El Socorro: una empresa amenaza un área de riqueza hídrica y especies animales

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Créditos: Vecinos El Socorro
Tiempo de lectura: 5 minutos

Un grupo de biólogos del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) presentó una oposición ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por la construcción del Proyecto el Socorro, de la empresa Desarrolladora Cayalá, para evitar la aprobación del estudio de impacto ambiental; los académicos temen que la construcción acabe con la recarga hídrica que yace bajo la tierra de esta finca.

Durante las últimas dos décadas los megaproyectos hídricos y mineros con capitales transnacionales han llevado división, persecución, desplazamiento, cárcel e incluso muerte a comunidades indígenas del país. Bernardo Caal Xol es ejemplo de este problema, por defender el agua del río Cahabón, de Alta Verapaz de la hidroeléctrica Oxec, ahora está cumpliendo una sentencia de siete años de cárcel.

Regularmente este tipo de proyectos que amenazan agua, flora y fauna, y la vida misma de comunidades enteras, suceden a cientos de kilómetros de la ciudad, normalmente en territorios donde la mayoría de la población es indígena y las condiciones de vida son precarias. Talan bosques y contaminan el agua, sin haber preguntado previamente a quienes habitan esos lugares. Pero ahora, amenaza el entorno de una de las zonas residenciales más exclusivas del país.

Durante los últimos 20 días, de lunes a viernes y de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los vecinos de diferentes condominios de la zona 16, de la ciudad capital, han sido afectados por el ruido de las motosierras y la caída de decenas de árboles que están siendo talados en la finca el Socorro. “Este bosque es parte de nosotros desde que vivimos acá hace 15 años, tenemos temor de que la construcción dañe el ambiente y nuestra salud”, indicó una vecina que desde su jardín puede observar el trabajo de deforestación en ese terreno.

El Socorro es el nombre del nuevo proyecto de la constructora Cayalá, que desde 2003 ha realizado construcciones mixtas en 80 hectáreas de tierra con bosque. La fase I de este proyecto pretende utilizar 12 mil metros cuadrados para la construcción de casas, apartamentos, oficinas y una conexión de salida hacia la carretera Panamericana sur, en dirección al departamento de Jutiapa; según publicó la constructora en la revista virtual Planos y Estilos.

El proyecto aún no tiene luz verde, hace falta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), apruebe el estudio de impacto ambiental que la empresa presentó el 31 de agosto de este año, “el estudio omite mucha información, como que el proyecto será en una zona de recarga hídrica y, por lo tanto, aporta al agua subterránea que todavía nutre los pozos que usamos en diferentes partes de la ciudad”, señala Barbara Escobar, una de las diez profesionales del Cofaqui que presentaron un informe técnico el 6 de octubre para evitar que el Socorro sea convertido en un área de concreto.

La constructora obvió datos importantes del agua

El estudio de impacto ambiental que presentó la constructora Cayalá, fue realizado por el arquitecto y consultor Gustavo González Mazariegos. A consideración de la bióloga Escobar, en este tipo de estudios es necesario que se tomen en cuenta voces y dictámenes de expertos en distintas áreas del conocimiento. Además, argumenta que la empresa ignoró el efecto que la construcción tendría en los afluentes de agua que nacen y pasan por la finca.

El río Contreras nace en la finca el Socorro y el riachuelo Santa Rosita también pasa dentro del área donde se prevé la construcción del proyecto. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental no menciona que estarían construyendo sobre un área de recarga hídrica, “este estudio dice que no afectarán ningún cuerpo de agua, cuando en realidad de la finca nace un río y otro pasa al borde de la misma. Ellos omiten la importancia que tiene esta zona para aportar agua en la ciudad y ya sabemos que este recurso es cada vez más escaso en muchas zonas”, explicó Escobar.

Un bosque que resguarda especies silvestres

Las personas que habitan el sector y que accedieron ser entrevistadas cuentan que durante estas semanas, cuando han sido testigos de la tala de árboles, ha sido común presenciar en los residenciales la visita de varias especies de animales silvestres que viven en ese bosque, desde zorros grises, ardillas, aves y reptiles se han acercado a las casas con mayor frecuencia de lo usual, huyendo de la destrucción de su hábitat.

El informe del Cofaqui advierte que la empresa constructora Cayalá no agregó en el estudio de impacto ambiental la presencia de animales bajo categoría de amenaza, incluso, falsificaron información al decir que no hay animales silvestres en el lugar. Pese a ello, y con base en las categorías del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), en esta área donde se pretende realizar la lujosa construcción, hay 22 especies de aves y nueve mamíferos listados como especies amenazadas.

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Han sido visualizados animales como zorros grises en las zonas residenciales del área de influencia.

“El problema que enfrentan los animales de esta zona es el peligro de que sean extintos localmente. Son especies silvestres que están por quedarse sin recursos para seguir viviendo, los animales al salir de los pocos focos verdes que quedan van a salir y van a morir atropelladas o de hambre”, advierte Escobar.

El análisis también señala que un bosque de esta magnitud, en medio de una urbanización como la ciudad de Guatemala, presta servicios ecosistémicos que regulan la contaminación y los efectos del cambio climático en nuestro entorno por medio de una herramienta de fotointerpretación en línea. Los biólogos determinaron que los animales y vegetación que viven en el Socorro se encargan de remover 4 mil kilogramos de contaminantes atmosféricos al año, además, aportan a reducir los gases del efecto invernadero capturando hasta 3 mil toneladas de dióxido de carbono al año, en dinero esto se traduce a servicios evaluados en más de Q5 millones anuales que la ciudad podría dejar de percibir.

Malas experiencias con los estudios de impacto ambiental

Los estudios de impacto ambiental son los instrumentos que deberían detallar los impactos demográficos, ecológicos y biológicos de un proyecto en el área que se pretende modificar o alterar. En opinión del abogado Rafael Maldonado es precisamente la alteración de esos estudios la que ha generado problemas en experiencias anteriores.

Por ejemplo, Maldonado, como representante legal de varias comunidades q’eqchi del municipio de El Estor, Izabal, ha denunciado los efectos que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ha provocado en los recursos naturales de ese lugar, incluyendo el lago, precisamente porque las autoridades han ignorado u obviado las recomendaciones de los estudios de impacto ambiental.

“La ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente es la que manda a que se realicen estos estudios, pero se han convertido en el talón de Aquiles para conservar la naturaleza de país, lamentablemente es en un instrumento de mero trámite y una fuente de corrupción que implica a funcionarios y empresa extractivas, como el caso de la Minera San Rafael”, subrayó Maldonado.

Para el abogado, las empresas no deberían ver los estudios de impacto ambiental como un obstáculo para sus proyectos, sino como una herramienta para minimizar el daño que pueden causar las construcciones en el ambiente. “En el caso del Socorro me parece fundamental que si se aprueba el proyecto se deberá recurrir a un amparo (…) la Municipalidad de Guatemala debería actuar en defensa de la ciudadanía porque ellos tendrán la última palabra si aprueba la licencia de construcción o no, se debe realizar una consulta de vecinos con todos los empadronados en la ciudad, esta es una vía política que debe practicarse”, precisó.

Mientras tanto, el MARN deba examinar en las próximas semanas la documentación del caso para determinar si se aprueba el proyecto o no. Por su parte, los vecinos del sector aseguran que están por plantear una denuncia por la contaminación auditiva que la construcción ocasiona en sus viviendas, además, examinan posibles vías de acción.

Víctor Hugo Zamora, representante legal de Cayalá, respondió a una consulta vía telefónica que la próxima semana enviaran las pruebas para poder responder a los cuestionamientos que el Cofaqui y los vecinos han realizado.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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