Hacer periodismo en Guatemala y en la región Mesoamericana es un trabajo de alto riesgo, especialmente si se realiza en comunidades; si se es indígena o mujer las vulneraciones son mayores.
El caso de la periodista Anastasia Mejía Tiriquiz, quien fue detenida arbitrariamente el 22 de septiembre acusada de delitos que no cometió, ilustra el contexto de adverso en el que se desarrolla el ejercicio periodístico. Después de 31 días, la comunicadora no ha sido escuchada por la jueza que lleva el caso.
Otro de los casos que muestra esta realidad es el del periodista Carlos Choc, quien lleva 22 meses bajo medidas sustitutivas y cuatro años de restricción en su labor de informar.
Desde el mes de agosto de 2017 giraron una orden de detención en su contra, solicitada por la empresa minera CGN-Pronico de Solway Investment Group, por documentar, investigar e informar la contaminación del Lago de Izabal, la actividad de la Gremial de Pescadores y el asesinato del pescador Carlos Maaz durante una manifestación. En 2019 fue ligado a proceso penal y desde entonces tiene que firmar mensualmente en el Ministerio Público (MP) de El Estor, Izabal, un libro de actas para hacer constar que permanece en territorio guatemalteco.
La denuncia de violaciones a los derechos humanos, el daño al medio ambiente, la fiscalización de los gobernantes de turno y la denuncia de la corrupción ha hecho que el ejercicio de la periodista Mejía Tiriquiz y del periodista Carlos Choc se vea restringido constituyendo una violación al derecho de informar y a la libertad de expresión.
