La iniciativa antipandillas de Giammattei vuelve a discusión cuando la aprobación del gobierno disminuye

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Por David Toro

A finales de agosto las autoridades del sistema penitenciario trasladaron a varios  líderes del Barrio 18 a diferentes prisiones, en esos días también se registró  un motín en el preventivo de la zona 18, estos dos hechos podrían ser la justificación idónea para que esta semana la alianza oficialista en el Congreso retome la discusión de la iniciativa de ley antipandillas del presidente Giammattei, cuyo contenido sancionaría a quienes “rompan el orden público” y no solamente a las pandillas.

El presidente Alejandro Giammattei quizá no se viste de militar, como su antecesor  Jimmy Morales, pero sus primeros siete meses de gobierno, demuestran que trae las botas de combate puestas, incluso en medio de la pandemia provocada por la COVID-19, ha gobernado con la Ley de Orden Público y estados de excepción.

La gestión del presidente durante la pandemia le ha costado credibilidad y aprobación popular, según un estudio de la empresa Pro Datos publicado en Prensa Libre el 15 de agosto, Giammattei pasó de tener 86% de aprobación en marzo a 46% en julio. 

Desde que vio que los ofrecimientos de “Mano Dura” redituaron a sus antecesores, prometió enviar al Ejército a las calles, reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC) y decidió que las pandillas serían su enemigo público número uno.

Llegó a la presidencia con un plan de Gobierno de 222 páginas y compuesto por cinco ejes, o pilares como el mismo plan dice: Economía, competitividad y prosperidad; Desarrollo social; Gobernabilidad y seguridad en desarrollo; Estado responsable, transparente y efectivo; y el último, Relaciones con el mundo.

Con más de seis meses de Gobierno, el pilar que mayor importancia ha cobrado en sus acciones, incluso en medio de una crisis sanitaria mundial, es el número tres: “Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo”. En este, el presidente ofreció utilizar programas sociales y económicos con su visión de seguridad nacional y aseguró que abandonaría la acostumbrada política de operatividad policial/militar. Pero lo visto durante su primer semestre de gobierno es distinto, al menos a lo ofrecido en el papel.  

Cuando Giammattei fue investido como presidente el 14 de enero prometió “tratar como terroristas a los pandilleros”. De esa fecha para la actualidad, ha ensayado gobernar el país en condiciones de ausencia de legitimidad en algunos sectores y con extensas porciones del territorio tomado por estructuras criminales: legales e ilegales. En esas condiciones y, con una conocida racionalidad punitiva, no encontró nada mejor que la Ley de Orden Público; un recurso del tiempo de las dictaduras militares.

Antes de que la pandemia le obligara a concentrarse en el virus, el presidente ya había comenzado con una especie de cruzada bajo la justificación de ser una estrategia antipandillas, con estados de prevención en siete municipios y con muy magros resultados.

Además, en medio de un malestar generalizado por el desempeño de su gobierno y la baja ejecución de los recursos, que el Congreso aprobó para responder a la pandemia, Guatemala está bajo estado de calamidad pública desde el 5 de marzo a petición del Ejecutivo y con respaldo del Congreso. Asimismo, Giammattei decretó estado de sitio en los municipios del occidente del país de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá en Sololá y en cinco municipios de Alta Verapaz e Izabal.

 

Aunque en el plan de Gobierno del partido Vamos se plantea abandonar el “modelo policial/militar”, los estados de prevención y su iniciativa antipandillas se basan en la ley de orden público. Una norma creada en 1965, durante la dictadura militar del presidente y coronel golpista Enrique Peralta Azurdia y utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado durante la guerra civil en Guatemala.

En su artículo primero, la Ley de Orden Público dice que fue creada para ser aplicada en casos de “invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado”, además dispone de una serie de acciones que le permite al poder ejecutivo instaurar: estados de prevención, de sitio, de calamidad, de guerra, y de alarma.

Desde la segunda mitad de la decada de 1960 para la fecha, las condiciones por las que se promulgo la norma han cambiado considerablemente, por ello, desde hace algunos años varios especialistas en temas de legislación y derecho constitucional han argumentado la necesidad de reformarla, principalmente porque podría ser una norma que vulnera derechos.  

La iniciativa antipandillas de Giammattei

La reforma antipandillas o iniciativa 5692  empezó a ser discutida por el Congreso el 28 de enero de 2020. El presidente la envió el 22 de ese mismo mes, a menos de diez días de haber tomado posesión y con la pretensión de que fuera aprobada de urgencia nacional. Ese día, diputados de bancadas grandes como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Vamos, aprovecharon el momento para lanzar discursos sobre la importancia de aplicar la mano dura contra las pandillas. Al final, con 123 votos acordaron enviarla a las comisiones de seguridad nacional, defensa nacional y gobernación para que fuese analizada.

El 10 de marzo, tres días antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 en Guatemala, la comisión de asuntos de seguridad nacional dio dictamen favorable a la iniciativa 5692, sin embargo le hizo modificaciones que incluyeron eliminar el término “terroristas” para catalogar a las pandillas y acordaron llamarles “grupos criminales de alta peligrosidad”.

Entre las modificaciones realizadas por la comisión presidida por el diputado Óscar Argueta, de la UNE, también incluía Q 200 millones para que el Ministerio de Gobernación cuente con recursos para enfrentar a las pandillas y también una asignación de fondos al Ejecutivo para crear programas de carácter social en zonas donde hay mayor presencia de pandillas.

Contradicciones y peligros de la iniciativa de Giammattei

La propuesta que envió el presidente tiene ocho páginas, cuatro de ellas son únicamente para la exposición de motivos, es decir las justificaciones por las que debería aprobarse la reforma. En  ellas describe a las pandillas como grupos criminales caracterizados por su alta criminalidad, simbología y territorialidad.

Sin brindar algunos detalles sobre el origen de las pandillas ni las razones por las que cientos de jovenes se integran a ellas, la propuesta reduce un fenómeno complejo a considerarlos como “grupos se dedican a infundir temor y terror social por medio de extorsiones, a través de la coacción y amenaza, dando como resultado el asesinato violento de sus víctimas”.

Para la propuesta del mandatario, las pandillas “atentan contra los derechos de sus pares, pasando por las personas con las que cohabitan el territorio con el que se identifican”, agrega que son una amenaza para la propiedad e incluso los cataloga de “amenaza de seguridad nacional”.

La propuesta de ley que pretendía ser aprobada de urgencia por el Ejecutivo, solo tiene dos artículos: el primero, describe una serie de acciones como: transgredir la paz social, atentar contra el orden público, la propiedad privada y pertenecer a grupos criminales, que serían catalogadas de hechos terroristas sin delimitar quienes son las pandillas exactamente; y el segundo artículo, que aseguraba que la ley entraría en vigencia 30 días después de su aprobación.

A criterio del abogado constitucionalista Carlos Bezares, el primer problema de la iniciativa antipandillas es que no define quién es el sujeto que será perseguido. Para Bezares, cualquier persona, que a criterio de las autoridades, quebrante el orden público podría ser señalada de terrorismo. “Si realmente se quiere combatir a las pandillas el primer paso sería romper el vínculo entre los líderes que están presos y los miembros que están en la calle, eso se logra reformando el Sistema Penitenciario (SP)”.

Las pandillas son grupos criminales y sobre ello no existe discusión. Pero en contraste con la definición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), “terroristas” son aquellos que infunden terror en la población con un fin de control político. En el caso de las pandillas en Guatemala en su forma de operar recurren al sicariato y a la extorsión con un fin exclusivamente económico, el propio presidente Giammattei, en su iniciativa define a las pandillas como un grupo con fines económicos, deliberadamente contradice que no cumplen con los requisitos para ser nombrados terroristas.

Las pandillas como un asunto de “seguridad nacional”.

Desde la perspectiva de Francisco Jiménez, experto en seguridad y exministro de gobernación durante el gobierno del presidente Álvaro Colom (2008-2012), “las amenazas a la seguridad nacional son aquellas que atentan contra las instituciones del Estado, las pandillas en realidad son una amenaza a la seguridad ciudadana, no vamos a negar que sea necesario combatir a las pandillas, pero creo que se están utilizando las herramientas equivocadas”.

La ley propuesta por el presidente Giammattei resulta aún más incomprensible tomando en cuenta que desde 2006 existe la “Ley Contra la Delincuencia Organizada”,  la cual ha sido “muy efectiva” para desarticular grupos criminales, explicó el politólogo Carlos Mendoza en su análisis publicado el 3 de febrero en el sitio web del centro de pensamiento Diálogos. Mendoza critica la iniciativa porque a su parecer, “asumen equívocamente que el fin último de las pandillas es provocar desorden público, lo cual implica desconocer la naturaleza y la evolución de dichas organizaciones”.

Entre promesas y propuestas antipandillas

Prometer combatir a las pandillas ha sido la estrategia de muchos políticos para ganar votos. En Guatemala la cantaleta antipandillas inició en 2003. Fue Leonel López Rodas, candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien se hizo popular con la frase “el 14 a las 14, se les acabó la fiesta a los mareros. Sacaremos al Ejército a las calles”, haciendo referencia que en la fecha de toma posesión, si ganaba, emprendería acciones represivas a un fenómeno que empezaba a gestarse y que no había alcanzado los niveles de criminalidad como en la actualidad. López Rodas no estuvo ni cerca de ganar, pero desde esa oportunidad la apuesta por la política de “Mano Dura” sería una fórmula que utilizarían muchos de los candidatos que han intentado competir por la presidencia.  

A quien si le funcionó la ecuación fue al expresidente Otto Pérez Molina, quien permanece en prisión desde 2015 por estar vinculado al caso de defraudación aduanera denominado “la Línea”. “Mano dura, cabeza y corazón” fue el lema central de su campaña con la que logró ganar el voto de 2.300.874 (53,74%) de los 4.464.571 de guatemaltecos y guatemaltecas, especialmente de segmentos urbanos a quien la delincuencia y la inseguridad fue uno de los mayores problemas cotidianos y que le valió ganar la presidencia en  2011.

Otro político que intentó utilizar la misma receta fue Roberto Arzú, excandidato presidencial de los partidos conservadores PAN-Podemos. Durante la campaña de 2019 utilizó a las pandillas como su carrito de campaña, pero la estrategia no le alcanzó para lograr la presidencia.

En cuanto al Congreso se refiere, al menos seis iniciativas en torno al tema de pandillas se han conocido. Previo a la idea de este nuevo Gobierno, en 2003 Nineth Montenegro presentó la primera, en su contenido proponía la reinserción voluntaria de jóvenes pertenecientes a pandillas a través de programas sociales.

Posteriormente, comenzaron a llegar propuestas con una mirada enfocada a la seguridad y el combate en busca de tipificar como delitos las acciones de pandillas o en endurecer las penas para estos grupos organizados. Otto Pérez Molina  como diputado en febrero de 2005, propuso erradicar las pandillas juveniles por medio de la propuesta 3189 ley para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada pero no logró hacer eco.

Luego en  2010, el entonces parlamentario del Partido Patriota (PP), Gudy Rivera, condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por tráfico de influencias y cohecho activo,  propuso tipificar como delitos las actividades de pandillas. También buscaba nombrar bajo este concepto a aquellos grupos que atentaran contra el orden público, suponía aplicar el peso de la ley contra cualquier integrante de las pandillas mayor de 12 años, además el artículo cuatro pretendía que todo aquel integrante mayor de 18 años que hubiera financiado o promovido las acciones del grupo delincuencial enfrentaría de 2 a 5 años de prisión.

En 2018, el exdiputado Fernando Linares Beltranena, propuso reformar la Ley de Orden Público para utilizarla contra las pandillas. Entre sus enmiendas proponía calificar de integrante de pandillas a todo aquel que actúe en nombre de o porte el “estandarte identitario” del grupo referido.

Ese mismo año, el diputado Felipe Alejos, del partido Todos y, una de las figuras más señaladas del llamado “Pacto de Corruptos, hizo una propuesta similar a la del actual presidente, “calificar de terroristas a los pandilleros”, la iniciativa ocurrió en el contexto de la explosión de una granada de fragmentación en una unidad de transporte público en la ciudad de Guatemala en febrero de 2018. En aquella oportunidad, la iniciativa de Alejos no tuvo éxito porque intentó que se aprobara de urgencia nacional y la mayoría de diputados decidieron engavetar la propuesta porque se desconocía el contenido de la misma.

La pandilla del “Barrio 18”, que fue la que estuvo en el centro de la noticia las últimas semanas de agosto, por el traslado de 36 de sus líderes desde la cárcel de máxima seguridad de “el Infiernito”, en Escuintla, a la ciudad capital, tiene a 524 de sus miembros privados de libertad en el sector 11 del preventivo de la zona 18 y otro 324 integrantes de la pandilla están en la cárcel de “el Boquerón”, ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, según datos del Sistema Penitenciario.

Estos grupos que son posicionados en el ojo del huracán cuando las autoridades lo desean, nacieron como grupos de adolescentes con actividades callejeras en las esquinas de sus barrios, posiblemente contrarias a las normas sociales y posteriormente se transformaron para comenzar a realizar actividades ilícitas. La principal de ellas, es la extorsión a pequeños negocios, según explica el investigador de violencia Carlos Mendoza en un artículo publicado en Diálogos en febrero de 2020.

La mano dura no reduce la desigualdad social

La propuesta de mano dura que busca aprobar el Gobierno ignora los problemas de fondo. Nombrar terroristas a los pandilleros y desarrollar una serie de acciones acorde a esta racionalidad no responde a las condiciones sociales que llevan a los jóvenes a involucrarse en las pandillas.

En Guatemala el 53 % de la población tiene entre 1 a 24 años, según el “XII Censo Nacional de Población y Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado en 2018. Aunque los jóvenes representan la mayoría poblacional, hasta el 2011 el 56 % de adolescentes vivía en condiciones de pobreza y el 14.5 % en pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI, 2019).

Guatemala está ubicado en el puesto 126 de 189 países en el índice sobre niveles de pobreza y hambre en el más reciente informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado en diciembre de 2019. El país está en el rango de naciones que no ha acortado la brecha de desigualdad y que van en retroceso en contraste a otros países de la región como Costa Rica que han disminuido paulatinamente la desigualdad.

El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, las principales pandillas de Centroamérica, surgieron en Los Ángeles, California, en la década de 1980. Desde entonces, y por las condiciones sociales y políticas del país han proliferado en colonias, asentamientos humanos y sectores donde  “el sistema capitalista expresa sus mayores contradicciones al persistir con políticas de la muerte”, según explica la investigadora Erandy Reséndiz en su libro “Violento luego existo: pandillas y maras en Guatemala”.

La mano dura fracasada que no resuelve el problema

Las políticas de mano dura han sido aplicadas desde mediados del siglo XX en países occidentales en contextos de guerra y replicadas en América Latina con resultados que deberían servir como una advertencia para no seguir haciendo uso de ellas.

La “Mano dura” no ha dado resultados en ninguno de los países centroamericanos donde tienen presencia las pandillas, pese a ello, políticos, empresarios y una parte importante de la población las aclama en redes sociales y aplaude cuando se aplica castigo a alguno de sus miembros. “Este camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y actos delictivos de jóvenes que la sociedad ha excluido, solo un enfoque integral que ubique la inseguridad en el contexto social de América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema, dijo el sociólogo Bernando Kliksberg en su columna “La Falacia de la Mano Dura”, publicada en la revista Nueva Sociedad en 2008.

Por su parte, en un análisis publicado en 2013, la analista Marguerite Cawley, del portal estadounidense Insight Crime, ilustra un ejemplo del fracaso de la mano dura en El Salvador. Un aumento significativo en la tasa de homicidios y repunte de migración irregular hacia Estados Unidos fueron los resultados que el manodurismo implementado en 2003 en el vecino país dejaron, según la experta.

“También se implementaron políticas de mano dura en Honduras y Guatemala, la captura de pandilleros en el marco de estas medidas, dio lugar a graves problemas de hacinamiento en las cárceles, facilitándole a los pandilleros el uso de las cárceles como un centro de operaciones”, afirmó Cawley.

Ante esa evidencia, el presidente Alejandro Giammattei ha mostrado dos rostros y dos discursos en muy poco tiempo: con uno sonríe y pide la unión de todos los sectores de Guatemala para trabajar en conjunto; y con el otro, hace gala de una retórica inflamada con la que apela a viejas ideas que impusieron el terror en el país y amenaza a quien considera como su enemigo, que bien sabe, no son las pandillas, sino en el fondo de su propuesta subyace la intención de perseguir, controlar, castigar y encarcelar a quienes se oponen a la idea de desarrollo que defiende.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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