La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lamenta que los últimos actos del gobierno de Guatemala, demuestren que existe una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Guatemala.
Nuevamente el Gobierno de Guatemala aprovechó los movimientos migratorios masivos desde Honduras, producto de la extrema pobreza y falta de salud pública en dicho país, para imponer un Estado de Prevención en la región norte de Guatemala.
En múltiples ocasiones la CIJ ha señalado que el Estado de Guatemala debe ser extremadamente cuidadoso al imponer un Estado de Excepción, ya que se trata de una herramienta, como su nombre lo dice excepcional, a la cual debe recurrir el Estado en última instancia y siempre y cuando reúna las características de estricta necesidad, proporcionalidad y legitimidad. El Estado de Prevención que rige actualmente en el Norte del país, una vez más, no cumple con estas características.
Además, la CIJ ha señalado que la actual Ley de Orden Público es incompatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus estándares internacionales. Por ello, los Acuerdos de Paz establecieron el compromiso de aprobar una nueva Ley de Orden Público que estuviese en concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este compromiso no se ha cumplido después de más de 20 años.
A esto hay que agregar que el Congreso de la República ha incumplido los requerimientos de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que otorga amparo al Ministerio Público y ordena designar magistrados de CSJ y salas de apelaciones de forma transparente. Asímismo, ha incumplido los plazos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
El día de hoy se cumple un año sin que el Congreso de la República elija a quienes deben integrar nuevas cortes, para poder así controlar el Poder Judicial y garantizar que las personas que resulten electas, lleguen a defender los intereses personales de la mayoría de diputados y de esta manera, provocar más impunidad y contar con magistrados sumisos a sus intereses.
Por si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad continúan persiguiendo a periodistas de medios comunitarios. El caso de la detención arbitraria de la periodista maya K´iche´ Anastasia Mejía Tiriquiz, comunicadora y lideresa social detenida desde el 22 de septiembre pasado en Joyabaj y criminalizada por el propio Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo, demuestra que las autoridades del Estado en su conjunto, persiguen y buscan afectar el derecho a la libertad de expresión.
Lamentablemente, la persecución a periodistas y comunicadores sociales mayas ha aumentado considerablemente durante la pandemia COVID19, limitando de esta forma el derecho a la libertad de expresión y violando los derechos de los Pueblos Indígenas y de la población en general.
Y si a esto sumamos los ataques a la Institucionalidad de la Paz, impulsados por el propio Presidente de la República, la CIJ concluye y resalta que todas estas violaciones conforman un Sistema de Impunidad que socava el Estado de Derecho y que producen una ruptura gradual de las instituciones democrática y del Estado de Derecho en Guatemala.
Guatemala, 14 de octubre de 2020
