Por Stef Arreaga
Eugenia Gregoria Nolasco Alvarado, de 38 años, era originaria de Cantel, Quetzaltenango y madre de dos niños de 13 y 7 años. Trabajaba en una tortillería junto a su papá quien falleció el 15 de septiembre por complicaciones asociadas a la covid-19, cuatro días después, Gregoria fue brutalmente asesinada.
Carlos Nolasco, hermano de Gregoria, narró que la noche del sábado 19 de septiembre, un joven que guardaba su motocicleta en un parqueo privado de la zona 1 de Cantel, Quetzaltenango, descubrió a Bartolomé Bautista Mul mientras abusaba sexualmente de Gregoria. El testigo avisó a la policía quienes sorprendieron a Bautista mientras agredía a la víctima. Debido a los golpes que Gregoria recibió murió en ese lugar.
Gregoria era conocida y apreciada por mucha gente, según relató su hermano, ella conocía a Bautista pero nunca se detuvo a hablar con él y tampoco entablaron alguna relación de amistad o sentimental. Bautista Mul, de 58 años, era conocido porque se dedicaba a los préstamos económicos.
Luego del ataque y asesinato de Gregoria, los rumores sobre otros casos de violación por parte de su agresor también se incrementaron en la comunidad, que lo vincularían con otras víctimas, que al parecer han preferido callar por miedo, estigmas o estereotipos creados alrededor de las mujeres que han vivido violencia sexual.
El hermano de Gregoria y familia solicitaron que se haga justicia por el brutal asesinato y agresión sexual cometido presuntamente por Bautista Maul.
La noticia a la familia
A las 10 de noche del sábado 12 de septiembre, una de las hermanas de Gregoria recibió la visita de la policía, quienes le informaron de lo ocurrido, mientras el Ministerio Público (MP) procesaba la escena del crimen en el parqueo. Para ese momento, varias personas de la comunidad ya se habían enterado de la noticia y algunos familiares ya se encontraban en el lugar. La hermana de Gregoria solamente llegó a reconocerla.
Gregoria era madre de dos niños de 13 y 7 años. Según Carlos, tío de los menores, la familia que ha sido muy unida, se hará cargo de los dos niños, quienes ya se encuentran en casa de una de las hermanas que mencionó estar dispuesta a darles lo necesario para sacarlos adelante.
Femicidios en un Estado que no garantiza la protección a las mujeres
Según Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), los femicidios son un reflejo del vacío del Estado sobre la prevención de violencia en contra de las mujeres. Además, un síntoma de la debilidad institucional para implementar procesos de justicia efectiva y pronta, como resultado de procesos más amplios y sistemáticos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Según el Observatorio de la Mujer del MP, el 2019 cerró con 702 casos de femicidios y muertes violentas hacia mujeres. Hasta el 7 de agosto de este año se han registrado 240 femicidios, sin contar las muertes violentas, lo que a criterio de Gómez, evidencia que no hay un esfuerzo para reducir estos niveles de violencia en contra de las mujeres en el país.
Según la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Guatemala, se puede tipificar bajo esa legislación aquellos ataques en los que la víctima haya tenido algún tipo de relación con el agresor, pero cuando eso no se puede comprobar no es considerado un femicidio.
En ese sentido, la defensora Gómez afirmó que existe un dato considerable de subregistros de femicidios. Los análisis del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) sugieren que se han registrado muchas muertes violentas de mujeres que se podrían tipificar como femicidios pero la falta de investigación y análisis de casos por parte del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no es suficiente y finalmente se registran como muertes violentas. Lo anterior, sin mencionar que existen otros casos de femicidios que no se reportan y que no son investigados por las autoridades.
El delito de femicidio aplica la reducción de la pena
Hasta hace dos años, la Ley contra el Femicidio, en su artículo 6, ordenaba que las penas por este delito se cumplieran en su totalidad, es decir, si un hombre era condenado a 25 años por femicidio, debía cumplir los 25 años en prisión. Pero, el 27 de junio de 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la frase “y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”, al aceptar una acción legal que interpusieron Manuel Alberto Chinchilla Solis y Ethel Katherine Girón Reyes.
Según Chinchilla Solis y Girón Reyes, la idea viola dos artículos de la Constitución de Guatemala, debido a que no expresa igualdad entre hombres y mujeres y niega la posibilidad de que los condenados puedan readaptarse socialmente. Desde esa decisión de la máxima corte, los femicidas pueden optar a la reducción de pena, aunque esto incumpla acuerdos de tratados internacionales a los que Guatemala se suscribió.
En Guatemala existen distintas penas para castigar la violencia contra las mujeres, aunque la sentencia mayor son 50 años de prisión por asesinato.
Según la antropóloga Rita Segato, existe una respuesta machista de los Gobiernos y de una buena parte de la sociedad al justificar los femicidios por las acciones “fuera del orden” que las mujeres podrían propiciar. La experta argentina refiere que es más fácil culpar a las propias víctimas y decir que son asesinadas por pertenecer a una estructura criminal o por ser prostitutas, antes que reconocer que el Gobierno no aplica leyes y planes de protección integral hacia la mujer.
Para la defensora Dorotea Gómez existen casos de femicidios que luego de 3 o 4 años siguen sin llegar a la etapa intermedia del proceso y otros casos, luego de 5 o 6 años, aún no consiguen sentencia, lo que evidencia un grave retraso en el acceso a la justicia pronta y cumplida como lo mandata la Constitución.
No te calles, ¡Denuncia!
Frente al panorama desalentador por la falta acceso a la justicia, diversas organizaciones de mujeres que han acompañado casos de violencia sexual, femicidios y otras formas de violencia en contra de mujeres, hacen un llamado a la denuncia.
En el caso de Gregoria, su familia espera que más mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual por parte de Bartolomé Bautista Mul puedan denunciarlo ante las autoridades para que puedan buscar la justicia.
Además, la familia de Gregoria espera que en las próximas horas el Inacif pueda brindar un informe detallado sobre la causa de muerte y posteriormente solicitarán querellarse en el caso penal para buscar justicia por ese brutal crimen.
