Por Stef Arreaga
La ministra de salud Amelia Flores fue citada al Congreso por parlamentarios de la bancada de la UNE, quienes evidenciaron anomalías en los que ha incurrido el Ministerio de Salud para beneficiar a una empresa privada por la compra de pruebas de detección de covid-19 a precios mayores a los de otras empresas.
Amelia Flores, ministra de salud, fue citada el 9 de septiembre por la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso, en donde se presentó para responder a los cuestionamientos sobre denuncias de corrupción en la adquisición de pruebas de detección de la covid-19. A esta cita también fue convocado Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia por el covid-19 (Coprecovid) pero no se presentó.
Al inicio de la citación el diputado Carlos Barreda hizo énfasis en las declaraciones vertidas en la conferencia de prensa del martes 8 de septiembre por parte Asturias, donde aseguró que se están haciendo muy pocas pruebas para la detección de coronavirus y que esa es la razón por la que se reportan menos casos. Además, el director de la Coprecovid en la conferencia de prensa informó que la población no está acudiendo a centros de salud y hospitales, por lo que hay una disminución considerable de ocupación de camas hospitalarias, pero por el contrario, las camas de intensivo están al 100 %. “El doctor Asturias debió presentarse hoy a la citación a explicar esta situación”, aseguró el diputado.
“Si no se hacen pruebas, es obvio que los datos que da el Presidente en las cadenas es falso. El peor engaño es el autoengaño”, precisó el diputado Barreda.
Por su parte, la ministra Flores indicó que el Ministerio ha comprado las pruebas suficientes para todas las áreas de salud y se han distribuido correctamente para llegar a la meta con base a la población con la que cuentan, pero que al mismo tiempo la población se ha relajado frente a la pandemia.
Esto contradice a las pocas pruebas en distintos municipios en donde, incluso, no se han realizado ni 25. A nivel nacional asegura se hacen un promedio de 2,300 pruebas diarias entre laboratorios privados y Ministerio de Salud de las cuales solamente un promedio de 700 son pruebas del Estado, según la ministra este número se reduce el fin de semana por la falta de personal de laboratorio en esos días.
Para Flores, la disminución de casos en hospitales responde a que se ha estado educando a la población para que no llegue si está en estado leve o moderado. En el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), las autoridades afirmaron que pasaron de 1,600 pacientes en promedio en el mes de julio, a 490 en el mes de septiembre.
Empresa beneficiada en compra de pruebas de diagnóstico
Según los diputados de esta bancada, la empresa Lamydeb S.A. se ha beneficiado hasta con un 94% de las compras de pruebas de diagnóstico de covid-19 ofreciendo a Q 198 por cada prueba para el Ministerio de Salud y el IGSS, en donde ha recibido Q 65 millones, pese a que al menos ocho empresas más han ofertado el mismo producto, con las mismas características por Q.124. Según Barreda, esta empresa aparece en guías del Ministerio de Salud que según la información que proporcionó fueron manipuladas para cambiar el porcentaje de sensibilidad y especificidad de las pruebas de antígeno que fue puesto en estudios y así poder hacer las compras a esta empresa.
La ministra expresó que las compras se realizaron a esta empresa por la disponibilidad de pruebas que solicitaron a finales de junio de este año, pero que ahora ya sabe que hay más empresas con más capacidad de pruebas.
Barreda también señaló que la adquisición de pruebas a esta empresa no ha pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no han entrado de forma oficial al Estado de Guatemala. El diputado solicitó que la Contraloría Nacional de Cuentas presente una denuncia a la sección de compras del Ministerio de Salud.
El diputado Carlos Barreda indicó que estos estudios, la guía y los insertos de las pruebas se han manipulado para beneficiar a la empresa LABYMED S.A. y que fue un estudio aceptado por la Oficina de Registro y Trámite presupuestal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social firmado por el señor Cesar Agusto Tzoy Sicay. “Échenlos, estos no son errores, no es casual, esto es transa, corrupción y robo. Destituya, haga las denuncias y cambios que debe de hacer” dijo a la Ministra María Amelia Flores.
La empresa Labymed S.A. cuyo representante legal es el señor Iñaki Altuna Rodríguez y Antonio Altuna Penagos, obtuvieron cerca de Q 1 mil millones en adjudicaciones durante 2004 al 2020 en distintos eventos, según el portal de Guatecompras, en donde solamente en lo que va de este año ha recibido un monto de más de Q 208 millones en eventos.
El 16 de abril de este año, el departamento administrativo del Ministerio de Salud adjudicó la compra de 4 mil pruebas de covid-19 a esta empresa por un costo de Q. 2.5 millones, lo que significa que cada prueba salió a Q. 625 según el evento NOG 12386294. En este concurso hubo varias inconformidades por parte de otras empresas concursantes aduciendo que el Ministerio de Salud no es objetivo en las decisiones para las adquisiciones frente a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país.
Hasta el momento se tiene conocimiento que hay varias denuncias presentadas al Ministerio Público sobre eventos dirigidos por el Ministerio de Salud para beneficiar a esta empresa, sin embargo hasta el momento no se conoce ninguna investigación que haya avanzado para determinar la preferencia con esta empresa específicamente.
