Caso Berta Cáceres: autor intermedio es enviado a juicio mientras los autores intelectuales siguen sin enfrentar la justicia

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Créditos: ROBERTO CASTILLO

Por Stef Arreaga

El proceso penal por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres no llega a su fin, después de cuatro años los autores intelectuales siguen sin enfrentarse a la justicia, siete autores materiales han sido condenados y ahora se lleva a cabo el proceso en contra de un autor intermedio que podría revelar su relación directa con la familia Atala Zablah, presuntos autores intelectuales de este asesinato.

Roberto David Castillo Mejía es uno de los llamados autores intermedios en el caso que se sigue por el asesinato de la lideresa hondureña. Para comprender el proceso penal que se lleva actualmente en su contra hablamos con Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh). 

Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, nos cuenta que Castillo Mejía fue capturado el 2 de marzo de 2018 mientras intentaba salir de Honduras.  En abril de 2019 se debía realizar una audiencia de etapa intermedia en donde se decidiría si era enviado o no a juicio por el delito de homicidio, pero en ese momento la defensa presentó un recurso de apelación y se detuvo todo el proceso.  

En septiembre de ese mismo año se iba a retomar esa misma audiencia pero no se llevó a cabo nuevamente porque la misma defensa se excusó de presentarse al juzgado y un mes más tarde sus abogados presentaron nuevamente un nuevo recurso de apelación que retrasó una vez más el proceso. Sin embargo, el 27 de agosto finalmente el juzgado resolvió el auto de apertura a juicio en contra de Roberto David Castillo, este proceso según los abogados de la familia Cáceres debió resolverse en pocos meses pero dilató más de dos años.

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Este 7 de septiembre se debía llevar a cabo una nueva audiencia para la revisión de medidas de Castillo Mejía, porque que según la ley de ese país, las medidas tienen una vigencia, y en este caso vencían en septiembre del año pasado. Pero la Constitución hondureña también dice que si hay dilación en el proceso por parte de la defensa, este tiempo no es contado como tiempo de prisión preventiva. Al final no se llevó a cabo esta audiencia porque la defensa presentó una recusación en contra del tribunal, ya que según ellos, este tribunal estaba parcializado y que tiene una opinión sesgada, porque fueron ellos quienes dictaron sentencia contra siete autores materiales el 2 de diciembre del 2019.  

Foto: Redes

Autores intelectuales siguen sin ser alcanzados por la justicia

Berta Zúñiga Cáceres agregó que aunque los medios hablan de Castillo Mejía como autor intelectual, pero a criterio del equipo legal de la causa Berta Cáceres, él es un autor intermedio porque él recibía órdenes de la familia Atala Zablah: Daniela Atala, Jacobo Atala, Pedro Atala y Josué Eduardo Atala.   

Sobre la presunta responsabilidad de algunos miembros de la familia Atala Zablah, Caceres Zúñiga relata que en mayo de 2020 se presentó ante el Ministerio Público (MP) una nueva solicitud de requerimiento fiscal para investigarlos.  Hasta el momento el MP no ha hecho este requerimiento.    

Berta Zúñiga concluye diciendo: “la defensa de David Castillo no quiere que se lleve a cabo el juicio porque revelaría la relación de él con la familia Atala Zablah, por esa razón este proceso ha sido largo y cansado”. 

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Berta Cáceres, fue una líder indígena lenca, originaria de La Esperanza, Intibucá, Honduras, una mujer, madre, amiga, compañera y defensora de la tierra y de la vida, animó las luchas en defensa de los derechos de los pueblos originarios en contra de megaproyectos. Cuando fue el golpe de Estado en contra del expresidente Manuel Zelaya, fue una de las principales lideresas en contra de esta acción porque eso traía consigo una carta abierta para el extractivismo a los territorios indígenas a través de empresas explotadoras de los recursos naturales de este país centroamericano. Berta denunció y evidenció los daños causados por parte del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).  Las luchas de Berta Cáceres se cobraron con su propia vida el 2 de marzo del 2016. 

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¿Quién es Roberto David Castillo?

Es presidente del Consejo de Administración y también representante legal de Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) desde noviembre del 2011.  Un mes más tarde DESA le otorgó el poder general de administración. Castillo también es presidente de Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá que también es accionista de DESA.

David Castillo tuvo el cargo de Teniente Segundo en Inteligencia militar antes de retirarse del ejército de Honduras.  En el 2007, el ejército de ese país intervino en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE).  Oficiales militares, incluyendo a Castillo, tomaron puestos claves de gestión dentro de esa empresa que en ese entonces pertenecía al Estado.

Según el informe de Copinh, Castillo comenzó a trabajar en la ENEE en enero del 2008 y un año más tarde en una auditoría de gobierno descubrió que había recibido de forma ilegal salarios dobles, es decir del ejército y también de la ENEE, en esta auditoría también se descubrió una empresa de comunicaciones digitales (DIGICOM) de su propiedad, quien bajo esta empresa vendió suministros de oficina y accesorios de computadora a las Fuerzas Armadas de Honduras con precios elevados de forma ilegal.

Castillo y sus empresas también están implicados en negociaciones de proyectos hidroeléctricos con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, filial de Odebrecht SA.  En ese sentido, Castillo fue identificado en octubre del 2007 como una de las tres personas de la comisión de la ENEE que estaba negociando contratos con esa constructora para autorizar la construcción y operación de las hidroeléctricas por un periodo de 20 años, incluyendo un proyecto que intentaba construir dicho proyecto con la oposición de Berta Cáceres y COPINH.  

El 5 de marzo de 2018 los medios hondureños informaron que otra compañía en la que Castillo era accionista llamada Prodersa, era una de las ocho empresas confiscadas por los fiscales por tener vínculos con la red de narcotraficantes de “los Cachiros”.


Autoría y edición

Investigadora, periodista y diseñadora gráfica.

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