Por David Toro
Autoridades Ancestrales de Quetzaltenango encabezan una lucha legal contra una inscripción anómala que les arrebató la propiedad del territorio donde fue construida la ciudad, mientras, el alcalde Juan Fernando López y los medios tradicionales buscan desacreditar la legitimidad de los representantes del pueblo K’iche.
“Buscamos proteger el territorio que le pertenece al pueblo”
En octubre de 2018, seis autoridades ancestrales de las comunidades de Xecaracoj, Llanos del Pinal, Chicavioc y Xepache, decidieron accionar un amparo constitucional para recuperar la finca “1 265”, que tiene una extensión de 110 kilómetros cuadrados y que abarca todo el valle en el que se asienta la ciudad de Quetzaltenango.
Las autoridades K´iches reclaman que la tierra fue comprada y recuperada por sus antepasados a la corona española, alrededor de 1600. En 1899, los representantes del “Común de Quetzaltenango” inscribieron ante el registro de la propiedad la misma finca a favor de todo el pueblo K’iche durante el gobierno de Justo Rufino Barrios.
El territorio comenzó a ser desmembrado en 1949. José Luis Ramírez, miembro del Consejo Cargador Maya k’iche de Quetzaltenango, indicó que desde aquella fecha el Registro de la Propiedad realizó movimientos anómalos a favor de la Municipalidad de ese municipio, “eso nos llevó a la realidad actual donde la municipalidad y el Estado han dispuesto del territorio sin previa consulta al pueblo K’iche, imponiendo megaproyectos y las comunidades indígenas viven a las orillas de la ciudad, muchas sin servicios básicos”.
Ramírez también explicó que la lucha de las autoridades ancestrales no busca quedarse con el terreno en el que actualmente se asienta la ciudad, sino que persigue proteger el territorio y exigir que como dueños del territorio deben ser tomados en cuenta para la toma de decisiones del uso que se le da.
Buscan deslegitimar a quienes luchan por el territorio
En una reunión del consejo municipal, celebrada el 30 de julio, el alcalde Luis Fernando López arremetió contra la acción legal de las autoridades comunitarias, y además el jefe edil pidió apoyo a la Coordinadora de Consejos y Alcaldes Comunitarios (Coalco), una entidad que aglutina a los alcaldes comunitarios de Xela, desde el 2000.
Según José Luís Ramírez, autoridad ancestral, Coalco ha dividido a los líderes locales, “las autoridades ancestrales no somos reconocidos por ellos y no tenemos voz ni voto ante la municipalidad, además desde el gobierno municipal de Jorge “Mito” Barrientos quienes participan en esta coordinadora reciben un estipendio de Q 500.00 mensuales”.
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y el Coalco, “son autoridades paralelas que crearon para restar autonomía a las autoridades ancestrales y además las usan para generar división entre el mismo pueblo, es una estrategia colonial (…) los Cocodes han sido usados para legitimar la entrada de empresas transnacionales a los territorios”, aseguró una fuente académica que por seguridad prefirió no ser citada.
El pasado 6 de agosto, las autoridades ancestrales en respuesta a la desacreditación que el alcalde López hizo públicamente, organizaron una conferencia de prensa para fijar su postura sobre la recuperación de la tierra y explicar que no se trata de un pequeño grupo en busca de agenciarse de la ciudad, sino de reivindicar el derecho del pueblo K’iche.
Sin embargo, la conferencia tomó otra dirección, los medios locales dedicaron sus preguntas a cuestionar la representatividad de las autoridades tal y como lo había hecho el alcalde la semana pasada, repitiendo el discurso de: “¿quien los eligió?”.
“La prensa siempre ha sido racista en Quetzaltenango y no entienden las formas de organización de los pueblos originarios que además son un derecho internacional, la autogestión para tener representatividad como indígenas”, explicó Ramírez, quien agregó que las autoridades que están en la lucha por la tierra buscarán medidas de seguridad ante los reiterados ataques desde que el tema saltó a la esfera pública.
Por su parte, Héctor Colop, director del Observatorio para Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), opinó que las actitudes de algunos reporteros ante las autoridades indígenas buscan hacer prevalecer la línea editorial de los medios que muchas veces está condicionada a la pauta comercial de empresas y municipalidades con intereses contrarios a la de las comunidades.
La situación legal de las tierras de Quetzaltenango está en manos de la decisión que tome el Juzgado 4º de Apelaciones de ese municipio, según el abogado Juan Carlos Peláez, de la oenegé Servicios Jurídicos y Sociales (Serjus), aún no hay resolución y el proceso se atrasó porque recientemente se incorporó como tercero interesado alguien más al proceso y aún se desconoce su identidad.
“La intención final del amparo no es quedarse con las tierras como propietarios, como el alcalde López lo ha intentado hacer ver, es una reivindicación, aunque si se busca poder ser parte de decisiones que afectan al pueblo K’iche como la imposición de proyectos mineros”, resaltó el abogado Peláez.
Mientras la decisión llega, algunas comunidades K’iches, que tienen derecho histórico sobre este territorio, viven a las orillas y privados de servicios básicos, ganar esta lucha podría significar también encontrar respuestas a las condiciones precarias de desigualdad bajo las que viven hasta ahora.
