MP logra que más de la mitad de manifestantes pasara una segunda noche en carceletas

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Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Simón Antonio Ramón

Un grupo de 14 personas de 43 que fueron detenidas durante la manifestación contra el presupuesto para 2021 el sábado 21 de noviembre en los alrededores del Congreso, recuperaron su libertad luego de que el juez de turno declaró falta de méritos por los delitos de desorden público, atentado y manifestaciones, la noche del domingo 22 de noviembre.

Las contradicciones de la fiscalía

Al inicio de las audiencias el Ministerio Público (MP) solo atribuyó tres delitos. Posteriormente agregó un cuarto: depredación del patrimonio nacional; haciendo que los detenidos tuvieran que esperar una audiencia en un juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente y Narcoactividad, alargando la espera de quienes ya había sido declarados de falta de mérito por los delitos iniciales.  

El juez Mario Godoy declaró falta de méritos a favor un grupo de nueve personas que fueron detenidas en diferentes puntos de la zona 1, aunque el reporte policial presentado por la fiscalía, presentó como principal argumento que fueron detenidos en la 7a avenida y 9 calle esquina de la zona 1.

En el caso de Roxana Abigail Coronado Choc, quien trabaja en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhadg) y su hijo José Pablo Fuentes Coronado; Claudia Salguero, prima de Roxana y su hija Mavelyn Lourdes Guzmán, fueron detenidas en la 6a avenida y 11 calle de la zona 1. El informe policial dijo que fueron detenidas a las 18:55 horas, pero la abogada Jovita Tzul mostró que en una transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook que inició Roxana Abigail comenzó las 18:55 y terminó a las 19:00 horas, evidenciando la incoherencia en el reporte de la policía.

Asimismo, Claudia Salguero denunció ante el juez que su hija fue golpeada con un bate en la frente y a José Pablo lo condujeron en la palangana de la patrulla acostado bocabajo y un policía le tenía el pie sobre la mejilla.

En el caso de José Rodrigo Mazariegos, Saúl Juan Pablo López, Henry López y Erick Hernández, estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el decreto 33-2020, posteriormente se dirigieron hacia la plaza central, y finalmente caminaron en dirección hacia el Paraninfo Universitario y fueron detenidos por la policía en la 14 calle y 4ª avenida de la zona 1.

En la audiencia, Juan Pablo López declaró que mostró un carné de prensa y le fue arrebatado por la policía; José Pablo Sagastume estaba grabando con su teléfono la entrada del camión de agua de la Policía Nacional Civil (PNC) en las gradas del Portal del Comercio enfrente de la Catedral Metropolitana sobre la 7ª avenida y 8ª calle cuando fue detenido.

Para la abogada Tzul la forma de operar de la fiscalía “es contradictoria, en la plataforma fáctica del MP, las declaraciones de los agentes de la PNC”. “Hay una imputación colectiva y no individual, sin determinar la participación de mis patrocinadas” agregó.

Ante los alegatos de las personas fiscales del MP el juez dijo: “Hay distorsión conforme a hechos, tiempo y lugar” (…) “No voy a ligar a proceso a una persona por declaraciones”.

Abogada pide iniciar investigación contra policías

La abogada Tzul, quien defendió a Claudia Salguero y su hija Mavelyn Lourdes Guzmán, pidió al juez que se certifique lo conducente contra los agentes de policía que agredieron tanto a los detenidos como a otros manifestantes. El juez resolvió accedió a la petición y ordenó iniciar las investigaciones en contra de los agentes y la cadena de mando de la PNC.

Valoraciones

Para la representante estudiantil dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), Neidy Morales, la decisión del juez de ordenar certificar lo conducente es un avance importante para esclarecer la violencia policial. “Es necesario que se garantice el libre ejercicio de los derechos constitucionales de cada guatemalteco y guatemalteca en ese caso a la libre manifestación”. “No se debe permitir poner en riesgo la seguridad ciudadana en un estado democrático de derecho”, aseguró.

En su cuenta de Twitter, Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (Udefegua) dijo que las actuaciones de la Fiscalía desgastan el sistema de justicia. “El MP ha provocado un enorme costo al sistema de justicia por su mediocre trabajo. En todas las audiencias los jueces los han regañado. Queda evidenciado el abuso de poder por parte de la PNC”, escribió.

Este lunes se espera que las personas que están pendientes de audiencia sean escuchadas por un juez de primera instancia penal por el delito de depredación del patrimonio nacional. 

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

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