La caravana de migrantes hondureños originada en San Pedro Sula el 1 de octubre del presente año ha llamado la atención poderosamente de los medios de comunicación y ha provocado reacciones con enfoque de seguridad, represión y estado de excepción en Guatemala. Situación que contradice los convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de migrantes. Esta nueva caravana presenta características específicas que nos sugieren algunas hipótesis y una confirmación.
La primera hipótesis gira en torno a que se trata de una caravana que surge justamente a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que podría tratarse de una manipulación mediática para incrementar la retórica antimigratoria del presidente Donald Trump, en el sentido de considerar a los migrantes como delincuentes y criminales, irrespetuosos de las fronteras y de la soberanía y, consecuentemente, propagadores del coronavirus.
Paralelamente y en apariencia, esta caravana busca comprometer a los demócratas a plantear discursos, programas y políticas que proyecten un abordaje disciplinado y sancionatorio de los flujos de migración irregular. Basta recordar los resultados de las caravanas de octubre y subsiguientes meses de 2018, cuando el balance fue desfavorable porque no hubo paso masivo a Estados Unidos. En esa ocasión se pusieron en duda algunos alivios migratorios, se cancelaron los TPS como alternativa y se impusieron los acuerdos de asilo, que envían a los solicitantes a terceros países (vecinos) para esperar que la Corte mandataria resuelva su solicitud.
La otra vertiente del análisis indica que las caravanas representan la estrategia de ajedrez político que ocurre en los países de origen, cuyo fin es dar jaque a la migración indocumentada, que no será del todo un mate, sino una maniobra más con la que se busca mover piezas en el tablero político en beneficio propio y para satisfacción de la administración estadounidense, situación que se evidencia con las respuestas abiertamente represivas, como las del gobierno guatemalteco que implementó, nuevamente, estados de excepción en el corredor migratorio y que hizo gala, un tanto exagerada e inoperante, de su estructura de contención policial. Esta reacción puso al descubierto la incapacidad del Estado de coordinar acciones y la disfuncionalidad en términos de una atención con enfoque de derechos humanos y la prolongada transición de una institución migratoria que no logra garantizar el enfoque de derechos contenido en el Código de Migración, aprobado en 2016 mediante el Decreto 44.
La confirmación que se evidencia con esta nueva caravana es que para las poblaciones no importa si estas acciones son auténticas o manipuladas, lo cierto es que se constituyen como un vehículo para intentar salir de la realidad que experimentan en países cuyo problema, además del económico, es un sistema político anquilosado en intereses oscuros, con sectores económicamente poderosos que no piensan en el bienestar de las poblaciones y en modelos económicos altamente excluyentes y en donde las poblaciones recurren a múltiples estrategias para no dejarse morir por la adversidad, apostándole a la migración, aun conscientes del alto riesgo y vulnerabilidad que significa hacerlo en tiempos de Covid-19.
En la medida en que lograron avanzar algunas de las personas de la caravana, a pesar de los cientos que han sido deportados, violando con ello el Convenio internacional para la protección de todos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, mientras se acercan a la frontera norte, el discurso se incrementará, las instituciones endurecerán los controles y los dispositivos de contención, y las políticas antimigratorias en Estados Unidos encontrarán eco, justo en estos días en que la ciudadanía estadounidense decidirá si siguen apoyando la gestión relativamente exitosa del presidente Trump en materia antimigratoria, o le apuestan a un cambio de presidente, que no necesariamente representará un giro en el manejo político sobre la contención de los flujos migratorios.
* Maya Q´anjob´al — Chuj
