Por David Toro
Las políticas gubernamentales de represión policial y militar reconocidas de manera popular como “mano dura” recibieron elogios del gobierno de Estados Unidos, porque la administración del presidente Alejandro Giammattei detuvo a un nuevo grupo de personas migrantes que salieron en caravana desde Honduras el pasado 1 de octubre; expertos señalan que Giammattei violó el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) y advierten que el rechazo y estigmatización contra personas migrantes se ha intensificado en los últimos dos años de caravanas.
Octubre inició con una nueva caravana migrante de unas 3 mil personas aproximadamente. Formaron parte de ella mujeres, niñas y niños, jóvenes y personas adultas, en su mayoría procedentes de Honduras. Todos protagonistas de un intento frustrado por llegar a Estados Unidos, además, el primer éxodo masivo que se registró durante la pandemia de la COVID-19. La respuesta gubernamental a esa crisis humanitaria demostró que en lo simbólico, el muro de contención de migrantes promovido por Donald Trump ahora está en Guatemala.
Giammattei fue contundente al pronunciar un discurso de rechazo a los migrantes que participaron en esa caravana, responsabilizándolos por la propagación de nuevos casos de COVID-19 y destrucción de la “propiedad privada”. Lo que obvio fue mencionar las condiciones de precariedad, inseguridad o falta de empleo de las que huyen los migrantes.
El presidente enfatizó el enfoque represivo que los Estados involucrados en la problemática han privilegiado para las personas que migran. Ese tipo de expresiones que podrían encajar en la xenofobia y hasta la promoción de discursos de odio, encuentran eco en ideas latentes en amplios sectores de la población haciéndolas manifiestas en expresiones de rechazo hacía quienes migran.
La socióloga Claudia Barrientos, quien trabajó para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), desde hace una década ha profundizado en el fenómeno de la migración circular en Ayutla, municipio de San Marcos, donde se encuentra la frontera de Tecún Umán, el puente internacional Rodolfo Robles y el Río Suchiate, puntos de referencia por donde han cruzado miles de migrantes centroamericanos en los últimos 24 meses.
Barrientos actualmente desarrolla una investigación sobre trabajadores guatemaltecos en Chiapas, México, durante su trabajo de campo ha detectado que algunos de los residentes de Tecún Umán han generado actitudes de rechazo contra las caravanas de migrantes, de manera principal contra personas hondureñas. “Son pobladores que dependen de la frontera económica y social, y el paso de las caravanas les afecta porque la aduana se cierra, todo se paraliza (…) entonces la llegada de personas de Honduras genera hostilidad y rechazo”, señaló la investigadora.
Barrientos añadió que “en la frontera, tanto en Tecún Umán como en Tapachula, Chiapas, hay mucha población flotante de diferentes naciones; el hondureño está en el último escalafón, es mal visto, es rechazado, a los empleadores mexicanos les gusta el migrante guatemalteco que llega a trabajar y se regresa a San Marcos, son bien recibidos en el sector agrícola (…) pero los hondureños que quedaron varados que piden ayuda económica y pernoctan en los parques son rechazados”, explicó.
La investigadora se extendió y agregó: “incluso he entrevistado coyotes que no quieren hacer viajes a Estados Unidos con hondureños”, porque aseguró que el prejuicio hacia las personas de esa nacionalidad va desde su forma de vestir, su acento al hablar y su cultura. También dijo que las políticas represivas de las autoridades mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses durante el ciclo de las caravanas ha sido un detonante de la hostilidad de los pobladores fronterizos contra los migrantes, de manera particular contra las personas hondureñas que están de paso.
Las últimas dos caravanas de migrantes fueron detenidas en su totalidad o debilitadas directamente en Guatemala, la gravedad de las violaciones e ilegalidad cometidas contra los migrantes se agudizó este año, incluso, a mediados de octubre el senador demócrata estadounidense Bob Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores, presentó una investigación que documentó la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó ilegalmente a agentes migratorios estadounidenses y camionetas sin identificación en territorio guatemalteco para devolver hondureños a su país, antes de llegar a México en enero de 2020.
Esa operación de deportación ilegal se cometió ocho días después de que el presidente Giammattei tuvo una reunión privada con Chad Wolff, director interino de la DHS, el mismo que aplaudió el 5 de octubre la represión del presidente guatemalteco contra la última caravana.
Mano dura contra migrantes
La última caravana de migrantes que emprendió su camino el 1 de octubre cambió de ruta. Desde el surgimiento de esta modalidad de migración masiva en octubre de 2018, la frontera de Tecún Umán, San Marcos, ha sido el principal paso utilizado por la población migrante, sin embargo, en esa última ocasión las fronteras del suroccidente del departamento del Petén con el estado mexicano de Tabasco figuraron como el objetivo para intentar salir de Guatemala.
Luego del ingreso de los centenares de población migrante al país, la noche del 1 de octubre, el presidente Giammattei decretó un estado de prevención en los departamentos de Zacapa, Izabal, Petén, El Progreso, Chiquimula y Jutiapa; la justificación para utilizar al Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) para frenar el avance de los migrantes fue “no vamos a permitir que extranjeros que usan medios ilegales puedan contaminar y poner en riesgo a los guatemaltecos”.
Del 1 al 6 de octubre el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó que 3 mil 55 personas hondureñas fueron retornadas a la frontera del Corinto, en los operativos a nivel nacional, la PNC utilizó 300 agentes, mientras que el Ejército destinó a un aproximado de 3 mil soldados y proporcionó camiones para devolver a los migrantes a la frontera con Honduras.
Aunque la figura utilizada por el gobierno de Guatemala para impedir el avance de la caravana fue el “retorno voluntario”, las personas migrantes entrevistados por el periodista Santiago Botón para el medio de comunicación Telesur, denunciaron que bajo engaños de la PNC fueron subidos a camiones para regresarlos a Honduras, cuando solo les habían dicho que únicamente los identificarían para luego dejarlos continuar su ruta.
Eduardo Woltke, defensor de personas migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que hasta el 5 de octubre no recibieron denuncias de que las personas migrantes hayan sido retornadas bajo engaños.
El experto en migración Marcel Arévalo de Flacso, opinó que la reacción del gobierno contra los migrantes fue represiva y mucho más fuerte que las anteriores, “los migrantes que provienen de El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen movilidad libre en estos países, el acuerdo del CA-4 no se respetó, la normativa del código de migración aprobado el 2016 que prioriza los derechos humanos fue vulnerada durante una pandemia”.
Arévalo consideró que en un escenario ideal en tiempos de pandemia, la respuesta del gobierno tuvo que ser humanitaria “si los migrantes venían sin el requisito de la prueba de COVID-19, debieron proporcionarles una. La migración tiene como derecho la salud, en primera instancia, está bien que les requieran un examen de diagnóstico pero si no lo tenían, así como lo hacen en el Aeropuerto La Aurora, tuvieron que proveerles de acceso a uno”, puntualizó Arévalo.
Prácticamente las 3 mil personas que rompieron el cerco fronterizo fueron retornados a Honduras, muchos de ellas subieron a los buses de la PNC y el Ejército bajo engaños, además el éxodo fallido lamentó la muerte del migrante Félix Enrique Lara de 17 años, quien resbaló al intentar subir a un camión en movimiento que lo llevaría a Petén.
De enero a octubre de 2020, la migración centroamericana a Estados Unidos ha sufrido cambios, aunque la pandemia de la COVID-19 es un factor, pero la clave de los cambios se debe a las políticas antimigratorias de Donald Trump, que se beneficia de gobiernos de Honduras y Guatemala que anteponen los intereses del mandatario estadounidense por encima de los derechos humanos de los migrantes.
