Por Regina Pérez
La aprobación de un Presupuesto que no vela por la mejora en las condiciones de vida de la población fue un detonante para la protesta ciudadana del 21 de noviembre, que fue reprimida de manera innecesaria.
En un año marcado por la pandemia de la covid-19, desastres provocados por tormentas tropicales y un deterioro general en las condiciones de vida de los guatemaltecos, el proceder del Congreso nuevamente ha generado una reacción ciudadana que ha dirigido su indignación hacia ese Organismo, que desde que inició la legislatura se ha caracterizado por su deterioro.
Como antecedente, el profesor e investigador universitario Ricardo Sáenz de Tejada explica la configuración del Congreso en la actual legislatura que desde el primer día que tomó posesión el oficialismo construyó su base de poder en torno a una “coalición espuria”; y por otro lado, un sistema de intercambios en las votaciones, en que a los diputados se les premia con plazas, recursos para obras y se rumora que también sobornos.
Desde el primer día de la legislatura tenemos un Congreso que está muy deteriorado y cuestionado por la forma en que se maneja, señala.
ACUMULACIÓN DE AGRAVIOS
De acuerdo con Sáenz de Tejada, además en 2020 se ha observado una acumulación de agravios en contra la población, desde la forma en que se manejaron las políticas sociales y públicas para atender la pandemia de la covid, que fueron tardías y con errores, que han reproducido las desigualdades sociales, al atender primero a la población urbana y postergado a la población rural.
A esto se suma el manejo deficiente de la crisis provocada por las tormentas tropicales Eta e Iota que azotaron al país en noviembre, el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias urbanas como consecuencia de la pandemia, que se contrajo por el desempleo, los profesionales independientes vieron mermados sus ingresos y en general, señales inequívocas del aumento del costo de la vida.
¿Por qué esto se ha cristalizado en el Congreso? A decir de Sáenz, en las encuestas de cultura política tanto los partidos políticos como el Legislativo están entre las entidades más cuestionadas. En el caso de la actual legislatura se observa un manejo autoritario, abusivo y con poca sensibilidad hacia la población.
“La aprobación del Presupuesto, la forma en que se hizo, con arrogancia y prepotencia de los diputados, lo que hacen es sumar un nuevo agravio que lo que hizo fue disparar y acelerar la inconformidad social y desencadenar una primera protesta que fue reprimida innecesariamente”, señala Sáenz.
La situación que ahora enfrentamos es, si observamos la sesión del Congreso, como hay temor, temen a la movilización popular pero no encuentran una vía para restablecer cierto marco de gobernanza, opina.
RAPIÑA DE LOS FONDOS PÚBLICOS
Por su parte, el analista político independiente, Otto Zeissig, señala que lo que sucede actualmente no es un episodio aislado de toda la crisis que se desató en 2015. Una de las aristas que se desnudaron en 2015 fue la rapiña que ocurre con los fondos públicos, a la vez que se deteriora gravemente la prestación de los servicios públicos y se resignan las posibilidades de desarrollo en muchos aspectos de la vida nacional.
“Hay claros bolsones de fondos públicos y cada vez mayores en los que hay sospecha razonable de que se utilizan de manera perversa”, señala.
En esta ocasión, con la aprobación del Presupuesto se agrega otro ingrediente, que es el abandono de la disciplina fiscal con la que el país ha abordado el presupuesto y el financiamiento público. Y este tema afecta a otros sectores, incluso a los sectores económicos poderosos y financieros, indicó.
Por otro lado, para Zeissig, la forma en que el Congreso aprobó el Presupuesto es inaceptable, al emitir un dictamen, darle trámite de urgencia nacional y aprobarlo sin ninguna discusión ni posibilidad de cuestionamiento por parte de la sociedad civil.
Pienso que ninguna ley debería aprobarse de esa manera, es una práctica de cualquier Parlamento trabajar con apertura a la sociedad y cuando eso sucede, no solo hay una consideración al trabajo legislativo, mejoran mucho los productos cuando las leyes son consultadas, opina.
PRÁCTICAS CONTINÚAN
Ayer, los congresistas sesionaron en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y nuevamente se observó un actuar propio de ese organismo, que incluyó peleas entre los diputados y diputadas, la protección del actuar del Ministro de Gobernación, Gendri Reyes y el director de la Policía Nacional Civil al blindarlos de una posible destitución y un intento de conformar una comisión pesquisidora exprés para enjuiciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela.
Sobre el intento de conformar una comisión pesquisidora para antejuiciar a los magistrados, Sáenz indica que se observa lo que en su momento denunció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de que una de las características de las Redes Político Económico Ilícitas (RPEI) es su capacidad para producir y vender impunidad y para ello requieren cooptar el sistema de justicia.
Ante ello, esos magistrados de la CC han sido un obstáculo de contención frente a esas intenciones.
Lo que vemos es que esa coalición que se expresa en el gobierno pero que está representado en el Organismo Ejecutivo, sigue priorizando sus intereses para cooptar el sistema de justicia para garantizarse impunidad, indicó Sáenz.
En tanto Zeissig considera que con esta actitud los diputados están exacerbando la crisis política y las consecuencias pueden ser muy graves.
“No solo no ha cambiado el actuar del Congreso, yo creo que día a día se deteriora el clima que permitiría en algún momento avanzar en una agenda de país”. Añade que todo esto sucede en el primer año de legislatura, lo cual en su opinión, puede derivar en los próximos tres años en una prolongación de la crisis que le hace muy mal al país.
“Considerar la voz de la oposición, de las minorías, en un Congreso es una responsabilidad política muy grande, tiene beneficios a su trabajo legislativo y a la estabilidad política del país”, indica el analista, no obstante, no se ha propiciado un clima de discusión de altura.
Aunque la aprobación del Presupuesto fue el detonante, este año también se ha observado como los diputados han continuado con su intento de desaforar al Procurador de Derechos Humanos y han reducido el Presupuesto a la institución que dirige.
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones tampoco es una prioridad en la agenda legislativa, en tanto sí ha habido intentos para descabezar a la Corte de Constitucionalidad (CC), tramitando antejuicios en contra de varios magistrados.
