Por Miguel Ángel Sandoval
La violencia agraria es algo real. Los desalojos son cotidianos. La ilegalidad en el campo es permanente. Hay unos 1500 conflictos latentes o que con frecuencia dan que hablar (son datos más o menos oficiales y reconocidos). Y existen los miles de casos que fueron heredados por el INTA. Son temas viejos, aparentemente, pero que no se solucionan. Hay instituciones como Contierra, Fontierras, o la oficina de dialogo de la presidencia, y existe el MAGA que no sirve de mucho, pero el asunto es que los casos no se resuelven. Acaso uno que otro, pero luego se incuban nuevos o los mismos pues las soluciones son temporales, chapuces antes que soluciones de fondo. Es la de nunca terminar.
Pero el cuadro que se señala en el párrafo anterior, sigue como si viviéramos en el siglo XIX. Digo esto pues la ilegalidad en el agro es la norma. Todo porque no existe algo parecido a normas por todos respetadas. Es la ley del más fuerte y sus amigos. Pues si en algo hay que estar de acuerdo, es que la “justicia” agraria no existe en nuestro país. Un ejemplo: la crisis que existe en Cubilguitz Alta Verapaz, no se resuelve con la justicia de los finqueros, menos con la idea de justicia que existe en las filas de la Cámara del Agro o en el Cacif.
Digo esto pues en la visión de justicia de los finqueros, no existe ni de lejos la dimensión campesina, menos los derechos de la población campesina. Es lo mismo con la visión de la Cámara del Agro o el Cacif. Aunque lo más grave es la normalidad con la cual se mira el desastre que existe en el campo guatemalteco. Advierto que ni siquiera se está planteando una reforma agraria, sino lo que se señala como urgencia es que existan leyes por todos respetadas en el campo. En pocas palabras dejar la ley de la selva o la del embudo o la del azadón.
En dos platos. Hace falta en nuestro país una legislación agraria que hoy no existe. Pues el código penal no es algo que sirva para la conflictividad agraria, salvo que se quiera ver solo desde una perspectiva represiva el tema. Mantener a raya a los campesinos, pero sin soluciones.
Es por ello que, a falta de una mejor denominación, desde hace años que se viene planteando entre la membresía de las agrupaciones campesinas o en círculos académicos, la necesidad de impulsar un Código Agrario, que sea acompañado por tribunales agrarios, y por supuesto, por una fiscalía que investigue los delitos agrarios. Es un tema que se encuentra en la legislación internacional. Es además algo resuelto por muchos países, de signo capitalista o socialista.
No es algo alejado de la realidad. Si pensamos un poco, y ello a manera de ejemplo, todo negocio de restaurante, grande o pequeño, debe contar con un permiso de salud, y de otro de comercio, en donde se establezca si se puede o no se puede, vender bebidas alcohólicas. O sea, hay normas. Asimismo, hay un código de tránsito, un código civil, uno más sobre educación. Existe el Código de trabajo. Menos un código sobre los temas agrarios.
Esto es el problema de fondo que se encuentra en el convulso valle del Polochic, pero que igualmente se encuentra en la costa sur en el occidente, en el oriente, en los alrededores de la ciudad capital. En todo el país. Ni hablar de lugares como El Peten en donde, como todo mundo lo sabe, reina la impunidad, sea en el tema agrario, en el asunto de la flora a la fauna, el narcotráfico, el robo de piezas arqueológicas, el trasiego de personas, y todos los delitos imaginables. Pero, sobre todo, no existe una legislación agraria que se respete.
Ahora bien, esto que señalo no se ve modificado con media docena de desalojos, con la captura de presuntos agitadores como el caso del señor Julio Cesar Macías, con el encarcelamiento de personas como Bernardo Caal. En verdad estamos ante la necesidad de dar un cambio de rumbo en el país a la hora de enfrentar los temas agrarios, los ambientales, o los asuntos vinculados a la cuestión minera o hidroeléctrica. Todo ello pues, de hecho, forman parte de un solo paquete que tiene que ver con la población, los territorios y por supuesto los recursos naturales.
Pero también, es indispensable analizar la zaga de titulaciones supletorias, las falsificaciones de títulos de propiedad, hechas al amparo de la impunidad en el registro de la propiedad, el robo de tierras comunitarias, el desalojo de tierras por la guerra, la extensión inaudita de los cultivos como la caña de azúcar o la palma africana, en detrimento de las tierras para el cultivo de alimentos o de los recursos naturales con el desvío de ríos o el simple robo de los mismos.
En lo que se señala, hay dos líderes con ejecutorias que se puede considerar legitimas o no, pero lo central es que la situación no se modifica con el aprisionamiento de un par de personajes, pues si somos serios hay que convenir, que los casos de uno y otro no tienen nada que ver con la solución de la problemática existente en el país o en sus regiones En este caso en la región de Alta Verapaz-Izabal, sur de Peten.
Resumiendo, lo que ocurre en el país hoy, demanda sí o sí, legislar sobre la conflictividad agraria y al efecto, lo principal es un código agrario, los tribunales del ramo y por supuesto una fiscalía que investigue la conflictividad. Y digo esto, pues sé de conflictos que vienen desde la firma de la paz, para situar una fecha, y no encuentran solución porque no hay legislación que sirva para ello. A ello le podemos sumar la inexistencia de voluntad política que debe encontrarse, así como hacer entender a los finqueros que ya estamos en el siglo XXI.
