Por Lourdes Álvarez
Este martes 27 de octubre, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento para recolectar información que permita esclarecer un aparente “mal entendido” entre las autoridades de la Dirección General de Caminos y el ministerio de Comunicaciones, sobre el paradero de Q135 millones de quetzales.
De igual manera, la organización Acción Ciudadana de Transparencia Internacional, presentó una denuncia en el MP, contra una estructura de corrupción que estaría dedicándose a la adjudicación de obras públicas de manera fraudulenta, como pago de favores políticos y financiamiento de campaña política de manera ilícita.
Las acciones se presentaron a partir de las declaraciones que ayer hizo Erick Chojolán, director de caminos, al indicar que le falsificaron su firma para el traslado de Q135 millones de quetzales cuando él se encontraba ausente por complicaciones de salud asociadas a la covid-19.
Chojolán confirmó la falsificación y el desconocimiento del paradero de los Q135 millones de quetzales en una citación con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso de la República, donde las y los diputados también le cuestionaron por qué no presentó la denuncia correspondiente.
No obstante, este martes, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus indicó que también se encontraba presente en esa citación, pero tampoco pudo aclarar el destino de ese dinero y la falsificación de la firma de Chojolán, a pesar de “contar con un detalle de los proyectos” que en ese momento no tenía a la mano.
En una conferencia de prensa, Lemus detalló el listado con los nombres de los puntos geográficos y los montos asignados por reposiciones de carreteras en Escuintla, Quiché, Petén; mejoramiento en Suchitepéquez, Soloma, Quetzaltenango, Agua Sarca, Huehuetenango, Sololá, entre otros lugares donde se habría invertido ese dinero y del que aseguró también cuentan con el respaldo de las transferencias.
Botín de corrupción
De manera recurrente, la adjudicación de proyectos de construcción, ampliación o mejoramiento de carreteras, otorgados a constructoras privadas ha figurado como uno de los focos favoritos para cometer actos de corrupción, compra de voluntades y sobornos a políticos en Guatemala.
En la denuncia presentada por Acción Ciudadana se hizo referencia a varios procesos de asignación en el portal Guatecompras durante la gestión del actual ministro Lemus, el director Chojolán y el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) Mariano Aguilar Alemán, donde “se hizo evidente” que las Juntas de Cotización habrían manipulado procesos.
“Aparentemente manipularon los procesos para beneficiar a proveedores específicos y que estos ofertaran muy cerca del precio definido por la autoridad de Covial, con lo cual podría existir indicio de fraude en los procedimientos”, se enfatizó en la denuncia.
En septiembre, durante la audiencia de declaración del exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, acusado en el caso Construcción y Corrupción, aseguró que sobre las adjudicaciones que se hacen de obras a constructoras y vínculos con políticos y empresarios guatemaltecos, hasta el momento solo se ha logrado conocer “la punta del iceberg”.
