Por Regina Pérez
Autoridades ixiles, xincas, tzutujiles y kaqchikeles presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) inconstitucionalidades contra la Ley de Minería, la Ley General de Electricidad y la Ley Orgánica del Presupuesto, por considerar que dichas normativas violan su derechos, al no regular el uso del agua, como ordena la Constitución y al no respetar las tierras comunales.
Miguel de León Ceto, de la alcaldía indígena ixil en Nebaj, señaló que una de las preocupaciones de las autoridades indígenas y ancestrales es el uso indiscriminado del agua que realizan las empresas en territorios indígenas, sin que haya una regulación para eso.
Tanto la Ley General de Electricidad como la Ley de Minería violan el artículo 127 de la Constitución, porque la carta magna señala que se tiene que emitir una ley sobre el uso del agua, sin embargo esa ley no existe, dijo de León Ceto.
De acuerdo con el entrevistado, las empresas mineras e hidroeléctricas hacen uso de los recursos hídricos sin que exista una regulación específica como manda la Constitución y por ello consideran que las empresas la violan.
De León Ceto señaló que si se norma el uso del agua en una Ley, las autoridades indígenas deberían tener participación en la elaboración de la normativa, junto con el Congreso, porque no pueden emitir una ley específica sin hacer una consulta a los pueblos indígenas.
Tiene que ser consensuada (la ley) con los pueblos originarios, porque los ríos están ubicados en tierras y comunidades indígenas, indicó.
En el caso de la acción presentada contra la Ley Orgánica del Presupuesto, es porque para la realización de obras públicas en propiedades comunales se deben dividir los terrenos y registrarse a nombre de la institución del Estado que realizará el proyecto.
Esto afecta nuestro título comunal, la CC ha dicho que no se debe dividir y la misma Constitución en su artículo 67 es clara en decir que el Estado debe respetar la forma y la tenencia de las tierras de los pueblos indígenas, manifestó.
