Créditos: Sandra Sebastián
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Por David Toro

Un grupo de periodistas independientes manifestó hoy frente a la sede del Ministerio Público (MP) para rechazar los ataques que han recibido durante 2020 y para exigir protección y seguridad al Estado; además, consideran que la decisión de una jueza de Quiché de ligar a proceso penal a la periodista Anastasia Mejía por sedición y atentado podría fijar un precedente negativo al trabajo que realizan las y los comunicadores en el país.

El 28 de octubre la jueza Susy Pérez del Juzgado de primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché decidió ligar a proceso a Anastasía Mejía Tiquiriz por los delitos de sedición y atentado agravado a la periodista de Joyabaj. Diversos sectores se pronunciaron y elevaron la voz de alerta sobre las acciones que buscan judicializar y criminalizar la labor periodística en el país.

Durante una conferencia de prensa, organizada por periodistas autoconvocados de diferentes medios de comunicación, Miguel Ángel Albizures, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) declaró que el proceso judicial en contra de Mejía Tiriquiz constituye una amenaza contra todos los periodistas. “Por las formas en las que se está ejerciendo represión, discriminación y cierre de espacios a los periodistas, que demuestran un deterioro notable del derecho a la libertad de expresión”, resaltó.

En opinión de Albizures, el caso de Mejía Tiriquiz define un patrón de los ataques contra periodistas en el país, porque se trata de agresiones normalmente ejecutadas por funcionarios públicos, en este caso el denunciante fue el alcalde del municipio de Joyabaj, Quiché, Florencio Carrascoza. “Esto es una actitud de represión desde el Estado para vedar la opinión”, destacó Albizures.

“Anastasia no cometió un delito, fue criminalizada”

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), intervino durante la acción pública de los periodistas y explicó que Mejía fue ligada a proceso sin haber cometido un delito. “Se trató de una detención arbitraria, ella estaba reportando una manifestación en Joyabaj, estaba cumpliendo con su función, además no puede ser perseguida por ser contraria al alcalde, el artículo 5 de la Constitución Política prohíbe que las personas sean perseguidas por sus opiniones”, agregó.

La resolución de la jueza Pérez en Joyabaj es “un precedente peligroso que atenta contra la libertad de expresión”, explicó Nelton Rivera, periodista investigador de Prensa Comunitaria. “Si se sienta el precedente que Anastasia sea procesada por sedición y atentado, mañana cualquier otro periodista podría ser juzgado por esos mismos delitos”, enfatizó Rivera.

El grupo de periodistas indignados por el aumento notable de violaciones a la libertad de expresión durante el 2020, informó que decidieron realizar la manifestación frente al Ministerio Público (MP), como medida de presión a la fiscal general Consuelo Porras, debido a que durante su gestión, fiscales como Casimiro Hernández de Joyabaj han propiciado la criminalización contra periodistas, como sucedió en el caso contra Mejía Tiriquiz.

La periodista Evelyn Blanck que actualmente coordina la oenegé “Centro Civitas”, que defiende la libertad de expresión y la labor periodística, concluyó que este acto espontáneo de las y los periodistas que laboran en medios independientes, no se realizó solo por los sucesos coyunturales, sino también por varias décadas de abandono e irrespeto estatal a los derechos de las y los periodistas.

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