Por David Toro
Una mala gestión de ordenamiento territorial municipal sumado a los intereses económicos de empresas inmobiliarias hace que la ciudad de Guatemala crezca desordenadamente, debido a una creciente demanda de viviendas pero a costa de los ríos y montañas. La enorme obra gris que la Inmobiliaria las Lomas S.A pretende construir en el Socorro, Cayalá, zona 16, ilustra de manera clara la forma cómo los grandes proyectos urbanísticos buscan ser aprobados sin considerar los severos impactos ambientales que provocarán.
Desde la perspectiva que proporcionan los mapas de crecimiento urbano, la ciudad de Guatemala se asemeja a una mancha urbana que crece bajo débiles controles municipales y poca responsabilidad ambiental. En la actualidad en un espacio de 228 kilómetros cuadrados alberga a un aproximado de 942 mil habitantes, según el Censo Poblacional de 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La ciudad de Guatemala exporta toneladas de basura al Río Motagua, mientras las venas hídricas de sus ríos, como el Contreras y las Vacas, que alimentaban a la ciudad desde su fundación durante la época colonial, se han convertido en grandes cuencas de aguas negras que se pasean por los barrancos capitalinos.
Según el historiador Rodrigo Véliz Estrada, la primera fecha clave del crecimiento poblacional de la ciudad de Guatemala se puede ubicar en 1944, “antes de esa fecha la ciudad no crecía tanto porque el dinamismo económico estaba concentrado en el café y el banano, no habían fuentes de empleo en la ciudad (…) a Jorge Ubico, aunque era un dictador, hay que reconocerle que invirtió en la infraestructura de la ciudad, quizá lo más importante fueron los drenajes”, explicó Véliz.
Véliz argumentó que ese sistema de drenajes provocó que disminuyera la cantidad de personas que morían a causa de enfermedades gastrointestinales y comenzó un crecimiento natural de la población que ya habitaba en la ciudad gracias a la construcción de desagües y nuevas medidas sanitarias. “Además, la economía urbana se dinamizó con la salida de Ubico, las casas de crédito alemanas perdieron poder ante la creación de nuevas instituciones bancarias, el Estado revolucionario de 1944 tuvo más funciones administrativas que los gobiernos liberales, estos demandaban trabajadores y el poder siguió centralizado en la ciudad, estos factores influyeron en el crecimiento urbano de la población”, explicó el antropólogo.
Desde 1976, el crecimiento demográfico de la ciudad se disparó y la ciudad pasó de tener 288 mil habitantes en 1950 a 754 mil personas en 1981. “Los efectos del terremoto y la violencia de la guerra, que se daba principalmente en las zonas rurales de Guatemala, obligó a migrar, además es importante señalar que hasta ese entonces toda la actividad comercial no agrícola estaba concentrada en la ciudad”, planteó Veliz.
Una ciudad desordenada donde muchos pierden y pocos ganan
Como ocurre en muchas historias existen personas que se benefician y otras que no. El crecimiento de la ciudad de Guatemala no es la excepción. La guerra y el terremoto de 1976 provocaron una ola migratoria interna que ante la falta de proyectos de vivienda, encontraron como única salida para contar con un lugar donde vivir, poblar las laderas de los barrancos en la periferia de la ciudad. En esas condiciones surgieron decenas de asentamientos humanos, que en 2016 y según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) conformaban 399 comunidades precarias, donde el agua potable es una de las principales carencias de servicios básicos.
Pero en río revuelto ganancia de pescadores. El crecimiento desordenado de la ciudad, administraciones municipales permisivas y un endeble plan de ordenamiento proyectado en 2000, trajo consigo proyectos inmobiliarios exclusivos y lujosos fuera del alcance del bolsillo de la mayoría de la población. Como los que la Inmobiliaria las Lomas S.A, figura legal de la Constructora Cayalá que inició en 2003, en la zona 16 de la ciudad de Guatemala. En esa área de la ciudad, un alquiler de un apartamento de tres habitaciones, en el edificio los Acantos es de unos $US3 mil mensuales, el equivalente a ocho salarios mínimos de Guatemala. Comprar un apartamento en ese lugar sobrepasa los Q5 millones.
Entre los dueños de Cayalá está la familia Leal Pivaral, cuyo hijo Mario Leal, una persona cercana al expresidente Otto Pérez Molina y que fue compañero de fórmula presidencial de Sandra Torres en 2015, se encuentra prófugo de la justicia por dos casos de corrupción.
Ahora el proyecto inmobiliario El Socorro, es el más reciente proyecto de la empresa, pero la idea de utilizar 12 mil metros cuadrados más de bosque de esa finca no ha sido bien recibida por vecinos, ambientalistas, biólogos y sociedad civil. Aún es esas condiciones, las debilidades del sistema y la historia que se describirá a continuación parecen jugar a favor de los constructores.
Hace 46 años la ciudad tomó el rumbo equivocado
Para entender porqué no se permitió la continuidad a un plan innovador y se privilegió el esquema de ciudad caótica, construida sin considerar las necesidades y límites de su entorno natural es importante regresar a los hechos ocurridos en 1974.
Según Julio González, integrante del colectivo ecologista Madre Selva, “el Esquema de Desarrollo Metropolitano (Edom 2020), desarrollado por la administración municipal del alcalde Manuel Colom Argueta en 1974, era la práctica más avanzada de planificación territorial, era multidimensional, tomaba en cuenta cada aspecto relevante para un crecimiento mejor ordenado”.
En la poca importancia del plan de Colom Argueta que las administraciones municipales posteriores y que además desecharon son dos elementos en los que coinciden Rodrigo Véliz y González. “El plan de Colom fue armado en tres años, fue el primer gran plan, trajeron gente de fuera para trabajarlo y fue un proyecto político pero con un sustento técnico serio, ellos enmarcaron la importancia de ponerle un límite a las inmobiliarias, para que las personas no se quedaran sin desagües ni parques, que son cosas básicas para vivir”, destacó Véliz.
En opinión de Rodrigo Véliz haber desechado la propuesta que se había plasmado en el esquema de desarrollo urbano propuesto en 1974 explica parcialmente la ciudad en la que vivimos. “Si el plan de Colom hubiese sido ejecutado posterior a su administración hubiésemos tenido, quizás, una mejor infraestructura urbana, somos una ciudad llena de barrancos, el plan tomaba en cuenta absolutamente todo, entre esto tender nuevos puentes que nunca se hicieron, el periférico nunca se terminó por la oposición de vecinos de las zonas 13 y 14, para que se tendiera un puente que los unieran con la colonia la Reformita, de la zona 12”.
El Edom 2020 quedó en las estanterías de las bibliotecas como un proyecto que pudo ser pero que de manera intencional se detuvo, particularmente por la oposición de grupos de poder que lo consideraron incómodo para sus intereses. “Inmobiliarias y lotificadoras, gente de peso internadas en el Gobierno central crearon una tensión muy fuerte con el Gobierno municipal, el peso de estos actores empresariales llegaron al tal punto que la Tipografía Nacional se negó a publicar el acuerdo que daba vida al plan y la Procuraduría General de la Nación (PGN), se le tiró encima a Colom Argueta diciendo que su idea era inconstitucional y el reglamento nunca se publicó”, señaló Véliz .
Los posteriores Planes de Ordenamiento Territorial diseñados por las administraciones municipales dirigidas por alcaldes como José Ángel Lee, en 1980; y las posteriores administraciones de Álvaro Arzú, cuyo feudo municipal sigue vigente dos años después de su muerte, se enfocan principalmente en categorizar viviendas y diversificar las tarifas de impuestos. La experiencia de González así lo refleja: “el plan de Arzú era meramente cosmético, mostrar una ciudad moderna, pero su error más grave fue permitir la construcción de una ciudad que descuidó el elemento vital para el saneamiento que es la red metropolitana de drenajes que se abandonó a finales de 1979, cuando se rompió con una tradición de alcaldes propositivos”.
El corto tiempo en el que la ciudad fue pensada desde la lógica del Edom 2000, contrasta con la visión corta de las posteriores administraciones. Durante los años en los que se echó a andar la propuesta del alcalde Colom, se logró la construcción de los principales colectores subterráneos de la ciudad, que permitieron a su vez poblar otras zonas capitalinas. Pero cuándo se dejó de pensar la ciudad en términos integrales, González dice que se experimentaron dos hundimientos grandes en los barrios San Antonio, en la zona 6, en 2007; y en Ciudad Nueva, en la zona 2, en 2010.
“Es peligroso que se esté ignorando un caos de drenajes que lleva más de 30 años sin ser atendido para construir complejos modernos como el Socorro, en la zona 16, en una ciudad donde claramente hay un estrés hídrico (…) la capital a secuestrado ríos de Chimaltenango, el agua ya es insuficiente, pero mientras no tengamos una ley de aguas quién tiene plata podrá seguir haciendo pozos y sacar agua”, advirtió González.
Instrumentos ambientales devaluados y ruta
La ciudad de Guatemala que fue nombrada Capital Verde Iberoamericana, en 2019, por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), tiene un sistema de drenajes colapsados y planes de ordenamiento territorial que promueven el uso de la tierra para construcciones verticales y masivas en lugares sin condiciones para ello.
En Guatemala existe desde 1986 la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en su artículo 8, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se establecer como instrumento clave para las construcciones y su convivencia con el medio ambiente. Una herramienta que a nivel mundial comenzó a utilizarse en 1972 a raíz de la Cumbre de la Tierra realizada en la ciudad europea de Estocolmo, Suecia, donde se comenzó a hablar de la preocupación de conectar el desarrollo con el ambiente.
Ese instrumento debe servir para determinar los efectos ecológicos y sociales que un proyecto puede causar en el área que se busca modificar y es realizado por un consultor o un equipo de consultores que la empresa constructora contrata, puede ser cualquier profesional graduado y con licencia activa de un colegio de profesionales que acredite que recibieron un curso de impacto ambiental y finalmente. En este proceso el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) juega el papel árbitro, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
La ingeniera Lucía España, que hace cinco años era la coordinadora de la Unidad de Calidad Ambiental del MARN, explicó la ruta y la importancia de un EIA para la aprobación de un proyecto inmobiliario e indicó que si la empresa Cayalá, a través de la Inmobiliaria los Llanos presentó el instrumento ambiental el 31 de agosto, el Estado cuenta con 60 días para analizarlo y responder a la solicitud.
Pero ese tiempo con el que cuenta el Estado de Guatemala está condicionado por debilidades institucionales y una carga de trabajo para quienes realizan esta tarea. “Estimo que alrededor del 15 de noviembre darán una respuesta (…) el problema que atraviesa el ministerio es que tiene muy poco personal en la unidad y seguramente el encargado de conocer el expediente será un arquitecto o un ingeniero que tiene muchos más casos en sus manos, esta es una debilidad, en el MARN no hay un instrumento que ayude a determinar si los EIA que presentan las empresas llevan toda la información sólida que se necesita”, afirmó España.
En la experiencia de España el MARN podría dar varias respuestas: aprobar el EIA y parar a manos de la Municipalidad de Guatemala, que tiene la responsabilidad final dar luz verde a la construcción; tomar en cuenta las oposiciones presentadas en el caso y pedir a la empresa que realice nuevos estudios y amplíe la información; o rechazar definitivamente el instrumento y solicitar que se presente uno totalmente nuevo. A partir de la respuesta, dijo Espaá, “la constructora tendrá cinco días para presentar un reclamo si la resolución deniega la aprobación”.
El MARN tiene un reglamento para calificar los EIA desde 2002. Antes de eso existía menos control sobre quienes utilizaban dicho instrumento y quienes no, el ministerio los califica por medio de un listado taxativo que categoriza por nivel de impacto cada proyecto, que van desde la letra C, que pueden ser proyectos de menor impacto como el segundo nivel de una casa que ya existe, o el nivel A para proyectos de hidroeléctricas o minería a cielo abierto.
El caso del Socorro está calificado como un proyecto B1, que es de las categorías más rigurosas para proyectos habitacionales. A criterio de la ingeniera España, se han quedado cortos ya que la constructora Cayalá presentó el EIA solo para la primera fase del proyecto y en realidad la totalidad de la obra abarca 1 millón 500 mil metros cuadrados. España consideró que no debería permitirse que las inmobiliarias fragmenten sus proyectos para omitir los impactos realidades de su totalidad.
“El MARN debería convertirse en una entidad que construya información ambiental que ayude a la toma de decisiones, pero lamentablemente hay un presupuesto muy bajo para la protección ambiental y aunque las municipalidades tienen también este mandato no se está invirtiendo (…) tristemente en Guatemala el medio ambiente no tiene voz frente a la toma de decisiones”, agregó España.
Constructoras que piensan en su futuro
Si no hay ningún retraso en el tiempo que le lleve la revisión a las autoridades de Ambiente, probablemente a mediados de noviembre el MARN tendrá una respuesta sobre la aprobación o rechazo del EIA presentado por la empresa y su proyecto del Socorro. Según la ley de medio ambiente hasta no tener aprobado este instrumento no debería moverse ni una piedra, pero la realidad es otra, tanto vecinos como deportistas que visitan la finca los fines de semana son testigos de la deforestación que se está realizando en el lugar.
La Inmobiliaria las Lomas S.A justificó la tala de árboles por medio de una licencia de aprovechamiento forestal que les otorgó el Instituto Nacional de Bosques (INAB), aunque dicen que no corresponde al área donde se pretende construir el proyecto habitacional, vecinos narran que posterior al corte se han utilizado aplanadoras en el área.
A criterio de la ingeniera España la objeción que presentó el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui), debería otorgar suficientes herramientas al MARN para rechazar el EIA solicitado por la empresa Socorro y exigirles uno nuevo.
Un Estudio unilateral
La bióloga Bárbara Escobar, parte del equipo de biólogos del Cofaqui, que presentaron una oposición contra el Socorro ante el MARN, el estudio de impacto ambiental que la constructora presentó únicamente toma en cuenta el aspecto arquitectónico, pasa por alto aspectos ecológicos relevantes y también el tema social.
El EIA al que Prensa Comunitaria logró acceso está firmado por el arquitecto Gustavo Armando González Mazariegos, quien en 2019 consiguió su maestría en diseño planificación y manejo ambiental por la Universidad de San Carlos (USAC), además en su perfil de Linkedin se presenta como parte del equipo de consultores de ÁBSIDE, “Evolución Arquitectónica e Ingeniería Ambiental”, una empresa que ofrece servicios de consultoría ambiental a inmobiliarias y personas particulares.
González Mazariegos realizó el EIA para el Socorro junto a un equipo de ingenieros civiles, la oposición del Cofaqui se sustenta en que el un instrumento ambiental no obvie otros enfoques como el ecológico para determinar los costos ambientales que tendrá un proyecto de esta escala y el impacto social sobre los modos de vida de las personas que habitan en el área de incidencia.
La constructora omitió datos sobre el agua
Durante el 2020 las denuncias ciudadanas sobre la escasez del agua han aumentado, vecinos de colonias populares como Ciudad Nueva, en la zona 2; el Limón, zona 18; Nimajuyú, en zona 21, han encabezado durante meses marchas, conferencias de prensa, llamados públicos a la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y a la Municipalidad de Guatemala, e incluso, se han iniciado procesos legales en contra de esas instituciones para que el servicio de agua potable llegue de forma regular.
En contraste a esta problemática, el instrumento ambiental del Socorro fase I, no incluyó un dato fundamental, dentro de la finca donde se pretende construir el enorme complejo gris, existe una recarga hídrica. Las estimaciones que ha hecho el Cofaqui, muestran que este proyecto necesitará el equivalente a 279 mil litros de agua al día, que serían extraídos de aguas subterráneas ese manto acuífero. Escobar advirtió que de esa agua subterránea dependen pozos de poblados de las zonas vecinas.
“Solo por ser propiedad privada no debería usarse como se le ocurra a los dueños, un proyecto no debe ir en contra del bien común”, explicó la ingeniera España, que a su criterio el MARN debería tener estudios actualizados sobre la problemática del agua en la ciudad y la importancia que tienen los bosques que aún quedan.
En el EIA realizado por los ingenieros se menciona cuáles son las fuentes de agua que podrían ser afectadas. Pero dejaron una pregunta importante sin responder: ¿Qué agua utilizarán para el mantenimiento y funcionamiento de la construcción? Ese es el punto que el Cofaqui señaló para oponerse y resaltas la importancia que hay en determinar el comportamiento de los cauces del río Contreras y del riachuelo Santa Rosita previo a la construcción del proyecto. Asimismo, recomendó que se incluya un monitoreo de calidad de agua en época seca y lluviosa, así como los modelos de descarga de aguas negras que la inmobiliaria desechará en ambos.
Mintieron sobre la existencia de especies silvestres
La desarrolladora omitió en su EIA la existencia de especies silvestres en la zona del proyecto y el Cofaqui evidenció la existencia de cientos de especies animales en la zona y al menos 30 de ellos están categorizadas como especies bajo amenaza.
No consultaron a la comunidad
Solo hay 10 encuestas a vecinos del área sobre la construcción en el EIA que presentó la constructora, las preguntas omiten preguntas que podrían ser contraproducentes para la obra arquitectónica y a criterio del Cofaqui el haber consultado únicamente a una decena de personas no refleja una muestra representativa sobre la opinión de las personas avecindadas en la zona.
La voracidad se mudó a la ciudad
“Este caso del Esfuerzo es tremendamente interesante y nuevo”, comentó Magaly Rey Rosa, una ecologista que dirige la escuela de pensamiento ecologista “Savia”. La activista ha destacado por su trabajo ambientalista a favor de comunidades y territorios afectados por el trabajo de las transnacionales, en casos como la Laguna del Tigre, en Petén y la Puya, en el departamento de Guatemala.
“Los problemas ambientales no son nuevos, pero es interesante ver ahora a vecinos de las zonas exclusivas del país recolectando firmas y oponiéndose a proyectos (…) pero el tema más preocupante ahora es el tema del agua, en Guatemala no hay ninguna legislación que se ocupe de la capacidad de recarga hídrica que tiene nuestra ciudad, solo hemos cementado y cementado sin consideración, pero a la larga no podremos vivir sin agua”, señaló Rey Rosa.
La ambientalista advirtió que “estamos en medio de un dilema profundo y difícil de resolver” e indicó que le resulta interesante “que la gente que nunca movió un dedo y se negó a entender porque las comunidades indígenas se negaban a que les pongan una mina encima ahora se están enfrentando a una imposición bajo el argumento de la propiedad privada”.
Para Rey Rosa todo quedará en manos de la respuesta que puedan dar el alcalde de Guatemala, “una salida sería que el alcalde le compre el terreno a los empresarios al valor al que lo tienen declarado en el Registro de la Propiedad. En un país civilizado la Municipalidad podría hacer un balance entre los argumentos de vecinos y empresarios para comprar este terreno con base a los impuestos y convertirlo en un parque nacional, esa sería una salida prudente por ejemplo”.
El 19 de octubre en una citación del Congreso realizada por la bancada del Movimiento Semilla, la Municipalidad de Guatemala representada por la síndica segunda María Cruz informó que la licencia de construcción el Socorro no ha sido aprobada, “no existe un plan maestro, fue en el gobierno municipal de José Ángel Lee que se aprobó los proyectos de Cayalá en tres fases”, agregó.
Mientras llega la resolución del MARN, la problemática del agua es cada vez más grande a tal punto que no solo es preocupación de las comunidades que viven en las laderas de la ciudad o en municipios donde la población indígena es mayoritaria, ahora un sector privilegiado está viviendo los embates de una ciudad que hace 46 años decidió omitir un ordenamiento territorial integral y una legislatura ambiental débil, carente de una ley nacional de aguas y con un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales frágil y permisivo ante los intereses corporativos.
