de aprovechar la tecnología digital para abusos de derechos humanos.
La investigación cita una investigación del medio de comunicación Nuestro Diario, que en 2018 develó que el Estado guatemalteco gastó más de 90 millones de quetzales para montar un sistema de vigilancia para espiar a empresarios, políticos, diplomáticos y dirigentes sociales.
El equipo encargado del espionaje era dirigido por la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación.
ASÍ SE CONSTRUYE EL ENEMIGO INTERNO
Para Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), el caso de que Guatemala figure entre los países que utiliza los servicios de la firma Circles, es algo muy grave ya que este tipo de tecnologías es utilizada por los Gobiernos para realizar espionaje en contra de ciudadanos sin ningún tipo de control jurisdiccional, específicamente en contra de aquellos a quienes considera opositores.
Santos indica estas prácticas de vigilancia que se realizan desde el Ejecutivo, que es el que ha adquirido estos mecanismos de observancia y montajes, sin observancia de garantías constitucionales de las personas, lo convierten en una de las demostraciones del deterioro y retroceso autoritario que se vive en el país.
Sin ningún control hay personas dentro del Ejecutivo que observan, vigilan y dan seguimiento a ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, algunos pueden ser funcionarios, miembros de la oposición política y defensores, eso es lo grave del hecho, indica.
Además considera grave que la vigilancia y seguimiento se realiza a todas los ciudadanos, defensores de derechos humanos y periodistas que están en contra de la lógica que el régimen ha establecido, un régimen autoritario que considera que todo aquel que esté en contra de sus acciones es un opositor, “es así como se empieza la construcción del enemigo interno, entonces para nosotros es muy grave esa situación”, dijo Santos.
En Guatemala, únicamente el Ministerio Público (MP) con autorización de juez, está autorizado para realizar este tipo de vigilancias, que tiene que estar bajo control de un juez que vigila que tanto el MP como la Policía Nacional Civil no cometan abuso de poder o arbitrariedades, comenta Santos.
Pero cuando se trata del Ejecutivo, no existe una observancia de las garantías constitucionales que asisten a los ciudadanos y eso lo convierte en una de las demostraciones de deterioro y retroceso autoritario que se vive en el país.
EL CASO DE ALERTA GUATE
Un caso que generó sospechas en la sociedad guatemalteca fue el lanzamiento de la aplicación Alerta Guate, en abril de 2020, por el gobierno de Alejandro Giammattei, supuestamente con la finalidad de informar sobre la pandemia del covid-19.
Udefegua junto a Fundación Acceso y Frontline Defenders alertaron sobre su uso, debido al acceso a información personal innecesaria para combatir la pandemia.
La empresa desarrolladora de origen israelí Intelligent Properties LLC tenía acceso a toda la información que recolectaba la aplicación a los usuarios. Según la alerta, de los 19 permisos que solicitaba, seis podrían considerarse como demasiado intrusivos.
Al instalar la aplicación se autorizaba a la plataforma conocer la actividad que la persona realizaba en la aplicación y tenía cuatro rastreadores: Facebook Analytics, Facebook login, Facebook Share y Google Firebase Analytics.
VIGILANCIA DESDE EL SECTOR PRIVADO
La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también develó un caso de vigilancia desde el sector privado, en el que señaló al exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, de haber ordenado el espionaje, sin la debida orden judicial, a personas particulares y a miembros del partido político Semilla.
Lo anterior se realizó cuando Valladares Urruela ejercía un alto cargo en la empresa Tigo, lo que le permitió realizar las escuchas y seguimientos.
