Por: Stef Arreaga
La alcaldía de Santa Catarina Pinula cerró una vientena negocios del mercado municipal, luego de un atraso de tres meses en el pago de la renta de los inquilinos que atraviesan problemas económicos por la pandemia de coronavirus. Los vendedores informaron que pagaron lo que debían pero la municipalidad no quiere resolver el problema.
Con la llegada de la pandemia de coronavirus a Guatemala millones de personas fueron obligadas a permanecer en confinamiento durante varios meses como un mecanismo para evitar los contagios. Pero esa medida afectó de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, que junto a las y los vendedores del sector informal, experimentaron el impacto en su dinámica económica, especialmente por la naturaleza de los negocios de subsistencia.
Los inquilinos del mercado del municipio Santa Catarina Pinula, que forman parte del 70 % del sector comercial informal del país y que genera el 22 % del Producto Interno Bruto (PIB) tampoco escaparon a los problemas económicos provocados por la pandemia provocandoles retraso en el pago de alquiler de los locales que le arrendan a la municipalidad.
Algunos de los comerciantes sostienen que Sebastián Siero Asturias, alcalde de ese municipio, les aseguró a los 124 inquilinos del mercado que les aplicaría un descuento de 50 % durante los primeros tres meses, desde que inició la pandemia. Pero luego de ese tiempo y al notar que la escalada de contagios por el virus de covid-19 aumentaba y las restricciones sobre los comercios continuaban, los inquilinos solicitaron un nuevo descuento a través de un memorial.
En ese documento los vendedores pidieron a Siero Asturias un descuento de 50 % por tres meses pero ya no recibieron respuesta. Ante el silencio de las autoridades, los vendedores intentaron por segunda ocasión que se aprobara su solicitud y enviaron otro memorial al que tampoco le dieron respuesta. Para ese momento ya se les había acumulado tres meses de deuda, pero los vendedores decidieron seguir esperando la respuesta oficial porque muchos llevan más de 20 años de alquilar en ese lugar.
El engaño de la desinfección del mercado
El martes 8 de septiembre, la municipalidad solicitó que los comerciantes cerraran temprano para fumigar y desinfectar el mercado, pero lo que encontraron al llegar a sus locales el 9 de septiembre fueron sellos municipales que impedían abrir más de una veintena de negocios.
Desconcertados por esa acción, lo primero que hicieron los inquilinos fue pagar las rentas pendientes, que oscilan entre los Q200 y Q800 por cada local. Posteriormente fueron al juzgado Municipal donde les indicaron que el contrato había sido cancelado.
“Ya no tienen derecho de estar ahí nos dijeron. Tienen cinco días para sacar sus cosas y si no salen por las buenas, llegará el personal municipal a sacarlas. En 20 años no tuvimos problemas con otros administradores municipales. Nunca estuvimos en juzgados municipales, pero la pandemia nos sobrepasó”, relató uno de los miembros del Comité de Vendedores del Mercado, que también resultó afectado.
Según los comerciantes, en la notificación oficial se leí que habían sido desalojados por “falta de pago”, pero esa situación, según el reglamento, solo implica una sanción de cinco días por la falta cometida. Pero las acciones tomadas fueron distintas.
Los comerciantes de los locales han expresado preocupación por sus productos, la mayoría vende alimentos perecederos, el olor de las frutas y verduras en descomposición es notable y mucho más en pescaderías y carnicerías, pues ya no tuvieron la oportunidad de sacar aquello que podía dañarse.
Se intentó en reiteradas ocasiones conocer la versión de la municipalidad de Santa Catarina Pinula sobre este caso, a través de la unidad de comunicación social y otras áreas de la municipalidad, pero antes del cierre de esta nota no se logró una respuesta de la encargada de mercados Wendy Lara, y solo se informó que se encontraba en una reunión al igual que el encargado de comunicación social.
Durante la crisis provocada por la pandemia el Estado de Guatemala no ha logrado garantizar la atención necesaria para los sectores económicos más vulnerables y sus familias, que quedaron a merced del hambre, la enfermedad, la falta de empleo, las deudas y abandono de sus viviendas o negocios por no poder pagar el alquiler.
