Por Nelton Rivera
Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar Hernández, dos autoridades ancestrales de pueblo maya q’anjoba’l, viajaron tres horas desde el municipio de Santa Eulalia al Centro de Justicia, localizado en la ciudad de Huehuetenango, para enfrentar este 27 de octubre el inicio de un juicio en su contra promovido por la empresa Cinco M, propietaria de la hidroeléctrica San Luis.
Ambos tuvieron que esperar seis años para que este martes, en un juzgado a 261 kilómetros de la ciudad capital, el juez Estuardo Santos Lang cerrara el caso en una audiencia que no duró más de 20 minutos, porque las autoridades ancestrales aceptaron el criterio de oportunidad planteado por el Ministerio Público (MP).
Durante la mañana la entrada al complejo de justicia y a la sala de audiencias se llevó a cabo bajo las medidas de prevención del covid-19 que implementó el Organismo Judicial OJ. A la salida del edificio de justicia Domingo y Rigoberto mostraron su alegría por cerrar un capítulo más de persecuciones penales en su contra.
Rigoberto llegó con su sombrero blanco, capixay café y su vara de autoridad, Domingo iba con su sombrero café y vara de autoridad en mano, como autoridad ancestral de Jolom Konob’.
En 2104, el representante legal de Cinco M, Iván Ovalle Altuve, denunció penalmente a las autoridades indígenas por la oposición que la población q’anjob’al mantiene hacia la construcción de las hidroeléctricas en el departamento. Por esa razón, fueron acusados por el delito de detenciones ilegales, luego de una manifestación que llegó a la puerta principal de las instalaciones de esta empresa en una de las comunidades del municipio de Santa Eulalia.
¿Qué resolvió el juez en Huehuetenango?
El MP presentó una salida para que no se abriera el juicio oral y público, a través de la figura legal del criterio de oportunidad. Para no llegar a una sentencia en contra de las autoridades ancestrales, el MP solicitó que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar aceptaran algunas reglas mínimas; como no relacionarse con las personas agraviadas, y la promoción de la armonía y la paz en la comunidad. A criterio del abogado Juan Castro, del bufete Para Pueblos Indígenas, no ven ningún problema en la petición del MP, ambos en su rol de autoridades ancestrales se encargan de mantener la paz y la armonía de la población q’anjob’al.
El juez también tomo en cuenta que la abogada querellante en representación de la hidroeléctrica no se presentó a esta audiencia y que suspenderla en este contexto de pandemia representaría seguir esperando, incluso al próximo año para reprogramar una nueva audiencia.
“Vimos que es aceptable esta salida propuesta por el MP, además no afecta la dignidad ni los intereses de las autoridades ancestrales, por eso decidimos aceptarla y cerrar este proceso que ya lleva seis años abierto”, informó Castro.
Con el cierre de caso, se terminan las medidas sustitutivas que tanto Rigoberto Juárez como Domingo Baltazar tenían, de está manera ya no estarán obligados a firmar mensualmente un libro de actas en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia. Esta resolución también beneficia a Brígido Antonio Juárez, el tercero de los acusados por la empresa en este caso.
Las autoridades ancestrales como el blanco de los ataques de las empresas
Para las autoridades ancestrales maya q’anjoba’l es el tercer juicio que enfrentan. En 2016 fueron detenidos y encarcelados por las acusaciones de la empresa española Econer Hidralia Energía, propietaria de las hidroeléctricas Hidro Santa Cruz 1 y 3 en el municipio de Barillas.
También fueron absueltos de un segundo proceso penal por las acusaciones de los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia, fiscales del MP, y agentes de la PNC, a raíz de un problema provocado por la empresa Promociones de Desarrollo Hídrico S.A. PDHSA, que pretendía construir tres hidroeléctricas en la microrregión de Ixquisis, en San Mateo Ixtatán. Rigoberto y Domingo permanecieron detenidos en el preventivo para hombres en la ciudad capital por 1 año y 8 meses, hasta que fueron absueltos en 2017por la jueza Yasmínn Barrios, del juzgado de Mayor Riesgo A.
Rigoberto Juárez ha sido el blanco de los ataques de la empresa PDHSA ahora Energía y Renovación, también de empresas como AYSSA, Funtedegua y el Consorcio para la Paz y el Desarrollo, DIÁLOGO, empresas dirigidas por Germán Arnoldo Noriega López, de los ataques contra Juárez también ha sido participe el obispo de Guatemala, monseñor Álvaro Ramazzini Imeri. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas
La empresa tiene paralizado cualquier trabajo, pues las autoridades ancestrales y la Municipalidad de Santa Eulalia en 2018 recurrieron a una serie de medidas legales como los recursos de amparo para revisar la ilegalidad con la que operaba la empresa, confirmando que Cinco M no realizó la consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas por este megaproyecto, razón por la cual no completo el Estudio de Impacto Ambiental EIA y el Ministerio de Energía Minas no podría haberle entregado la licencia de construcción de la hidroeléctrica. CINCO M, la hidroeléctrica que pretende operar violando la ley.
