El recuento de los ataques podría llegar a 32 asesinatos. Hasta el momento, solo se han logrado documentar 19 casos entre el 2018 y el 2020.
Por: Lourdes Álvarez Nájera
En un período de dos años, 19 personas que formaban parte del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) fueron asesinadas en circunstancias de extrema violencia, que incluyen armas de fuego, armas blancas, secuestro y tortura. Hasta el momento no existe una línea clara de investigación por parte de las autoridades que haga evidente el tipo de estructura criminal que estaría atrás de esos ataques.
Las investigaciones oficiales del Ministerio Público (MP) para esclarecer esos asesinatos se han realizado caso por caso, que si bien, representan un pilar fundamental en el proceso sobre todo para las familias, no evidencia una estrategia para esclarecer el tipo de estructura clandestina que estaría operando de manera ilegal, según Oswaldo Samayoa, analista en temas de seguridad.
Las personas asesinadas cumplían roles de liderazgo comunitario, tareas de organización, formación política, comunicación comunitaria y sus actividades estaban asociadas al acceso a la tierra, defensa del territorio, los recursos naturales y al principal planteamiento político de Codeca: la lucha por el buen vivir de los pueblos a través del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
En esas condiciones, Samayoa considera que si se toman como base esas características se estaría hipotéticamente ante un “patrón que debe contar con una investigación efectiva y estratégica, porque hablamos de grupos o hasta cuerpos ilegales y clandestinos que estarían siendo contratados para realizar los crímenes”.
En repetidas ocasiones, la dirigencia y militancia de Codeca ha reiterado que no existe ninguna intención del Estado guatemalteco en precisar una investigación amplía sobre los ataques y su origen. El más reciente se registró el 11 de agosto de este año, con el asesinato de Misael López Catalán, presidente de un comité local de esa agrupación en Jalapa.
El 19 de agosto, en una conferencia de prensa virtual, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, Thelma Cabrera, excandidata a la presidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) el partido político de Codeca, acompañada de líderes y lideresas regionales, exigió contundencia en las investigaciones, pero también responsabilizó al Estado “como autor intelectual de los hechos”, debido a la negligencia en brindar acceso a un proceso de justicia pronta.
Según Blanca Ajtún Mejía, lideresa de Codeca, ante esa ausencia del Estado de Derecho para la población y para los militantes de Codeca se tolera “la prepotencia de las empresas que asesinan a nuestros hermanos y hermanas para asegurar sus ganancias”.
Según un registro que Codeca ha realizado sobre las agresiones y asesinatos, desde 1992 se han presentado diversos ataques violentos contra sus miembros, donde se incluyen 32 asesinatos, persecución penal y política, amenazas telefónicas, allanamientos y secuestros.
“No hemos podido llevar un seguimiento personalizado para cada asesinato, porque no contamos con dinero para pagar a los abogados”, enfatizó Leira Vay, de la dirección política nacional de Codeca.
Vay, junto a otros dirigentes y las familias de los fallecidos, han logrado sistematizar el listado de los 19 asesinatos entre 2018 y 2020, pero su intención es lograr documentar la totalidad de los casos reportados desde que Codeca surgió como movimiento social.
La burocracia del MP
Hilda Pineda García, es la fiscal de Derechos Humanos del MP que ha dado seguimiento a varios casos de asesinatos contra dirigentes de Codeca, pero también de otras organizaciones sociales como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) desde 2018.
Lograr una entrevista con ella, en el contexto de la actual pandemia de coronavirus no fue tarea fácil. Desde el departamento de comunicación social del MP se informó que era necesario detallar todos los casos sobre los que se requería información, porque se encontraban en diversas fiscalías y además era necesario enviar una lista con las preguntas que se realizarían durante la entrevista.
Una semana después, cuando se solicitó conocer al menos los casos que la fiscalía de derechos humanos llevaba, se indicó que era mejor “programar una videollamada por la plataforma Zoom”, donde la fiscal respondería las preguntas, debido a que se encontraba en trabajo de comisión.
Dos semanas después, desde ese departamento de comunicación nuevamente se informó que “era mejor llamar a la fiscal para coordinar”. Luego de insistentes solicitudes y solo cuando se informó a la fiscal que el tiempo de espera para poder entregar la nota (cuatro semanas) estaba por concluir, contestó vía WhatsApp que actualmente esa fiscalía solo estaba dando seguimiento a un caso asociado a Codeca.
“Es el caso de Luis Arturo Marroquín, coordinador regional de Codeca, que se encuentra en etapa intermedia. Los acusados son Lester James Saquil Ortiz por incumplimiento de deberes y Carlos Romeo Jiménez Estrada por asesinato”, informó la fiscal.
Añadió que existen órdenes de detención vigentes contra José Manuel Méndez Alonzo, exalcade de San Pedro Pinula, Jalapa; y Otto Edilcer Nájera Estrada. Cuando se consultó sobre el tipo de medidas que se han coordinado para avanzar en los procesos sobre los asesinatos añadió: “alerta roja internacional”.
Sobre el acompañamiento que el MP ha brindado a la organización Codeca para coordinación o información que permitan avances en las investigaciones, la fiscal indicó, “sí, hemos atendido integrantes de Codeca quienes han monitoreado de cerca los casos, no sólo desde esta fiscalía, sino además de otras fiscalías del interior de la República, que conocen los otros casos. Incluso, se estableció una mesa de trabajo con todas las fiscalías que conocen los casos y Codeca, por disposición de la Fiscal General a petición de Codeca”, precisó.
El MP presenta ese tipo de mecanismos como acciones contundentes y de buena fe, sobre las investigaciones de los asesinatos, pero esa versión fue desmentida por Vay, quien aseguró que no existe tal mesa de seguimiento a los casos o información clara sobre las acciones de las fiscalías que han dado seguimiento.
“Hemos pedido públicamente que avancen las investigaciones y lo que sabemos es que algunos casos, como el de Juana Raymundo, ellos lo pasaron a la fiscalía de feminicidios, pero nunca nos informaron o nosotros. Tampoco les hemos pedido cambiar de fiscalía los casos”, indicó Vay.
La dirigente de Codeca fue contundente en afirmar que “el MP nunca ha querido recibirnos. Tampoco tenemos mesas de diálogo. No nos han atendido cuando hemos pedido que nos informen de los casos y siempre nos calendarizaron reuniones y después a última hora las suspenden”.
Debido a las investigaciones sobre el caso de Juana Raymundo, el MP trasladó su caso a la fiscalía de femicidios y se logró llevar a juicio a Jacinto Brito Raymundo, para quien se espera una pena de hasta 74 años de cárcel.
La violencia que se normaliza
Ese muro burocrático no es nada nuevo para Codeca, que desde su conformación y a partir de 2012 vio truncados diversos procesos de diálogo que implicaban a instituciones del Estado y el peligroso incremento de represión y violencia contra sus integrantes, incluso con la promoción de discursos de odio en su contra desde funcionarios públicos, como los expresidentes Otto Pérez Molina o Jimmy Morales.
Según el estudio “Represión contra Codeca. La peligrosa vocación de ejercer y defender”, publicado en 2019 por la Codeca, Pérez Molina se expresó en 2014 sobre esa organización campesina de la siguiente forma: “Codeca es un cáncer social que está creciendo en el país y por ello hay que erradicarlo”. En 2018 el expresidente Jimmy Morales se expresó en términos similares: “es una organización de delincuentes que generan caos social”.
Para el abogado Samayoa, los patrones de violencia que evidencian en los ataques contra los integrantes de Codeca demuestran la intención de enviar un mensaje intimidatorio para amedrentar la participación en actividades de defensa de los derechos humanos, sobre el territorio o sobre los recursos naturales.
A través del uso de recursos como la tortura o el secuestro también se busca causar angustia y miedo para cualquiera que intente indagar sobre las causas de los hechos o para que la población en general normalice ese tipo de acciones: “eso les pasó porque en algo andaban metidos”.
Samayoa indicó que esas acciones “buscan desestructurar a las personas, volverlas una cosa, romper su identidad como seres humanos, además de la intimidación se pretende causar graves angustias o sufrimientos a las familias, incluso para quienes tengan que investigar este tipo de crimines también es un mensaje de advertencia que también podrían ser victimas”.
Para las personas pertenecientes a pueblos indígenas o comunidades campesinas existe una doble y hasta tiple vulneración cuando reivindican sus derechos humanos y buscan establecer de forma efectiva su participación política, de parte del Estado, las instituciones y desde el discurso cotidiano se ha podido observar cómo se avala la violencia en su contra.
“Desde el Estado históricamente se les niegan posibilidades y se responde de manera extremadamente violenta cuando se exigen. En la historia también podemos encontrar reacciones represivas de grupos privados en diversos territorios”, añadió Samayoa.
El entrevistado explicó cómo la sociedad ha “normalizado el asesinato de las personas por diversas causas, particularmente de aquellos que luchan por sus derechos y que buscan reivindicarlos, a partir de una condición: que los propios funcionarios locales o nacionales crean estigmatización o censura de estos defensores buscando una forma de justificarlo”.
La estigmatización se acompaña de la criminalización en los discursos de odio, sin presentar posibilidades de solución o atención desde las instituciones del Estado que busquen resolver los problemas que se reclaman desde sus propias estructuras.
Para Samayoa “la ruta no es desestructurando la institucionalidad preventiva, no es con estados de excepción, estados de sitio o criminalizando a las personas. Se deben buscar elementos que ayuden a resolver el origen de los conflictos, empoderando el sistema judicial y generando mayores espacios de institucionalidad que construyan alternativas y resolución de conflictos reales”, puntualizó.
