Por Julián Ventura
El viernes 23 de octubre las autoridades ancestrales Maya K’iche’ y el Consejo de Pueblos K’iche’ (CPK), se reúnieron con magistrados en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para abordar la situación de detención y encarcelamiento de la periodista Anastasía Mejía y Petrona Siy, presidenta de la Asociación de Comerciantes Rurales de Joyabaj, Quiché, que cumplieron 31 días en prisión, sin que se haya realizado una audiencia de primera declaración ante un juez para esclarecer su situación.
En esa reunión, las autoridades anncestrales y el CPK expresaron su preocupación por las múltiples violaciones que se están cometiendo en contra de Mejía Tiquiriz y Siy.
Al respecto, el abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), también comentó que a Mejía y Siy se les han vulnerado derechos humanos fundamentales desde el momento de su detención, de manera particular los que se garantizan en el artículo 5 y 35 de la Constitución Política de la República.
“El artículo 5 establece la libertad de acción y que ninguna persona puede ser detenida o molestada si no comete delito”, indicó Cadena, en referencia a que Siy se encontraban en una manifestación el 24 de agosto en Joyabaj, porque es una lideresa de los comerciantes que protestaban en contra del alcalde local y Mejía daba cobertura a los acontecimientos como parte de su trabajo periodístico.
“Petrona no cometió ningún delito, porque ella como autoridad ancestral, como dirigente comunitaria, tiene todo el derecho y la razón de estar en el momento y en un lugar donde hay una situación en contra de un alcalde que se señala de corrupto. En el caso de Anastasia, como periodista comunitaria, tampoco cometió un delito porque ella lo que estaba haciendo es cumpliendo con su trabajo”, afirmó Cadena.
La periodista Mejía y la lideresa Siy son acusadas de participar en una manifestación de inconformidad contra el alcalde Florencio Carrascoza de Joyabaj, el 24 de agosto.
Luego de la detención de Mejía y Siy, 16 días despúes se programó una audiencia para el 8 de octubre, pero nunca se realizó debido a que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché no pudo establecer comunicación digital con la penitenciaría de Cantel, Quetzaltenango, donde se encuentran recluídas y se reprogramó para el próximo 28 de octubre.
