Por David Toro
La fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público (MP) capturó a dos personas que integraban una estructura autodenominada “Bufete de Abogados VIP” que se dedicaba a engañar a exfuncionarios públicos sindicados de corrupción para obtener grandes sumas de dinero a cambio de supuestamente mover sus contactos para retirar las denuncias en su contra.
Rommel Francisco González Pinto y Nancy Noemi Aquino Montenegro fueron capturados este 15 de diciembre, informó el fiscal Stuardo Campo jefe de la fiscalía contra la corrupción, quien añadió que ambos han sido señalados por hacerse pasar por abogados y funcionarios públicos, localizaban a exfuncionarios sindicados de diferentes ilícitos y les pedían dinero a cambio de supuestamente mover sus influencias en el Organismo Judicial y en el MP para desestimar las investigaciones en su contra.
Campo detalló que hay indicios que hacen pensar que Nancy Aquino era la encargada de llamar a fiscales de sección que tenían a su cargo procesos de investigación por diversos casos de corrupción, se hacía pasar por asistente del diputado y actual presidente del Congreso Allan Rodríguez y exigía que se desestimaran las acusaciones contra personas en específico y los amenazaba diciendo que serían trasladados a fiscalías de municipios lejanos del país.
La fiscalía contra la corrupción tuvo conocimiento del supuesto “Bufete de Abogados VIP”, gracias a la denuncia de uno de los exfuncionarios que cayó en la trampa de los ahora capturados, el fiscal Campo indicó que lo expuesto hoy en una conferencia de prensa es preliminar, podrían haber más personas implicadas y no se descarta la complicidad de funcionarios públicos.
Campo detalló que el allanamiento de esta mañana en la zona 11 de la ciudad capital otorgará información valiosa para avanzar en la investigación ya que se decomisó computadoras y celulares que pertenecen a las dos personas capturadas y como la forma de operar era a través de llamadas y correos, esto les otorgará mayores evidencias sobre la actividad criminal.
La importancia de este caso, a criterio del fiscal Campo, es que este tipo de actividades ilícitas restan credibilidad a las instituciones públicas y por eso deben ser investigadas.
