El 21 de septiembre pasado estaba programada una diligencia ordenada por el juez Jorge Guzmán para buscar en los archivos militares toda la documentación disponible sobre la masacre de El Mozote, ocurrida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, en donde fueron asesinados más del mil campesinos en un operativo contrainsurgente ejecutado por miembros del Batallón Atlacatl y comandados por el teniente coronel Domingo Monterrosa. En la causa se busca el enjuiciamiento de 18 militares de alto rango. Entre ellos, tres generales retirados: Juan Rafael Bustillo Toledo, Rafael Flores Lima y el exministro de defensa José Guillermo García.
En la batalla legal reciente, los abogados defensores de los acusados y el representante del gobierno de Nayib Bukele han tenido una estrategia compartida y complementaria para impedir el acceso a la justicia. Según la defensa, no se deben de juzgar los delitos del pasado porque las pruebas documentales eran de carácter secreto cuando fueron producidas. Por su parte, el gobierno adujo que podían durante la diligencia revelarse “planes militares sensibles”. El argumento era tan endeble que bastó con que el juez asegurará que durante la diligencia solamente se buscarían documentos producidos hace ya cuatro décadas para que esta fuera programada.
El 21 de septiembre el ejército impidió la entrada de los funcionarios mandatados para buscar los archivos relativos a la masacre. Ante la andanada de críticas y señalamientos, el 24 de septiembre el presidente Bukele tuvo que salir ante los medios de comunicación a ratificar su compromiso con la apertura de los archivos, asumir la responsabilidad de que se hubiera impedido la entrada a las instalaciones castrenses y a dar una burda explicación de su complicidad con los delitos del pasado.
Según el experto en el uso de medios, tres fueron las razones para impedir la diligencia: 1) que el juez encargado del juicio, Jorge Guzmán, no tenía jurisdicción sobre el ejército y sus archivos; 2) que las víctimas y promotores del juicio eran militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, antiguo grupo guerrillero y ahora partido político opositor a su mandato; 3) que existía el riesgo que durante la diligencia los funcionarios enviados por el juzgado pudieran encontrar documentos relativos a su plan de seguridad “Control territorial”. Textualmente dijo: “De repente van a encontrar un operativo militar de la semana pasada”. Los tres argumentos esgrimidos por el presidente de El Salvador son risibles, absurdos, un insulto a la inteligencia.
Para “comprobar” su compromiso con la justicia Bukele presentó el 24 de septiembre cinco “cajitas” de archivo, en las que, según él, se encuentra toda la información disponible sobre la masacre de El Mozote y se comprometió a desclasificarlas. Deliberadamente hemos dejado pasar unas semanas esperando comprobar si lo presentado por él tenía dejos de realidad y las “cajitas” de archivo eran entregadas al juez encargado del caso de El Mozote. Esta acción mostraría la razón de porqué los recipientes presentados en la conferencia de prensa están marcados con fechas que van de 2015 a 2020. Cualquier persona medianamente familiarizada con archivos sabe que las cajas deberían de estar señalizadas con el año de 1981. Las fechas mostradas hablan de que muy probablemente los archivos de esos contenedores, si es que se refieren a la masacre,fueron extraidos de los legajos que originalmente los resguardaban. Perdiendosé así la trazabilidad del archivo. Esa acción es un delito penado por la legislación salvadoreña e internacional. Sin embargo, a dos semanas del circo mediático montado por Nayib Bukele, su gobierno todavía no entrega esos archivos.
Además, aseguró que el resto de la documentación “fue destruida en un momento indeterminado” en los años pasados. El rey de la gobernanza a través de Twitter apeló “al sentido común” para engañar a sus ciudadanos dejando de lado que, si en realidad esos documentos fueron destruidos, nos encontramos ante un delito grave ante el cual el despresidente salvadoreño tiene la obligación de iniciar las denuncias para que sean castigados los responsables. No llevar a cabo esta medida va en contra de las mínimas garantias para el acceso a la justicia, compromiso que el propio Bukele ha asumido reiteradamente desde sus tiempos de candidato presidencial. Pero esto tampoco ha ocurrido.
El colmo del cinismo fue que en la misma conferencia de prensa Nayib Bukele nombró a Milena Mayorga como su embajadora ante Estados Unidos. La diputada y ahora diplomática ha sostenido públicamente que Domingo Monterrosa fue un “defensor de la patria”. La realidad es que entre el 21 y el 24 de septiembre asistimos a una escena más de la complicidad de Nayib Bukele con el ejército para impedir la justicia por los delitos del pasado. Y por ello debe de ser juzgado.
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