CLACSO: Guatemala en una coyuntura que expresa diversas crisis: estructural, política, ambiental, sanitaria y humanitaria

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Créditos: David Toro
Tiempo de lectura: 2 minutos

2 de diciembre 2020


El impacto por la pandemia del Covid-19 vino a develar con toda crudeza la realidad de un país con altos niveles de pobreza, pobreza extrema, y el abandono estatal de su función de garantizar los derechos básicos a la salud, la educación, al empleo digno y a la seguridad ciudadana.

Aunado a la crisis sanitaria y humanitaria, el accionar de la clase política es abiertamente impopular, y el organismo ejecutivo viene tomando decisiones que debilitan los mecanismos creados para la garantía de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, basados en los Acuerdos de Paz.

La respuesta estatal ha sido errática, poco transparente y no ha llegado a las familias en condiciones de mayor precariedad, pero también ha violentado los derechos laborales del personal de salud y de la población en general, porque no se han garantizado servicios de salud eficientes y dignos para quienes han sufrido el contagio del Covid-19. Las medidas adoptadas incluyen el endeudamiento externo que causará una carga fiscal para la ciudadanía a mediano y largo plazos comprometiendo el futuro de las generaciones venideras.

Así también la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en las comunidades rurales e indígenas. A esto se suman las acciones contra periodistas y comunicadoras, y recientemente el uso desmedido de la violencia de las fuerzas de seguridad nacional contra manifestaciones pacíficas en varias plazas del país.

En este marco desde el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) expresamos:

Condena por las violaciones a derechos humanos fundamentales como la manifestación social, la libre emisión del pensamiento y la libre locomoción, ocurridas el día 21 de noviembre en las calles de varias ciudades en Guatemala, contra mujeres, hombres, niñas y niños que participaban en una protesta pacífica convocada para expresar su descontento ante la aprobación de un presupuesto nacional contrario a las demandas y necesidades de la mayoría de la población, ya empobrecida como efecto de la pandemia por el Covid-19, y afectada por el paso de dos huracanes, en menos de dos semanas, que arrasaron con casas, cultivos y todo medio de vida para miles de familias.

Censura por el accionar de las fuerzas de seguridad, desproporcionado y arbitrario, que pretende provocar temor y criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, realizando capturas ilegales y usando procedimientos contrarios a la normativa contenida en tratados internacionales de los cuales el Estado de Guatemala es signatario. Todo esto constituye un retroceso a décadas anteriores cuando el país enfrentó un conflicto armado interno que causó miles de víctimas, la mayoría indígenas y del área rural.

Hacemos un llamado a las instancias académicas regionales e internacionales en todo el mundo, a una observación activa permanente, para estar atentos a lo que suceda, instando al Estado de Guatemala a respetar la vida y los derechos de la ciudadanía guatemalteca.

Instamos al Estado de Guatemala a respetar los derechos fundamentales de la población; y en forma especial los derechos a la comunicación (libertad de expresión, acceso a la información, a informar e investigar), fundamentales en la construcción de la vida democrática de una nación.

Autoría y edición

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