Organizaciones advierten persistente lucha de poderes para controlar la CC

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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 3 minutos

La Corte de Constitucionalidad (CC) necesita dos nuevos magistrados titulares y el plan de los sectores que han sido vinculados a acciones de corrupción sería cooptar estos espacios vacíos y así evitar que este organismo siga emitiendo resoluciones incómodas a sus intereses.

El fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía, el 5 de septiembre de 2020, y la separación de Neftaly Aldana de su cargo como magistrado, la noche del 21 de octubre, por petición de sus familiares por razones de salud, han abierto paso a que el Colegio de Abogados y una Corte Suprema de Justicia (CSJ), conformada por magistrados que han obstaculizado procesos contra diputados señalados de corrupción como Felipe Alejos, tengan en sus manos seleccionar a quienes ocuparan las sillas vacías en la CC.

De los cinco magistrados titulares actuales, cuyo mandato finalizará en enero del 2021, Mejía y Aldana, junto a Francisco de Vela Mata y Gloria Porras, se caracterizaron por emitir resoluciones que afectaron los intereses del sector empresarial en amparos favorables a comunidades indígenas contra megaproyectos o bien decisiones que permitieron detener a tiempo leyes lesivas como la amnistía a militares sentenciados o procesados por delitos de lesa humanidad.

A excepción de la magistrada Dina Ochoa, los otros cuatro magistrados de la CC han sido denunciados, atacados y señalados en diversas ocasiones. Durante este año, el Congreso encabezado por su presidente Allan Rodríguez, del partido oficialista, presentó un antejuicio en contra de los magistrados de la CC que la CSJ no dudo en tramitar. Tras el fallecimiento del magistrado Mejía y el anuncio de la enfermedad de Aldana, la Fundación Contra el Terrorismo utilizó las redes sociales para promover mensajes en contra de la capacidad de la CC porque en su opinión: “se encuentra fuera de combate”.

“Los sustitutos se eligen en un Estado cooptado”

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), consideró “como un acto lamentable que sectores ligados a las mafias” hayan visto la muerte de Mejía y la enfermedad de Aldana como una oportunidad para apoderarse de la CC. “En un estado de derecho normal, no debería de suceder, ya que la ley establece los procedimientos para el reemplazo, los actuales suplentes tendrían que asumir y la corte podría seguir conociendo amparos y expedientes sin problema, no habría necesidad de esperar a que una CSJ ilegal y un cuestionado Colegio de Abogados tengan que elegir a los titulares”, señaló Cadena.

En cuatro meses se terminará el mandato de la actual CC y los nuevos magistrados serán elegidos por el Congreso, el presidente Alejandro Giammattei, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC), el colegio de abogados y la CSJ, que se encuentra en un limbo jurídico desde hace un año, porque el proceso para elección de magistrados se encuentra sin desarrollarse, incumpliendo el plazo que la CC fijó en julio para que el Legislativo eligiera cortes. En las últimas sesiones del Congreso, se relegó ese trámite al último punto de agenda, en una clara maniobra para retrasar el proceso.

“El problema más grande es que la CSJ actual se mantiene hasta enero gracias a unos diputados que ilegalmente están retrasando la elección, veremos que la nueva CC será electa por sectores plegados a intereses espurios, el sistema judicial está diseñado para que nuevas personas puedan plantear nuevas ideas, sin embargo, estamos ante una lucha entre el crimen organizado y la sociedad civil”, valoró Cadena.

El presidente de la CIJ agregó que si la CC es cooptada, los derechos humanos de pueblos indígenas, de la niñez y otros serían afectados por un grupo de magistrados, que de resultar electos, llegarían a defender intereses personales.

La cuestionable magistrada Ochoa

El 21 de octubre, la magistrada Dina Ochoa denunció penalmente a la presidenta de la CC Gloria Porras ante el Ministerio Público (MP) acusándola de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por no agilizar la cesantía del cargo al magistrado Aldana.

Posteriormente, la organización Alianza por las Reformas, integrada por 40 organizaciones sociales del país, denunciaron a la magistrada Ochoa “porque durante los últimos dos meses se ha ausentado del pleno, planteando excusas cuestionables y afectando el avance de procesos importantes que la CC debe resolver”.

A criterio de Álvaro Montenegro, integrante de la Alianza Por Reformas, el papel de la magistrada Ochoa es lamentable, porque “fue aliada incondicional del expresidente Jimmy Morales y vota a favor del status quo sin medida alguna”.

Montenegro dijo que junto a organizaciones civiles han analizado las acciones de la CSJ durante estos meses de inestabilidad en la CC, es cuestionable “dieron trámite a una exhibición personal para llegar a la casa del magistrado Aldana, llegaron con policía, sin considerar su delicado estado de salud (…) es una corte encabezada por Silvia Valdez que han defendido corruptos y está integrada por magistrados con procesos en su contra, es evidente que existen negociaciones con sectores como el Congreso y el propio presidente para llevar a cabo sus resoluciones en temas de interés”, enfatizó.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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