Abogados: los chuchos de la finca

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Créditos: Fernando Espina
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Fernando Espina*

Si Guatemala es una finca, los abogados son los chuchos amaestrados para cuidarla.

El debate alrededor de la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por organizaciones sociales, campesinas, indígenas y estudiantiles, me ha hecho recordar el desagrado que siento por el gremio profesional al que pertenezco: el de los abogados.

Nueve de cada diez abogados se dedican a defender en redes sociales, medios y blogs la actual Constitución. “Legalmente no se puede”, dicen los más básicos. “No es el momento”, sostienen los que usan un poco más la razón. Muy pocos respaldamos la idea de una Constituyente.

Los abogados están (de)formados para eso. En las facultades de derecho no nos enseñan a pensar (a ejercer el criterio), nos enseñan a repetir como loros las leyes y a defenderlas a capa y espada. Uno de los primeros principios del derecho que se debe memorizar dice: ¡Dura lex, sed lex! Algo así como: “La ley es dura, pero es la ley”. Lo que algunos profesores más burdos traducen como: “La ley es como la mamá de uno. Aunque sea mala, fea o gorda, se le debe respetar”, ¡vaya misoginia!

No recuerdo que en cinco años de carrera algún profesor me haya enseñado o motivado a cuestionar la ley, a preguntarme ¿por qué existe esa ley? ¿quién la inventó? O como ahora se estila ¿quién pago para que el Congreso aprobara esa ley y con qué interés? Todo era repetir, memorizar y defender la ley. Repetir, memorizar y defender la ley. ¡Dura lex, sed lex! No es ninguna casualidad que esa sea la forma de enseñar en las facultades de derecho. Así quiere el sistema a sus abogados. Así le sirven. Los abogados son la policía del statu quo (el estado actual de las cosas), los represores anticonstituyentes (dan palo psicológicamente a la ciudadanía diciéndole que fuera de lo que hay nada es viable).

No puedo decir que los abogados de antes fuesen mejores que los de ahora. Sin embargo, sí puedo decir que con los años la cosa ha venido a peor. Más o menos a partir de 2003, un abogado que hoy guarda prisión preventiva por el caso “Comisiones paralelas” diseñó e implementó el sistema de cooptación de la justicia a través de las Comisiones de Postulación. Para eso necesitaba muchas facultades de derecho y ejércitos de abogados-voto a su servicio.

Desde las nuevas facultades de derecho que son “desagües” de malos estudiantes, salen como cucarachas en la oscuridad miles de “abogados” a devorar, a ritmo de cumbia, las sobras que las “agrupaciones gremiales” les arrojan al suelo en las elecciones del Colegio de Abogados y de la USAC, a cambio de votos que a sus líderes les permiten secuestrar la justicia y ponerla al servicio, paga de por medio, de los de siempre: de los empresarios y políticos corruptos.

Esas facultades de derecho que son “desagües” gradúan abogados por manojos, sin ninguna calidad académica, mucho menos ética. Les urgen sus votos y su lealtad para colocarlos a entorpecer las instancias de justicia: Ministerio Público, juzgados, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Supremo Electoral, cortes, etc. No es casualidad que la justicia solo pique a los descalzos. Así es de triste y cierto.

Historicamente los abogados han sido retratados sirviendo al poderoso y dándole la espalda al pueblo. Haciendo las leyes y adecuando la justicia en favor del poder al que sirven: para cosolidar privilegios, para garantizar impunidad, para reprimir a los inconformes, para castigar enemigos. Siempre suelen ponerse al servicio del mejor postor.  

Muchos abogados tienen bastante culpa de la crisis que vivimos en el país. Son los creadores o cómplices de la cooptación de la justicia, del diseño y construcción de mecanismos legales para el saqueo de las arcas públicas, de los mantos de impunidad con la que se tapan políticos, empresarios y abogados corruptos para no pagar por sus crímenes por el robo descarado de los fondos públicos.

Sin embargo, la misma Constitución que ellos defienden dice que “el poder proviene del pueblo”(artículo 152), que el fin supremo del Estado es “la realización del bien común” (artículo 1) y que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos” (artículo 173).

Si el poder público proviene del pueblo y el pueblo no está de acuerdo con la forma constitucional en que ese poder se organiza en el Estado, ¿quiénes son los abogados para impedirle al pueblo cambiar esas reglas?

Los abogados deberíamos apoyar al pueblo a darle forma a sus peticiones ante el poder público. La ley y la Constitución son fotografías de un momento determinado en un contexto determinado. Creer que las sociedades y las condiciones no cambian y que las leyes no deben adecuarse a ellas es el principal elemento para revoluciones no necesariamente pacificas. La ley y las Constituciones deben adecuarse a los cambios de los pueblos a quienes se deben y no al revés.

Yo soy un firme creyente de que una Asamblea Constituyente sí es posible. El Congreso o el Pesidente de la República deberían pedir al Tribunal Supremo Electoral que organice una Consulta Popular (según el artículo 173 constitucional) para preguntarle a la población si quiere que se convoque a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Si el pueblo dice que sí, el poder público debe hacerla realidad.

*Abogado con estudios superiores especializados en el Estado y administración pública.

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