Autoridades indígenas y ancestrales del pueblo maya ch’orti´ y de la organización Nuevo Día, participaron en una reunión que se realizó en el municipio de Jocotán, Chiquimula, el martes 13 de octubre para abordar la problemática de minería ilegal y tala de bosques en ese territorio a la que no asistieron los representantes de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales ni de Energía y Minas.
Quienes participaron en representación del Instituto Nacional de Bosques (INAB) dijeron que hasta el momento no se ha otorgado alguna licencia de tipo forestal para la tala de árboles en esa localidad, pero las personas de la División de Protección a la naturaleza (Diprona) que asistieron a la reunión indicaron que tienen un expediente donde se giró una denuncia al Ministerio Público (MP) el 6 de diciembre del 2019, porque los vecinos realizaron bloqueos al trabajo de explotación de los recursos naturales que realiza la cantera los Manantiales, que opera en el bosque conocido como el zompopero, ubicado entre los municipios de Jocotán y Camotán.
Los representantes de Diprona indicaron que tienen conocimiento de una licencia otorgada por el ministerio de Energía y Minas que permite las operaciones de la cantera los Manantiales, identificada con el expediente LEXT -018–07 “para extracción técnica de granito y óxido de hierro”, pero no cuentan con la licencia de impacto ambiental.
Durante la cita, las autoridades ancestrales manifestaron “que no se hizo ninguna consulta previa e informada a las comunidades para la operación de minería”, por lo que consideran que existe una clara violación a los derechos humanos de las comunidades, “que además atentan contra la vida y la naturaleza”, por lo que esperan que las autoridades de Gobierno hagan las denuncias correspondientes.
El diputado Aldo Dávila, del partido político Winaq, que asistió a la reunión manifestó que es importante que las autoridades ancestrales lleguen ante los representantes del Gobierno para conformar una mesa de diálogo que señale una ruta clara de cómo resolver la situación denunciada y para deducir las responsabilidades civiles o penales, por la tala ilegal de árboles y explotación minera que se realiza sin consentimiento de la población.
Se espera que en una próxima reunión ya se encuentre establecida una mesa de diálogo con los alcaldes municipales de las comunidades afectadas para decidir las próximas acciones a tomar.
