Por Norma Sancir
El pasado 29 de diciembre, fecha que se conmemoraron 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz, en la cabecera del departamento de Chiquimula se reunieron representantes del Ministerio de Energía de Minas, autoridades municipales y departamentales, Consejo Indígena Maya Ch’ orti’ de Olopa, Procuraduria de Derechos Humanos (PDH) e Iglesia local para discutir los conflictos por la minería en el departamento de Chiquimula.
Durante la reunión que se realizó en la municipalidad de la cabecera de Chiquimula, el representante del MEM, indicó que hay 55 solicitudes de derechos mineros en los municipios de Camotán, San Juan la Ermita, San José la Arada, San Luís Jilotepeque, Ipala, Esquipulas, Concepción las Minas y Olopa.
También agregó que existen 13 licencias de exploración autorizadas y dos de explotación en el área del Corredor Seco, ubicada en el departamento de Chiquimula. Las licencias autorizadas son para explotación de metales y material para el desarrollo, según explicó el representante del MEM.
En la cabecera departamental se encuentra en actividades de explotación el proyecto el Pato 2, en la aldea que lleva el mismo nombre.
Representantes del Consejo Indígena Maya Ch´orti´, de Olopa, expusieron el caso de la mina Cantera “los Manantiales” y los conflictos que ha causado. Juvelino Leiva, autoridad indígena, explicó que actualmente tienen un amparo provisional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspende las operaciones de explotación minera. “Llevamos una lucha desde 2016, las compañías mineras han violado los derechos de los pueblos”, expuso la autoridad ancestral. Además, solicitó que estas licencias sean canceladas, pues afecta a los pueblos, contaminan el agua, talan los bosques, “pedimos desde los pueblos originarios respetar nuestros derechos y nuestras decisiones”, concluyó Leiva.
Los alcaldes expusieron al diputado distrital Ignacio Quijada, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que no tenían conocimiento de estas licencias, por lo que solicitaron al MEM que no autorice licencias de explotación minera sin la consulta a los pueblos, pues esto solo ha ocasionado conflictos como el caso de la minera que opera en el municipio de Olopa.
“Como alcaldes de Chiquimula, debemos informar a los pobladores que no somos nosotros quienes estamos autorizando si hacemos una consulta popular, en Ipala no van a permitir que se abra una mina”, planteó Esduin Javier, alcalde de ese municipio.
Por otro lado, Jorge Lemus Espinoza, alcalde del municipio de Olopa, dijo que la minera ha provocado derrumbes, enfermedades, conflictos y pobreza en el municipio. “La gente está tomando agua puro chilate”, narró la autoridad municipal y agregó que la consulta a las comunidades es importante.
Por su parte, el religioso Mario Canan, de la parroquia de San Francisco de Asís, de la cabecera de Chiquimula, expresó su desacuerdo con los proyectos mineros, porque destruyen y ponen en conflicto a las comunidades. “Tengo conocimiento de la minería Pato porque viajo para allá y ahí dice que tienen licencias de la municipalidad”, solicitó que se siembren árboles por la destrucción que ya se realizó, que se cancele la mina el Pato, que no engañen a los pobres y que se respete los derechos de los pueblos.
Ubaldino García, de la resistencia contra la minería en el municipio de Olopa, quien acompaña al Consejo Indígena argumentó que la obligación del Estado es respetar los derechos de los pueblos indígenas y las leyes nacionales e internacionales que les amparan.
García explicó, además, que las tres sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) mandaron que se realice la consulta en los casos de los proyectos de extracción en el territorio del pueblo Xinka, en San Rafael las Flores, Jalapa; el pueblo q’ eqchi’, en Santa María Cahabón; y la población de la resistencia la Puya, en San José del Golfo.
Según el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), en el departamento de Chiquimula hay 58 licencias solicitadas, dentro de ellas de explotación y exploración minera, según información en la solicitud número expediente 410-2020, al MEN a través de la Unidad de Información Pública.
