Por David Toro
Diversas organizaciones campesinas presentaron hoy una nueva acción legal que busca que la Corte de Constitucionalidad (CC) deje sin vigencia un reglamento técnico aprobado por el Ministerio de Economía (Mineco) en 2019, que permitiría a diversas empresas transnacionales sembrar y comerciar semillas transgénicas en Guatemala.
La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag), presentó este miércoles 21 de octubre, un recurso de amicus curiae ante la CC contra el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso Agropecuario, que fue aprobado por el Mineco en 2019, durante el Gobierno del expresidente Jimmy Morales, pero que se encuentra bajo un amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó a la Alianza Nacional para la protección de la Biodiversidad (Anaprob) el 18 de septiembre de 2019 y que ha impedido su promulgación hasta el momento.
El reglamento impulsado por el Mineco es respaldado por las cámaras empresariales de Guatemala que en 2019 argumentaron que las semillas modificadas genéticamente “pueden aumentar la productividad del país para expandir el mercado”, lo que permitiría que empresas como Bayer-Monsanto o Novartis por citar dos ejemplos, puedan incentivar la producción y consumo de los transgénicos en Guatemala.
David Paredes, integrante de la Redsag, advirtió que el ingreso de los productos transgénicos a la agricultura nacional podría traer efectos devastadores que repercutirían de manera directa en la seguridad y soberanía alimentaria de la población del país. De manera particular, señaló, la de las poblaciones indígenas y campesinas que resguardan y reproducen una amplia variedad de semillas criollas que no han sido alteradas genéticamente de manera artificial. “Pedimos a la CC que se derogue el reglamento porque los transgénicos serán dañinos para toda la población”, agregó Paredes.
El recurso legal que presentó Redsag este miércoles para que los magistrados lo tomen en cuenta al emitir una resolución definitiva, recopiló la experiencia de México sobre la liberación de las restricciones que impedían el uso de transgénicos en la agricultura, “en el país vecino ya hay documentado un problema serio con contaminación del maíz nativo por la siembra de transgénicos”, resaltó Paredes.
El reglamento que busca dar vía libre a los transgénicos en Guatemala fue elaborado por el Mineco y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), sin la participación de quienes se dedican a la agricultura ni organizaciones campesinas, aseguró Paredes.
“El reglamento es inconstitucional”
A criterio de Luís Puac, integrante del Bufete para Pueblos Indígenas, la intención del Mineco, de regularizar el uso y consumo de transgénicos en Guatemala, contraviene los artículos 66 y 67 de la Constitución Política de la República, que garantizan “que el Estado debe respetar las costumbres, formas de vida de los pueblos mayas y reconocen las tierras comunales y las cooperativas agrícolas indígenas”.
La incursión de las semillas modificadas que son utilizadas principalmente para la producción industrial de alimentos repercutiría de manera directa en el modelo de producción agrícola de las comunidades indígenas y campesinas que incorporan prácticas ancestrales a sus métodos. En esas poblaciones también se concentran los mayores índices de desnutrición infantil, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), donde el 49.8% de la niñez guatemalteca sufre de desnutrición crónica.
Aunque no existe un plazo determinado para que la CC otorgue una resolución final, las organizaciones esperan que sus argumentos sean tomados en cuenta por los magistrados para no permitir que ese reglamento sea aprobado.
