Seguridad social universal para América Latina y el Caribe ¿El Banco Interamericano de Desarrollo está proponiendo el fin del neoliberalismo en la región?

COMPARTE

Créditos: Archivo
Tiempo de lectura: 4 minutos

A partir del desarrollo industrializador iniciado en América Latina en la década de 1930 e impulsado sobremanera con la Segunda Guerra Mundial se dio un cuestionamiento y desmantelamiento del Estado oligárquico que mantenía los beneficios de la integración de la región al mercado mundial en unos cuantos y selectos grupos de latinoamericanos.

Producto de ello, en todos los países de la región, aunque con distintos resultados, se construyeron Estados que buscaban que los beneficios de la modernidad capitalista se extendieran hacía sectores más amplios de la población. La modernización forzada de los grupos indígenas, la conversión a obreros de los grupos de migrantes del campo a la ciudad, la expansión a costa del erario de los servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura urbana, así como el aumento en el número de personas contratadas por el Estado, conformaron el mayor crecimiento en la historia de la clase media regional. Era el Estado benefactor latinoamericano.

Sin embargo, ese modelo nunca pudo desplegarse totalmente. Hacía la década de 1970, la modernización por sustitución de importaciones se agotó. El sistema económico mundial y las propias falencias del Estado benefactor latinoamericano impidieron la tercera fase de la industrialización: máquinas que producen máquinas. El pleno empleo nunca se logró mientras se aceleraba la urbanización de América Latina, lo que produjo altas tasas de empleos informales que carecían de la protección social. Trabajos sin ningún tipo de garantías de permanencia, sin salarios adecuados, sin cotizaciones que permitiera el acceso al sistema de salud, vivienda y a una pensión por jubilación, era la realidad para más de la mitad de los latinoamericanos en edad de trabajar.

Las recetas neoliberales fueron prometidas como la salvación de nuestros países. La eliminación de aranceles a las importaciones y exportaciones, la disminución de los impuestos a la producción y el libre flujo de los capitales internacionales, acompañados con la desestatización de empresas de servicios públicos, el despido de burócratas y la disminución de la inversión estatal en seguridad social, decían los neoliberales, iban a generar tal cantidad de nuevos empleos que se podría abatir la pobreza y marginación en el subcontinente.

Aunque desde años atrás ya se veían claramente los reales resultados del neoliberalismo: precarización del trabajo impulsada como flexibilidad laboral; alza en el costo de los servicios públicos ahora privatizados; aumento de la marginación y exclusión de los latinoamericanos y latinoamericanas incapaces de incorporarse a la seguridad social ahora en manos de los empresarios nacionales y extranjeros; el cierre de las posibilidades reales de acceso en América Latina al trabajo, educación, salud, vivienda y pensión por jubilación, entre otras, fueron potencializadas y evidenciadas masivamente con la pandemia por la covid-19.

El riesgo eminente de colapso de los sistemas de salud públicos, desfinanciados permanentemente por las políticas neoliberales, obligaron a las administraciones de salud nacionales a decretar cuarentenas. Millones de personas se vieron confinadas en sus casas temerosas de contagiarse por el virus SARS COV-2 y no poder recibir ningún tipo de auxilio. En Ecuador fueron dramáticas las imágenes de personas muertas en las calles por los efectos de la covid-19, cuyos familiares estaban incapacitados de trasladarlos a un hospital para su atención o de poder enterrarlos dignamente. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre marzo y octubre de 2020 han perdido su trabajo, en tan solo 11 de los países que componen la región, más de 25 millones de latinoamericanos. Además de verse palmariamente los riesgos que corren diariamente los y las habitantes de esta parte del mundo por la flexibilización laboral: despidos sin remuneración, disminución unilateral del salario y que los trabajadores se vieran obligados a subsidiar a sus empleadores por la vía de asumir los costos del teletrabajo.

Ante esa situación, en el texto “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el Covid 19?”, el Banco Interamericano de Desarrollo propone una medida revolucionaria: la universalización del sistema de seguridad social en América Latina.

A primeras luces, se podría interpretar que el organismo internacional reconoce el fracaso del neoliberalismo y el retorno al modelo del Estado benefactor y de bienestar que inició su implementación en la región hace ya casi 90 años. Esta impresión se vuelve más fuerte cuando se lee que para el Banco Interamericano de Desarrollo el ente encargado de instrumentalizar y garantizar el sistema de seguridad social universal que propone es el Estado.

Pero, ¿El BID está proponiendo el regreso de un Estado fuerte?, ¿el organismo regional propone que el nuevo Estado latinoamericano sea redistribuidor de la riqueza nacional?, ¿el Banco Interamericano de Desarrollo está impulsando un Estado con poderes amplios para regular y cobrar impuestos al sector privado?, ¿uno de los impulsores del Estado neoliberal en la región está recomendando la destrucción de su propia obra?, ¿la bruja de Blancanieves le proporciona el antídoto después de darle la manzana envenenada? No.

La propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar un sistema de seguridad social universal en América Latina y el Caribe no descansa en el establecimiento de nuevos impuestos y obligaciones a los empresarios regionales y extranjeros. Ni siquiera en que estos se vean obligados a cumplir con las diezmadas legislaciones nacionales. El BID no está proponiendo el desmantelamiento de la base primigenia del capitalismo neoliberal. El dejar pasar, dejar hacer impuesto por el BID, el FMI y el BM, a las relaciones entre capital y Estado queda a salvo.

El Banco Interamericano de Desarrollo propone que el sistema de seguridad social de América Latina y el Caribe sea financiado con impuestos al consumo, especialmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un impuesto de pago obligado para los consumidores, pero no necesariamente para los empresarios que lo recaudan.

Resultado de esta propuesta “revolucionaria” no debe de extrañar que los próximos prestamos a los gobiernos por parte del sistema de crédito internacional estén condicionados a políticas de recaudación más agresivas, a la disminución del gasto público, al incremento en la edad legalmente establecida para optar por la jubilación y a compromisos gubernamentales a la construcción del dichoso sistema de seguridad social universal. Tampoco debe de extrañar que en el próximo año se empiece a hablar de la “necesidad” de un aumento de los impuestos al consumo por parte de autoridades hacendarias, partidos políticos y gobernantes.

El documento “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el Covid 19?”, dado a conocer recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, es una de las llamadas a salida de la bestia del apocalipsis que significa continuar garantizando estructuralmente el modelo de acumulación excluyente del neoliberalismo.

Disminuir el poder de compra de las masas latinoamericanas a cambio de la promesa de contar con seguridad social es la celada que esta proponiendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Más pobreza, exclusión, marginación para el grueso de los latinoamericanos es lo que garantiza la propuesta del BID. Con su consecuente aumento exponencial de la conflictividad social en la región. ¿Cuántos gobiernos caerán en la trampa?

Comentarios y sugerencias: [email protected]

Autoría y edición

Licenciatura, maestría y doctorado sobre Historia de América Latina en la UNAM de México.

COMPARTE