Por Regina Pérez
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el investigador y docente Silvio Gramajo, manifestaron que la iniciativa 5792, que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tiene graves problemas de fondo, entre los que señalan la falta de consenso con la sociedad civil, la falta de autonomía del nuevo ente que se crea y su vulnerabilidad ante posible captura con fines políticos.
Mañana el Congreso buscará discutir en primer debate el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Alejandro de León, de Podemos, no obstante la resolución no fue analizada con la sociedad civil y tampoco se esperaron los aportes del Procurador de Derechos Humanos, que es el ente regulador de la Ley de Acceso a la Información.
Tanto el ICEFI como Gramajo señalan que aunque en la iniciativa se invoca el estándar de la Organización de Estados Americanos (OEA), para proponer las reformas, no hubo una convocatoria a la sociedad civil.
“Contrario a la recomendado por la OEA, la discusión de esta propuesta no fue pública, abierta e incluyente y con ello marginó puntos de vista sobre la conveniencia y alcance de una reforma a la LAIP”, señaló el Instituto.
Otro punto señalado por el ICEFI es que la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP) es altamente vulnerable a la captura con fines políticos por lo que violenta las recomendaciones de la OEA en términos de independencia.
Por su parte, Gramajo señala que existe un problema de autonomía en la manera en que se va a nombrar al titular, cuál será su perfil y como será removido del puesto. Es extraño que esté en manos dela Comisión de Probidad y Transparencia y no en la de Derechos Humanos, dijo Gramajo.
También coincide en que el perfil no está blindado antes cuestiones políticas.
“Cualquier persona puede ser nombrada, para evitar esto hay que blindarlo y crear un perfil que llene con los requisitos”, manifestó. El acceso a la información pública es un asunto de experticia, que se tuvo que haber privilegiado en el perfil y solo hay una parte donde se refiere a eso, indicó Gramajo
Otro punto que menciona es la remoción del titular del nuevo ente que se busca crear, en este caso la ONAIP. En la iniciativa dice que es por incumplimiento de deberes pero no dice quién lo remueve y bajo qué procedimientos, expresó.
Para dar la autonomía se deben establecer procesos claros en el ente nominador, en este caso en el Congreso, qué perfil tienen los candidatos y mecanismos claros para que la persona cese en el cargo. De esa manera evita que sean removidos por cualquier motivo, opinó.
Otro problema de fondo es que al crear una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública y quitarle el cargo a la PDH para que siga exactamente igual no tiene sentido, señaló.
Un ente regulador de acceso a la información se convierte en el garante ante el incumplimiento de ese derecho. Esa es la fortaleza y garantía de tener una autoridad reguladora cuando usan el modelo de ente autónomo, concluyó.
Por su parte, el ICEFI señala que el nombramiento y remoción de las autoridades superiores del ONAIP sería muy volátil.
También critica que dentro de las atribuciones de la ONAIP no se incluye la facultad para resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados de la LAIP, contrario a las facultades que tienen los institutos de acceso a la información en otros países.
En Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) es la encargada de realizar los recursos de revisión.
En el término de sanciones, se corre el riesgo de que acciones destinadas a bloquear el cumplimiento de la Ley, se resuelvan con el pago de una multa, señaló el ICEFI.
“Debido a la gravedad de estas anomalías, el ICEFI recomienda al Congreso no aprobar la versión dictaminada de la ley número 5792”, indicó esa organización.
