Las autoridades indígenas del pueblo Ixil de Nebaj, Quiché, enviaron hoy una carta abierta al alcalde municipal, Virgilio Gerónimo Bernal, que culpa a los vecinos que participaron en una manifestación el 23 de septiembre porque habrían contagiado y propagado la covid-19 entre los empleados municipales que resultaron positivos a las pruebas, razón por la cual se mantiene cerrada la municipalidad desde el pasado martes 29 de septiembre.
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El alcalde culpó a los manifestantes y señaló que se encontraban resguardado las instalaciones municipales “por seguridad”.
Miguel De León Ceto, de las autoridades indígenas, mencionó que “en menos de ocho meses se ha generado un alto índice de conflictividad en las comunidades y que se le exige al alcalde que deje de trabajar para la Empresa Generadora de Centroamérica TRECSA, intimidando y coaccionando a las comunidades de Santa Marta para la instalación de 14 torres de energía”.
Ceto añadió que “es una contradicción que mientras se abre el país, cierran la municipalidad. Se de debe atender las demandas de la población. Hace algunas semanas se entregó una petición con 12 mil firmas para la derogación del reglamento municipal de construcción y el alcalde debe responder”, enfatizó.
Entre algunos de los hechos que las autoridades señalan en contra de la población de Nebaj durante estos meses se destacan: la limitación del ejercicio del derecho de la prensa local a la expresión, emisión del pensamiento y la comunicación social porque se indica que la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastes (Comred) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en perjuicio de la población no han dado a conocer lo que ocurre con relación a la emergencia de la enfermedad del coronavirus.
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Por otra parte, también señalaron las denuncias realizadas por el personal de la municipalidad, por agresiones y despidos ilegales, especialmente contra mujeres; la contratación de personas y organización de dependencias sin presupuesto; y las serias dudas sobre la valoración y transparencia del denominado programa de apoyo asistencia alimentaria (granos básicos) para familias del área urbana y rural del municipio.
Finalmente, se argumentó sobre un escándalo público protagonizado en el salón de sesiones de la municipalidad que impedía el ejercicio del derecho de concejales del Concejo Municipal a disentir sobre la incorporación de dos puntos que no estuvieron en agenda de sesión ordinaria del Concejo Municipal.
