Por David Toro
El general Benedicto Lucas García y el coronel Raúl Dehesa Oliva, sindicados de delitos de lesa humanidad en el caso Creompaz, fallaron en su intento de salir de prisión preventiva ya que sus abogados defensores no se presentaron a la audiencia. El proceso penal se encuentra en un laberinto de recursos que mantiene congelado el inicio del juicio.
Este 1 de septiembre la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de mayor riesgo “A”, esperaba escuchar los argumentos de los abogados defensores de Benedicto Lucas de 89 años, jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de su hermano Romeo Lucas y del exjefe de la zona militar 21, el coronel Raúl Dehesa Oliva, de 78 años. Ambos buscaban ser beneficiados con arresto domiciliar, aduciendo correr riesgo de contagio de COVID-19 en el Centro Médico Militar donde están recluidos.
Pero la audiencia tuvo que ser suspendida, porque los abogados Jorge Lucas Serna y Andrés Travanino no se presentaron, ellos son los únicos representantes de los militares en este proceso, pero en su lugar llegó Karen Fisher, polémica abogada que ya ha figurado en defensa de Lucas en otras ocasiones y que en el 2015 intentó detener el antejuicio contra el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Fisher se identificó como mandataria judicial de los militares y pretendía defenderlos sin ser parte del proceso, sin embargo la jueza Dominguez dio con lugar al recurso planteado por la fiscalía de derechos humanos y del abogado querellante Santiago Choc de la Asociación de Familiares de detenidos, desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), quienes argumentaron que realizar la audiencia sin la presencia de los abogados defensores sería violentar el derecho de defensa y entorpecer el proceso penal.
La jueza Dominguez les dio 48 horas a los abogados de los militares para que se manifiesten sobre lo sucedido y se podría reprogramar una nueva audiencia para escuchar las peticiones.
“Los acusados tienen derecho a la defensa, sin embargo ellos están en un hospital donde son bien atendidos y los últimos informes indican que están en un área limpia donde el riesgo de contagio no es grave (…) pero será importante escuchar el argumento de sus abogados”, manifestó el abogado Francisco Vivar, abogado querellante del caso conocido como Creompaz.
El 18 de mayo la jueza Domínguez rechazó la solicitud de revisión de las medidas de coerción a los militares Byron Humberto Barrientos Díaz y Carlos Augusto Garavito Morán, acusados por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en el caso de Creompaz.
Un caso congelado
Los militares que hoy buscan salir de prisión preventiva son parte de los 10 oficiales del Ejército acusados de ser responsables de la desaparición forzada de 565 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz) en la finca Chigoyoguito, a 5 kilómetros de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.
El hallazgo en este centro militar que fue usado como cementerio clandestino entre 1982 a 1988, se dio hasta en 2016 cuando la jueza Jazmín Barrios, quien tenía a su cargo el caso en aquel momento, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar si los relatos de personas que aseguraban que habían cadáveres enterrados era cierto y con el acompañamiento de la Fundación Antropológica Forense de Guatemala (FAFG) se realizó el hallazgo de lo más de 500 cuerpos distribuidos en 84 fosas, muchos fueron identificados como pobladores de las comunidades indígenas de Pambach y Río Negro.
La abogada Jovita Tzul, quien representa a familiares de las víctimas de este caso, explicó que el proceso está detenido desde hace dos años, debido a dos amparos que no han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se trata de un amparo que interpuso la Coordinadora Nacional de Viudas (CODEVI) contra la decisión de la jueza Domínguez de no permitirles participar como querellantes y uno presentado por el Ministerio Público (MP) por la decisión de la juzgadora de declarar falta de mérito contra uno de los 10 sindicados.
Hasta que esto no sea resuelto no se podrán retomar las audiencias con los ocho militares enviados a juicio donde figuran Benedicto Lucas y Raúl Oliva. Además desde 2017 se encuentra prófugo por el mismo caso Edgar Ovalle, el general, exdiputado y fundador del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN); mismo que llevó al poder al expresidente Jimmy Morales en 2016.
