El seis de octubre la población de Chicoyou pidió en una vista publica a los magistrados de la sala sexta de la Corte de Apelación del Ramo Penal, de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, que dejen sin efecto la orden de desalojo emitida el 4 de febrero de 2020 por el juez Ricardo Caal, del juzgado de primera instancia penal.
Por primera vez, las familias maya q’eqchi’ fueron escuchadas por una corte jurisdiccional, luego de que el 22 de junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) amparara provisionalmente a las familias para no ser desalojadas y ahora su petición cuenta con protección constitucional. “La comunidad no puede ser desalojada y hacerlo constituye una violación a los derechos humanos, una violación al código penal, porque se estaría cometiendo el delito de desobediencia entre otras responsabilidades”, expresó Jovita Tzul en una entrevista realizada por el periodista Alejandro Teyul el seis de octubre durante la vista pública.
Para la abogada Tzul, la solicitud que las personas hacen a los magistrados de la sala sexta es que se confirme el amparo provisional emitida por la CC en favor de las familias que viven en la comunidad. “La fábrica de municiones no tiene la propiedad de la finca, el dueño es el Estado”, agregó.
La comunidad de Chicoyou accionó un amparo contra el juez Ricardo Caal por ordenar en febrero el desalojo de 60 familias q’eqchi de la comunidad a solicitud de la fábrica de municiones del Ejército que busca, según la versión las personas afectadas, quedarse con la totalidad de la finca estatal donde habitan las familias.
En opinión del abogado Francisco Vivar, también entrevistado por Teyul durante la vista pública, no se tocó el tema de la tierra, si no la ilegalidad del procedimiento del Ministerio Publico (MP), sobre la ejecución de un juez ejecutor que cuándo emitió el juzgado la orden no lo observó y así garantizar los derechos de las familias de ser notificados y en sus idiomas.
Las familias mayas q’eqchi’ son originarios de la comunidad Chicoyou, según documentos personales de las familias que viven en el lugar. Durante los años de la guerra en el departamento de Alta Verapaz decenas de familias fueron desalojadas y asesinadas por el ejército. Esta es la historia de la población de Chicoyou.
Según el testimonio de una persona de la comunidad, que pidió guardar su integridad por seguridad, el cuatro de enero de 2020 se instalaron para recuperar las tierras, eran 60 familias, pero debido a los constantes ataques verbales, amenazas de desalojo, intimidaciones por personas que llegan a fotografiarlos ahora solo quedan 56.
Durante la vista pública, en las afueras de la sala sexta de la Corte de Apelación un grupo de personas que integran el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), hicieron declaraciones ante un medio local descalificando a la población señalándola de invasores y les acusaron acabar con la flora y fauna del área.
Alejandra Aguilar, integrante de Cocode, barrio Santo Tomas de Cobán, expresó ante Teyul del medio “SamChun Informa”: “se ha demostrado la propiedad de la tierra esta certificada y registrada a nombre del Ministerio de la Defensa (…) esperamos en Dios que no les otorgue el amparo provisional que ellos pidieron para quedarse ahí y que se proceda al desalojo (…) ordenado por el juzgado segundo de primera instancia penal y por eso estamos aquí”, puntualizó.
Ante estas declaraciones discriminatorias y de señalamientos a las familias de Chicoyou la organización, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC realizó una conferencia de prensa y publicó un comunicado de prensa donde denuncian a las personas integrante del Cocode de primer y segundo nivel, para que se respete el derecho de los comunitarios, que dejen de la difamación y solicitaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acompañar a las familias y a la CIDH y OACNUD que investiguen sobre las graves violaciones de las familias maya q’eqchi’ de Chicoyou.
